
Montoro gana el pulso de la financiación a Soria. El Consejo de Ministros aprobará hoy la reforma energética. El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, mantuvieron ayer dos encuentros, uno con las grandes eléctricas de Unesa y otro con Abengoa, Acciona y ACS, en representación de las renovables, para explicarles los detalles. La reforma se traducirá en una nueva subida de la luz.
A la primera parte le corresponderá un recorte en distribución de cerca de 1.000 millones y a la segunda de alrededor de 1.500 millones. En total, 2.500 millones que dejarán la carga para los presupuestos y los ciudadanos en otros 1.500 millones.
Según indicaron los asistentes, el Gobierno aprobará hoy un Real decreto ley y un complejo anteproyecto de ley, al tiempo que enviará ocho reales decretos más a la Comisión Nacional de Energía para que se tramiten con carácter de urgencia. Moncloa pactó el lunes con Industria los detalles de la reforma energética.
Recorte a la distribución
La reforma incluye un fuerte recorte a la distribución que tendrá una retribución del bono más 250 puntos básicos, lo que supone una rentabilidad del 6,5%, lo que equivaldría a un tijeretazo de unos 1.000 millones. Esta situación, según indicaron, hará que prácticamente se corte la inversión en España en tendidos eléctricos y que se pueda poner en riesgo la calidad del suministro.
Las eléctricas consideran que no se logrará erradicar el déficit de tarifa, porque el recorte para las renovables será menor, pero este sector lo rechaza y dice que ha aumentado notablemente.
El Gobierno prevé sustituir las primas por unos incentivos a la inversión, que serán del bono más 350 puntos, lo que dejará la rentabilidad en el 7,5%. Esta situación supone que se aplicará un recorte de cerca de 1.500 millones y además tendrá un fuerte carácter retroactivo.
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Con esta situación, no todos los negocios regulados tendrán la misma rentabilidad razonable, como preconizó el Gobierno, que apenas asumirá entre 800 y 1.200 millones en los Presupuestos, para poder destinar una mayor partida de los Presupuestos al Ministerio de Empleo.
Entre los puntos que también se incluyen en la reforma figura, tal y como adelantó este diario, la hibernación de centrales de gas y probablemente algunas renovables. Esta medida seguirá el modelo alemán y supondrá que se realicen subastas para poder paralizar plantas a cambio de una retribución.
Con este escenario, la lectura que hacen las grandes eléctricas es que Hacienda ha ganado la partida a Industria y que sus empresas serán las que tengan que hacer frente a los errores regulatorios del pasado.
Ocho decretos más
La reforma contempla también recortes para el transporte, así como un nuevo sistema de tarifas con carácter horario, aprobará decretos sobre autoconsumo, un nuevo sistema de regulación de las renovables para las islas Baleares y Canarias, una normativa sobre el combustible nuclear gastado para poder reabrir Garoña, así como varios decretos más sobre reconocimiento del déficit de tarifa y modificación del fondo de titulización.
Pese a todo este paquete de medidas técnicas, la mayor complicación ha sido lograr el visto bueno de Hacienda para lo que fue necesaria la mediación de Moncloa. Tras el rifirrafe entre los ministerios sobre quién asumirá la compensación por generar en las islas (extrapeninsulares), el Gobierno ha decidido que los Presupuestos Generales del Estado asuman una pequeña parte y que el resto de costes se comparta entre las eléctricas - gracias al mayor recorte a la distribución- y los consumidores con un aumento de los peajes, lo que derivará en un nuevo incremento del recibo eléctrico para la revisión de octubre y previsiblemente también en la de enero.
Éste fue uno de los principales aspectos que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, trasladó en la reunión de ayer. En concreto, a este encuentro -que estaba previsto en principio para el miércoles- asistieron el presidente de E.ON, Miguel Antoñanzas; el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan; el consejero director general de Iberdrola José Luis Sampedro, el consejero delegado de HC Energía, Miguel Stilwell; el director de Planificación Energética de Gas Natural, José María Egea, así como el presidente de Unesa, Eduardo Montes, lo que generó el descontento de las patronales de renovables que no fueron convocadas.
Tras esta reunión llegaron al Ministerio el director financiero de Acciona, Juan Gallardo, el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, y el director general corporativo de ACS, Ángel García Altozano. Todos ellos al finalizar el encuentro se negaron a realizar declaraciones en las puertas del Ministerio de Industria porque el Gobierno les había pedido confidencialidad en la reforma.
De esta manera, la cartera que dirige Cristóbal Montoro cede, pero sólo en parte. La razón es que tal como estaba contemplado en anteriores decretos y normas, las cuentas públicas debían asumir 2.000 millones del agujero eléctrico, principalmente de las extrapeninsulares. .