La Agencia Tributaria ha denunciado el presunto pago de comisiones para agilizar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Según el informe de la Agencia Tributaria la eléctricas pagaron al menos 110 millones de euros para que los trámites de concesión y autorización fueran más rápidos y ágiles.
El diario El País ha tenido acceso a dicho informe en el que se cita a autoridades públicas de Castilla y León, empresas eléctricas, intermediarios promotores de los parques eólicos y sociedades propiedad de los empresarios locales., entre los agentes que están involucrados en el pago y recepción de comisiones. Según palabras textuales del informe, el entramado se puede resumir en "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo"
Las eléctricas pagaban a empresarios locales o altos cargos vía transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques, sin que a cambio se produjera una contrapestración. Entre los beneficiarios hay antiguos cargos de la Consejería de Economía de Castilla y León, encargada de autorizar los parques.
En el informe se documentan multitud de pagos que tienen como resultado la inmediata concesión administrativa para poner en marcha los parques eólicos. Según relata El País, los pagos desbloqueaban decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis años.
La Junta se defiende
El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva (nombrado en el informe), ha defendido hoy que, tras realizar un "primer examen", la tramitación de las autorizaciones para instalaciones de energía eólica puestas en cuestión por la Agencia Tributaria (AEAT) "ha sido correcta y ajustada a la legalidad".
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que van a remitir de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes sobre las autorizaciones de los parques eólicos en la Comunidad, y que el consejero va a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre este asunto.
El consejero ha explicado que su departamento ha hecho un primer análisis sobre la concesión de autorizaciones en los periodos y a las empresas aludidas en la información periodística, aunque no ha descartado la posibilidad de extenderlo a todos los procedimientos aprobados por la Junta de Castilla y León para abundar en la "transparencia y colaboración" que ha ofrecido a los tribunales de justicia.
Villanueva ha distinguido el procedimiento de autorización de la instalación, en el que sí interviene la Administración autonómica, de las operaciones que, según la Agencia Tributaria, llegaron después entre las empresas, lo que ha considerado "relaciones entre particulares".
