La Audiencia Nacional acaba de tumbar la mayor multa que la Comisión Nacional de Competencia le ha impuesto a las eléctricas.
El organismo regulador decidió el 13 de mayo de 2011 sancionar a las cinco mayores empresas del sector con 60 millones de euros por fijar los precios de la luz a los grandes consumidores de electricidad y poner trabas al cambio de suministrador.
La decisión del tribunal se ampara en una sentencia de diciembre del Tribunal Supremo en la que le daba la razón a la patronal eléctrica, Unesa, anulando la inspección realizada en sus oficinas entre los días 5 y 6 de noviembre de 2009 por parte de la Dirección de Investigación.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional, a la que tuvo acceso elEconomista, la prueba obtenida -varios correos electrónicos- no puede ser analizada ya en este recurso contencioso administrativo tras la decisión de anulación del Supremo. Por lo tanto, la Audiencia Nacional acepta la reclamación de las eléctricas "sin necesidad de entrar en el examen de los demás motivos, toda vez que el expediente incoado contra la recurrente y las demás empresas imputadas se fundamenta en los acuerdos alcanzados en el ámbito de Unesa". Esta situación, en opinión de la Audiencia Nacional, "deviene en una absoluta falta de prueba que pueda imputarse a la recurrente respecto del contenido de las dos infracciones imputadas, las cuales se fundamentan, en las actuaciones desarrolladas a través de Unesa".
Los hechos que avalaban este expediente comenzaron el 17 de junio de 2009. La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) informó a la Dirección de Investigación de la CNC de determinadas prácticas relativas a la suspensión de la gestión telemática de solicitudes de baja de tensión y el corte de operaciones que estaban llevando a cabo Iberdrola Distribución Eléctrica y Endesa Distribución Eléctrica.
El 5 y 6 de noviembre de 2009 la CNC realizó la polémica investigación domiciliaria en la sede de Unesa. A la vista de la información obtenida, el 4 de febrero de 2010 se amplió la investigación a la propia Unesa con respecto a una estrategia de coordinación del sector tendente a obstaculizar el cambio de suministrador.
El 30 de abril de ese mismo año,. el organismo acordó ampliar el expediente a las casas matrices, en concreto, a Iberdrola, Endesa, E.ON, Gas Natural Fenosa e Hidroeléctrica del Cantábrico. Finalmente el 13 de mayo la Comisión de Competencia multó con 26,6 millones a Endesa; 21,6 millones Iberdrola; 8,8 millones a Gas Natutal; 1,84 millones a Hidroeléctrica del Cantábrico; con 1,4 millones a E.ON España y con 900.000 euros a Unesa.
La Audiencia Nacional considera ahora que el asunto en la práctica ha sido resuelto por el Tribunal Supremo al haber anulado la orden de investigación y, por lo tanto, considerar "prueba ilícitamente obtenida la recogida en la inspección domiciliaria en dicha sede".
El informe realizado en su momento por Competencia, al que tuvo acceso elEconomista, recopilaba emails personales de altos cargos de la patronal eléctrica, así como notas realizadas a mano por las propias empresas durante las reuniones celebradas en Unesa y diferentes actas de las mismas, que demuestran cómo desde este organismo se fraguó una estrategia para dificultar los cambios normativos previstos por el Gobierno para la liberalización del mercado eléctrico. En concreto, la institución que entonces presidía Luis Berenguer recogía los obstáculos que habían puesto las eléctricas a otras comercializadoras y destaca el caso de Centrica.
Según los documentos, entre mayo y diciembre de 2007, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, E.ON y HC Energía acordaron, en el seno de Unesa, los datos exigibles a las comercializadoras para acceder a los datos necesarios para el cambio de clientes, así como los precios a los grandes clientes.
El Supremo, y por ende la Audiencia Nacional, consideran que pese a que un juez validó la entrada en las oficinas de Unesa, las explicaciones dadas no fueron suficientes, ya que se debería haber especificado qué es lo que se busca y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección y en aquel caso, según la sentencia, no contenía "las especificaciones mínimamente exigibles".
Una de las multas más altas
La multa a las eléctricas fue la tercera mayor que se había impuesto en su día, aunque en los últimos años se han producido otras dos de cantidades elevadas que la han desplazado al quinto lugar. La mayor multa impuesta hasta el momento recae en Telefónica, Vodafone y Orange por 119 millones por los precios excesivos de los SMS.
La segunda en el ranking la acaba de imponer la actual CNMC a 35 empresas de basuras por 100 millones donde se encuentran las principales constructoras. Le sigue la sanción a trece navieras por 88,5 millones que cubrían la ruta con Marruecos y otra que acaba de imponer la actual CNMC de 80 millones a las empresas lácteas.
