El Ministerio de Industria ha enviado por el procedimiento de urgencia una propuesta de orden ministerial para llevar a cabo la auditoría del almacén de gas Castor.
Esta instalación, presupuestada en un primer momento en 500 millones, ha acabado suponiendo un desembolso de más de 1.300 millones de euros, lo que desató todas las alarmas en el sector por el enorme coste que supone su puesta en funcionamiento para los consumidores de gas natural.
La orden, a la que tuvo acceso elEconomista, tiene por objeto ajustar el procedimiento de contratación de las auditorías técnicas y económicas independientes con las que verificar el expediente de inclusión en el régimen retributivo de los almacenamientos subterráneos de la red básica.
Según fuentes del sector, la normativa viene a llenar un hueco existente ya que en un principio el Ministerio habría dejado a Escal, la promotora junto a ACS de la instalación, la decisión de encargar una auditoría de costes.
Ahora, ante la complicación que puede suponer esta decisión, el Ministerio ha querido tener todas las opciones abiertas.
Según el texto de la misma, el Ministerio de Industria prodrá encargar este tipo de auditorías por sí mismo o requerir a la Comisión Nacional de Energía, al gestor técnico del sistema Enagás o al promotor la realización de auditorías para verificar que la documentación suministrada por el promotor refleje una imagen fiel de la realidad.
La decisión de quién realice la contratación puede llegar a ser muy delicada ya que todas las partes tienen interés. Enagás mantiene un acuerdo de compra del 33 por ciento del Castor a ACS; Escal es el promotor de la misma.
Según fuentes consultadas por este diario, la decisión está durante estos días en la Secretaría de Estado de Energía, que encabeza Alberto Nadal.
ACS y Escal tienen reconocida una retribución por parte de Industria en la época de Sebastián, motivo por el cual esta revisión puede ser causa de importantes recortes en su retribución.
