El anteproyecto de ley del sector eléctrico incluye un trato diferente para la admnistración que para los ciudadanos en lo que respecta al pago del recibo de la luz.
Según consta en el borrador de la misma, al que tuvo acceso este diario, las eléctricas podrán interrumpir el suministro por morosidad de un consumidor a los dos meses de haberle hecho llegar fehacientemente el aviso de impago. Por contra, las administraciones públicas que estén acogidas a los llamados precios voluntarios o la tarifa de último recurso, dispondrán de cuatro meses. Esta normativa está claramente ideada para la gran cantidad de municipios que estaban en mora. En lo que respecta a los servicios esenciales, las empresas podrán aplicar recargos o afectar los pagos que perciban de aquellos clientes que tengan suministros esenciales en morosidad. Una vez realizado el pago por el consumidor al que se le haya cortado el suministro, la compañía dispondrá de 24 horas para volver a engancharse.
