La reforma energética ha dejado muchas sombras sobre el futuro de los ciclos combinados de gas. El Real Decreto que regula la hibernación de estas plantas como una alternativa a su crítica situación ha salido calificado de escaso por las eléctricas.
Además, los pagos por capacidad -incentivos que reciben estas plantas por su labor de respaldo al sistema, labor a la que han quedado relegados, por el crecimiento de las renovables- han sufrido un drástico recorte y el incentivo fijado a la disponibilidad anima a no funcionar más allá de una media de horas.
Llegados a este punto, los titulares de estas plantas, donde se encuentran las principales eléctricas, así como GdF Suez, Cepsa, BP y Shell, pierden dinero con estas infraestructuras. Son menos contaminantes que las térmicas y más eficientes que las renovables, pero las compañías no quieren continuar con ellas con este escenario.
En este sentido, el presidente de E.ON España, Miguel Antoñanzas, ha alertado de que las empresas están considerando cerrar unos 100.000 megavatios de ciclos combinados en Europa. Por ello, varios Gobiernos de países europeos han lanzado mensajes para evitar el cierre de estas instalaciones. La propia la canciller alemana, Ángela Merkel, ha animado a buscar una solución para evitar el cierre de estas centrales, después de que países como Alemania y Reino Unido hayan aprobado el cese definitivo de algunas de estas instalaciones.
En cualquier caso, las palabras no sirven de nada si no se demuestran con hechos y las compañías españolas están dispuestas a llevar hasta sus últimas consecuencias su órdago: ?Si no van a ser rentables se cerrarán?. De hecho, ante la cerrazón por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para atender a este posible escenario las compañías defienden su libertad empresarial para decidir si continúan con el negocio o no.
Así es como los titulares de los ciclos responden a sus detractores y a la crítica de que la proliferación de estas plantas durante la pasada década fue por una decisión libre empresarial y que si hubo un error de planificación no debe haber una compensación a costa de los consumidores para evitar su cierre.
?Si hubo libertad de abrir que la haya también para cerrar?, dicen desde una eléctrica, que también recuerda que el crecimiento de los ciclos combinados se recogió en la Planificación Energética que determina lo que se debe instalar atendiendo a una demanda indicativa.
Es aquí donde entra en juego Red Eléctrica, que es quien debe dar el visto bueno al cierre de las plantas, de forma temporal tal como se ha regulado a través de una hibernación, si considera que actualmente no son necesarias para el sistema porque no hay riesgo de apagones.
Públicamente, el presidente del gestor técnico del sistema, José Folgado, ha asegurado que no sobra nada de potencia ya que se prevé una recuperación de la demanda eléctrica y que se reduzca el margen de cobertura de la demanda. Actualmente, existe en España una potencia instalada de 107.615 megavatios y sólo se necesita la mitad en momento de punta de demanda.
Red Eléctrica hace las veces de Gran Hermano en el sistema eléctrico y decide las centrales que deben operar en cada momento teniendo en cuenta la demanda eléctrica de cada núcleo de población. Su misión es que no haya tensiones en la red y garantizar que no haya caídas en el sistema ni apagones.
Tres categorías para fijar la hibernación
Tras del Decreto sobre la hibernación es Red Eléctrica quien debe decidir los ciclos que podrán parar. En principio hay tres categorías: aquellos que tienen un buen rendimiento porque se encuentran cerca de núcleos urbanos, los que se encuentran en una zona de ?penumbra? porque están a un nivel medio y no llegan a ser del todo rentables y los que funcionan muy pocas horas y están exigiendo que se les permita cerrar.
En esta última categoría se encuentra el ciclo combinado de Iberdrola de Arcos de la Frontera, en Cádiz. En concreto, la compañía quiere clausurar uno de los tres grupos de este complejo energético, el número 3, que cuenta con 800 megavatios (MW) de los 1.600 MW totales de capacidad instalada de los que dispone el ciclo gaditano. Tras la petición formal al Ministerio de Industria a finales de julio para dar por concluido este grupo es ahora Red Eléctrica quien está elaborando un informe sobre si el sistema puede prescindir de él.
A la espera de este documento, Iberdrola asegura que ha seleccionado el grupo 3 de la planta de gas de Arcos de la Frontera al considerar que su cierre, y posterior desmantelamiento, no afectaría en modo alguno a la seguridad del suministro eléctrico ni en España ni en la comunidad autónoma andaluza. La compañía entiende que el cierre de dicho grupo de Arcos propiciaría una mayor utilización de los grupos 1 y 2, que suman los otros 800 MW de potencia.
Es verdad que los ciclos combinados crecieron al albur de unas estimaciones fijadas en la Planificación Energética, pero también es cierto que las diferentes compañías apostaron por esta tecnología para no perder cuota de mercado, en un momento donde el sector se ha decantado por el cierre de las tecnologías más contaminantes.
El resultado de esta política energética que no tuvo en cuenta los ciclos económicos ni las recesiones fueron unas inversiones de 70.000 millones de euros en poco más de diez años para instalar casi 55.000 MW de potencia nueva (27.144 MW de ciclos combinados de gas, 23.147 MW eólicos y 4.200 MW de fotovoltaica).
Así el propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha reconocido que ?tenemos un sistema muy seguro pero muy caro?. Una vez reconocido en fallo en las estimaciones y la sobrecapacidad alcanzada cabría preguntarse si la solución de la hibernación será suficiente los ciclos combinados, más aún cuando la caída de la demanda ha agravado de forma alarmante la situación y el crecimiento de las renovables junto a la obligación de quemar carbón nacional ha dejado en jaque a las plantas de gas.
Para empezar, el Real Decreto fija que se podrá hibernar entre 4.000 y 6.000 megavatios, cuando algunas eléctricas han llegado a hablar de la necesidad de tener que parar al menos 10.000 megavatios. Además, el plazo de hibernación es anual, mientras que el sector solicita parar por cuatro años como mínimo hasta que la demanda vuelva a niveles de antes de la crisis y estas infraestructuras puedan funcionar a pleno rendimiento.
Por otro lado, las compañías han pedido al Gobierno cambiar el incentivo a la disponibilidad, ya que tal como se ha regulado parece un ?incentivo a la no disponibilidad?. En concreto, las compañías que funcionen por encima de un determinado número de horas no cobrarán por este servicio. Es tal el dislate que en caso de que no varíe este punto las compañías lo recurrirán a los tribunales.
Tampoco se ha concretado el ahorro que supondrá la hibernación para el sistema, ya que éste se determinará en función de una subasta entre los ciclos que Red Eléctrica haya decidido que pueden parar.
El problema mayor se centra en las plantas a las que no se les permita parar porque tampoco se ha garantizado que vayan a poder recuperar los costes fijos, después de que el Gobierno rebajara los pagos por capacidad en el marco de la reforma energética para lograr un ahorro de 377 millones de euros. El Ejecutivo ha dejado en el aire este punto aunque la propuesta de estrategia energética de Faes y que fue presentada por el propio Nadal recupera la idea de que sea las renovables las que carguen con este coste y compensen a los ciclos, una medida que sin duda desatará la guerra entre sectores.
Artículo incluido en la edición de octubre de la revista Energía de elEconomista. Suscríbase gratis.