El Ministerio de Industria estrecha la presión sobre el sector eléctrico. El Anteproyecto de Ley que prepara el Gobierno para su tramitación, a partir del próximo octubre, amplía de manera considerable las infracciones sancionables y multiplica las penalizaciones previstas. Lea aquí el Anteproyecto de ley del sector eléctrico (.pdf).
En la nueva ley se incluye como un nuevo motivo de sanción muy grave la toma de participaciones en sociedades energéticas sin la previa comunicación al Ministerio de Industria, tal y como se recoge en la disposición adicional novena de la ley que crea la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Esta normativa supone reforzar el blindaje para empresas como Repsol, CLH, Iberdrola o Gas Natural. Asimismo, se incluye el incumplimiento de las limitaciones a la participación en el accionariado de Red Eléctrica y el Operador del Mercado Ibérico como infracción muy grave.
Las nuevas multas
Las multas pasan de los anteriores 30 millones de euros a los actuales 60 millones para los casos muy graves. Para las graves dejan de ser 3 millones para convertirse en 6 millones de euros y para las leves se pasa a 600.000 euros.
Estas cantidades seguro que van a hacer pensarse dos veces incumplir el régimen de infracciones, sanciones e inspecciones que se incluyen en el Título X de la Ley.
Según el documento al que tuvo acceso elEconomista, los 21 preceptos reconocidos de sanción pasan a convetirse en 45 en los casos muy graves y de los 22 reconocidos como graves se incrementa a un total de 30 asuntos, lo que amplía las posibilidades de una multa que se puede convertir en un auténtico golpe para las cuentas de una compañía y que como máximo puede llegar el 10 por ciento de su facturación.
Vigilancia al autoconsumo
Por otro lado, el Gobierno refuerza las sanciones para garantizar el suministro, la obligación de información y la seguridad de las plantas, así como la calidad y claridad en las contabilidades. Del mismo modo, se incluye como motivo de sanción la "no presentación de ofertas de compra o venta, no meramente ocasional o aislada, por los sujetos obligados a ello en el mercado de producción".
El Gobierno vigilará también la falta de legislación que ha ido permitiendo la puesta en operación de instalaciones de autoconsumo y crea una infracción muy grave para que nadie pueda encontrar vacíos legales y dice claramente que multará "la aplicación de modalidades de autoconsumo de energía eléctrica no contempladas expresamente en esta ley y su normativa de desarrollo". Industria prohibe también que las empresas del sector puedan tener relaciones contractuales con las auditoras que se encargarán de los concursos para el control y análisis de la información que se emplee para el cálculo de la retribución de las actividades reguladas mientras se estén realizando dichos trabajos.
En lo que respecto a la segunda parte de la reforma, que implicará cambios en el mercado mayorista, la nueva ley adelanta que se regularán distintas modalidades de contratación como la compra venta a plazo, los contratos financieros o los bilaterales, al tiempo que impondrá requisitos necesarios de información al operador del sistema.
La nueva ley regulará la creación de mercados organizados para la contratación a plazo, así como su organización y funcionamiento y los sujetos que podrán participar en ellos. También se impondrán requisitos de información para los operadores del mercado (Omel) y del sistema (REE).
El Anteproyecto de Ley da un paso adelante en la integración de las islas Baleares dentro del sistema peninsular. El Ministerio, mediante una orden, podrá permitir su incorporación al mercado de producción cuando considere que la capacidad de conexión lo permite. En este momento, Mallorca ya está conectada con la península y se trabaja en incrementar los niveles de interconexión con el resto de islas.
La nueva normativa otorga al Gobierno amplios poderes para garantizar el suministro energético. De este modo, Industria podrá alterar el sistema de ofertas.
Los productores tendrán que adaptar sus equipos de medida para determinar cada periodo de programación la energía producida, con el objetivo de afinar mucho mejor la retribución actual.
Se creará el Registro del régimen retributivo específico que supondrá la inscripción obligatoria para vigilar los precio de mercado. En la práctica este área servirá para controlar la instalación de plantas renovables en España y creará dificultades en los concursos regionales. Además de este registro se crearán: el registro administrativo de distribuidores, que podrá tener reflejo en las autonomías para controlar por dónde circulan los tendidos y el registro administrativo del autoconsumo, al que se tendrán que apuntar todas las instalaciones para vigilar su retribución.
El Gobierno aprieta a eléctricas y consumidores