El ministro de Industria, José Manuel Soria, prepara una reforma en el sector del gas natural. La intención de su departamento es presentarla en octubre con el objetivo de que los cambios regulatorios entren en vigor en 2014.
El Gobierno quiere unificar los criterios aplicados a los negocios regulados -que reciben del orden de 3.500 millones en el gas- y, al mismo tiempo, enfrentarse al déficit que se está generando en este sector y que la CNE espera que ascienda a 866 millones en 2016.
Las empresas del sector aseguran que aún no hay nada encima de la mesa e insisten en salvar las distancias en lo ocurrido con el sector eléctrico, ya que se trata de negocios totalmente distintos. Así, en el gas ya está liberalizado el 80% y las retribuciones se rigen por criterios diferentes.
Revisión en profundidad
No obstante, la intención de Industria es abarcar una revisión en profundidad de la metodología de peajes e impulsar una fórmula que sea revisable en periodos que rondarán los tres y seis años.
El Ministerio modificará la retribución de la distribución y el transporte. La opción, apadrinada también por la Comisión Nacional de Energía, es fijar el coste medio de las instalaciones complementado con señales de eficiencia en las infraestructuras. En estos momentos, el coste del transporte asciende a cerca de 950 millones y el de la distribución, a 1.500 millones.
El modelo a implantar prevé, por lo tanto, al igual que en el sector eléctrico, la creación de un estándar para ambos negocios de forma que puedan tener una retribución ligada a las obligaciones del tesoro a 10 años más 200 puntos básicos, es decir, un 6,5%. La nueva metodología propuesta prevé que el criterio para la asignación de los costes medios de redes de transporte esté basado en un principio de suficiencia para recuperar la inversión.
Fuentes del sector indicaron que el Gobierno se plantea además la creación de un bono social para los usuarios de gas natural, al igual que ya ocurre en la electricidad, que se fijaría por nivel de renta, como recomiendan las directivas europeas.
Bombona de butano
El Ministerio tiene que afrontar también un cambio regulatorio sobre la fórmula de fijar el precio de la tradicional bombona de butano.
Para ello, vuelve a estar sobre la mesa la idea de crear una bombona social para las rentas más reducidas.
Por otra parte, los buques de GNL que detraigan cargamentos del sistema asumirán los costes ocasionados en las redes, ya que las salidas nacionales deben pagar por el uso de los gasoductos de presión superiores que son necesarios para su suministro.
Al mismo tiempo se reclama que el coste de la carga sea también suficiente para hacer frente a los costes de operación y mantenimiento de las plantas de regasificación. Esta actividad recibe alrededor de 500 millones de euros al año.
El regulador también busca unificar los peajes de descarga en las diferentes plantas para que no haya incentivos para decantarse por una u otra. Además, aconseja que tengan una facturación diferente en función de los servicios utilizados: descarga de buques, regasificación, carga de cisternas o almacenamiento de GNL.
Simplificar las tarifas
El Gobierno quiere simplificar las diferentes tarifas. Así, se están planteando, tal y como ha propuesto la CNE, diferenciar por presión de diseño y volumen de consumo anual a una estructura de peajes en la que no se considere la actual diferenciación. Es decir, que la estructura de peajes exclusivamente se base en la presión a la que se encuentra conectado el consumidor.
Industria, al igual que la CNE, ha constatado que el sistema adolece de sobrecapacidad en almacenamiento de GNL y regasificación y esta además se puede incrementar con la hibernación de centrales de ciclo combinado.
Un posible criterio para estimar esta situación sería en función de la relación entre la capacidad operativa total de los almacenamientos subterráneos y la capacidad disponible para ser contratada por los agentes en el año correspondiente. Otra posible opción es considerar como costes de seguridad de suministro los correspondientes a la capacidad asignada para el mantenimiento de los 20 días de existencias estratégicas obligatorias. Por ese motivo, también se impulsará el mercado secundario del gas, el hub, para poder dar salida a toda la sobrecapacidad existente.
Actualmente, la retribución más importante pendiente de reconocer son el gasoducto submarino a Islas Baleares y las cantidades devengadas en 2012 por el almacenamiento de Marismas, lo que supone 133 millones de euros, pero quedará el plato fuerte con la entrada en operación del almacén de gas Castor.
Acciona y Gas Natural las más perjudicadas
