Planta jienense de Vilches: parada; plantas sorianas de Monzón y Fonz: paradas; planta segoviana de Turégano: parada; y así hasta prácticamente la totalidad de las 29 plantas de tratamiento de purines que existen en España.
¿El motivo? Los nuevos parámetros retributivos incluidos en el borrador de Orden Ministerial sobre Renovables, Cogeneración y Residuos, actualmente en periodo de alegaciones, y que plantea una reducción del 40 por ciento de la retribución económica para la venta de electricidad -de 156 euros por megavatio a 100 euros por megavatio- cuya aplicación se realizaría con carácter retroactivo desde julio de 2013, ?lo que hace inviable la continuidad de este tipo de instalaciones y aboca al cierre inminente de la totalidad de las plantas?, señalan desde el sector.
Ante esta situación, la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), que desde el año 2.000 integra a todos los representantes del sector porcino implicados en la plantas de tratamiento, así como compañías medioambientales y energéticas, ha enviado un requerimiento urgente al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, pidiéndole un cambio en el borrador ya que, según argumenta Josep Capdevila, presidente de la Asociación, ?el cálculo de los parámetros retributivos establece una errónea equiparación de nuestras instalaciones a una cogeneración convencional, sin tener en consideración las características singulares de las mismas, lo que resulta discriminatorio respecto de otras instalaciones de tratamiento de residuos?.
Lo cierto es que este problema no solo afecta a estas explotaciones, sino que también pone en serio peligro al sector porcino de nuestro país ante la incertidumbre de qué va a pasar con los más de dos millones y medio de toneladas de residuos de ganado porcino que actualmente se tratan en estas plantas. Hablamos de un sector que, según el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Angrogapor), Miguel Ángel Higuera, ?es uno de los cinco primeros sectores industriales de nuestro país y ocupa el primer lugar en la industria española de alimentos y bebidas, además de ser el segundo más importante en Europa, con una facturación que ronda los 6 millones de euros, representando más del 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y con una capacidad de exportación de más de millón y medio de toneladas de carne?.
Lo cierto es que esta medida, de aprobarse tal y como ha sido planteada, ?tendrá graves consecuencias a nivel económico, social y medioambiental?, asegura Capdevila. Económicas, porque supondría la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, ligados a estas instalaciones y pondría en peligro alrededor de 200.000 empleos directos en el sector porcino, de los más de dos millones y medio que genera, con unas pérdidas cuantificadas en más de 300 millones de euros.
Sociales, porque si las más de 3.000 explotaciones ganaderas de porcino que gestionan parte de sus purines en estas instalaciones no pueden hacerlo, tendrán que cerrar al no poder tratar sus excedentes, lo que comportará el empobrecimiento de las comarcas afectadas y el debilitamiento del sector porcino en su conjunto.
Medioambientales, porque las plantas de tratamiento de purines resultan, en muchas ocasiones, la única alternativa para gestionar la gran cantidad de excedente que se genera en estas explotaciones ganaderas, evitando así la emisión de más de 700.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Su cierre implicaría una mayor contaminación de las tierras con la consiguiente contaminación de acuíferos, y el incumplimiento de la Directiva Europea de Nitratos.
Incumplimiento de contrato
Los afectados por esta situación se sienten engañados. La incertidumbre y la inseguridad jurídica en las que se están viendo involucrados aseguran que no se la merecen, especialmente si ?tenemos en cuenta que nosotros siempre hemos cumplido con lo que nos ha marcado el Gobierno?, afirma Jaume Bernis, responsable estatal de sector porcino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Y es que en mayo de 2007, el Ministerio de Industria aprobaba el Real Decreto 661 por el que regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, incorporando un régimen económico específico a estas plantas. Al amparo de este RD, el Estado aseguraba la supervivencia de todas las instalaciones por un mínimo de quince años desde su fecha de puesta en marcha con una rentabilidad mínima del 7% y, a cambio, el sector prometía, entre otras cosas, limitar el número de instalaciones a cambio de garantizar la supervivencia económica de las existentes.
Según un informe sobre purines elaborado por una consultora internacional, el impacto del coste de combustible en las plantas de tratamiento de purines es de 111 ?/MWh, a lo que hay que añadir los costes operativos fijos, cuantificados en 25 ?/MWh y la inversión recurrente necesaria para el funcionamiento de cada instalación, que es de 2,04 ?/MWh.
Pero lo cierto es que la aprobación de distintas normas regulatorias daba al traste con esta normativa. Muchas de estas plantas aún no están amortizadas, ya que algunas de ellas comenzaron a operar hace tan solo cuatro años y, lo peor de todo, señala Bernis, ?es que no nos han ofrecido ninguna alternativa para la gestión y tratamiento de nuestros purines, por lo que consideramos que el ministerio deja al sector en una situación absoluta de ilegalidad medioambiental. Los purines excedentes tendrán que ir al campo, porque las balsas empiezan a llenarse y dentro de poco habrá que vaciarlas y si mañana no arrancan de nuevo estas plantas, el Gobierno tendrá que hacerse responsable de las consecuencias que esta situación pueda traer?, explica tajantemente el responsable de Coag.
Otra de las cuestiones que los diferentes organismos del sector ponían sobre la mesa durante la rueda de prensa conjunta celebrada a mediados de febrero por las diferentes asociaciones, es la falta de coordinación y entendimiento entre los Ministerios de Agricultura e Industria.
Alguno de los intervinientes mostraba su asombro porque se hubiera llegado a esta situación. Román Santalla, secretario de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ironizaba sobre esta situación al comentar que el ministerio de Industria, ?quizá por desconocimiento, es probable que no sepa que los cerdos producen residuos; pero no nos cabe en la cabeza que el ministro de Agricultura no le haya advertido del error. A los cerdos no se les puede poner un grifo para que no hagan sus necesidades, porque las tienen que hacer todos los días, por lo que creo que queda clara la necesidad de este tipo de plantas, ya que resultan imprescindibles a nivel medioambiental?.
Después de año y medio de conversaciones y a pesar de que la relación es fluida, ?no tenemos interlocución?, aunque no descartan que en las próximas semanas ?tengamos alguna noticia?. Mientras tanto, y teniendo en cuenta que el tiempo ?se nos echa encima?, los representantes del sector porcino y de Adap convocaban, el pasado 20 de febrero, una serie de movilizaciones en diferentes puntos de la geografía española para protestar ante esta situación.
Comunidades afectadas
Castilla y León con once plantas de purines (dos en Burgos, una en León, una en Segovia, cuatro en Soria y tres en Valladolid), Cataluña con seis (dos en Barcelona y cuatro en Lleida), Aragón con cuatro plantas todas ellas en Huesca, Murcia con tres, Castilla-La Mancha con dos (ambas en Toledo), y Andalucía (Jaén), Galicia (Ourense) y Navarra con una planta cada una, son las Comunidades Autónomas que se están viendo afectadas.
En el caso de Cataluña, la reducción del 40 por ciento de la retribución afectaría a más de 500 granjas, dejando en el aire la gestión del 10 por ciento del purín generado ?unos 600.000 metros cúbicos-, especialmente en las comarcas de Osona, les Garrigues y Pla d?Urgell, donde la elevada cantidad de ganado hacía difícil la gestión de los purines porcinos y provocaba grandes problemas de contaminación de sus aguas residuales.
En Castilla-La Mancha, la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de esta Comunidad informaba recientemente de las dificultades que más de cien explotaciones porcinas ubicadas en diecinueve municipios de la provincia de Toledo están teniendo para gestionar sus purines como consecuencia del cierre de las dos únicas plantas que hay en la región, cada una de las cuales gestiona una media de 350 metros cúbicos de purín al día. Una situación que está provocando el riesgo de desbordamiento de las balsas de almacenamiento, sin hablar, por supuesto, de los perjuicios laborales y económicos que se ciernen sobre esta Comunidad.
En Aragón la situación es parecida. Actualmente se encuentran paralizadas tres de las cuatro plantas de purines ubicadas en Huesca, explotadas por Gas Natural Fenosa e Iberdrola.
La planta de Gas Natural, operativa desde mayo de 2009, contó con una inversión de ocho millones de euros y está preparada para el tratamiento de 40.000 toneladas de purines al año. En el caso de las dos plantas lideradas por Iberdrola, tratan anualmente 150.000 toneladas de purines de porcino procedentes de 60 granjas y exportan al sistema eléctrico nacional más de 175.000 megavatios hora al sistema eléctrico.
En Castilla y León, concretamente en la provincia de Segovia, la compañía Guascor, integrada en la multinacional norteamericana Dresser-Rand, ha decidido paralizar la planta de Turégano, una instalación que costó quince millones de euros y que lleva funcionando desde el año 2005, dando trabajo a más de quince personas.
El cese temporal de la actividad ha dejado, de momento, a una treintena de granjas de esta comarca y sus alrededores sin solución para sus excedentes, sobre todo si tenemos en cuenta que ya están empezando a tener problemas para deshacerse de estos residuos.
Pero ésta no es la única instalación que la compañía ha cerrado en los últimos días, ya que también ha hecho lo propio con las otras cinco plantas que tiene en nuestro país: las tres plantas ubicadas en Cataluña -Alcarrás, en LLeida y Corcó y Voltregá en Barcelona-, la de Altorrincón en Huesca y la de Eresma en Valladolid.
Andalucía solo cuenta con una planta dedicada al tratamiento de purines porcinos, la planta de Vilches que, a mediados de febrero, anunciaba su cierre ya que, según Abengoa, ?el recorte sufrido hace inviable su continuidad?, lo que deja en el aire una veintena de puestos de trabajo.
En Galicia, el Grupo Coren, propietaria de la única planta que hay en esta Comunidad, concretamente en A Limia, Ourense, también ha manifestado su malestar y preocupación ante esta situación. La continuidad de su instalación, que costó 25 millones de euros y trata 110.000 toneladas de residuos ganaderos, podría estar en entredicho.
Artículo incluido en la edición de febrero de la revista Energía. Suscríbete gratis
