Una de cal y otra de arena para Iberdrola en su litigio con Guatemala. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, ha resuelto el conflicto a favor de Guatemala, pero también ha suspendido los efectos del fallo por los que la eléctrica debía pagar 5,4 millones de dólares (4 millones de euros) a este país, después de que la compañía presentara un recurso de anulación.
La eléctrica se retiró del país después de la drástica bajada de las tarifas decretada por el Gobierno y llegó a un acuerdo con la compañía colombina Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 2010 para venderle sus participaciones en cuatro eléctricas de Guatemala por 232,9 millones de euros.
Iberdrola consideró que su salida de este mercado supuso una "expropiación indirecta" y acudió al tribunal con sede en Washington en 2009 para iniciar un arbitraje por la rebaja de las tarifas a la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), de la que Iberdrola era accionista mayoritaria hasta octubre de 2010.
En un principio, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán solicitó una compensación de 672 millones de dólares. Tras la venta de su filial de distribución en el país, rebajó la petición de compensación a 188 millones de dólares.
Las nuevas tarifas se plantearon para el quinquenio del 2008 al 2013, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para los hogares.
Esta distribuidora suministra a más de 2,4 millones de consumidores en los departamentos centrales de Guatemala y Sacatepéquez.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) fijó tarifas de cobro máximo a los usuarios por debajo de lo calculado por kilovatio al mes en un primer momento por Iberdrola, motivo por el que Iberdrola demandó a Guatemala.
Larry Robles, el procurador general de Guatemala, dijo que el Estado ya había empezado el proceso de cobro de las costas procesales por cuatro millones de euros tal como fijó la resolución del Ciadi el pasado mes de agosto. Tras la suspensión de los efectos de la resolución "el proceso de cobro fue frenado", según explicó a Efe.
Ahora, el proceso podría extenderse de tres a seis meses más como consecuencia del recurso presentado por la eléctrica en el que descarta el pago de las costas procesales, como el pago de abogados locales e internacionales, asesores y gastos de administración.
El siguiente paso es el nombramiento de un comité ad hoc por parte del Ciadi.
Robles consideró que con este vuelco a la resolución debe continuar la defensa por parte del Estado, ya que "tras haber ganado el caso no nos podemos permitir que ahora le den la vuelta al laudo en esta etapa, eso sería desastroso".
Además, Guatemala tiene otro frente abierto con Teco Energy, que demanda un total de 350 millones de dólares al Estado de Guatemala por la misma cuestión que Iberdrola. Las audiencias sobre este contencioso se celebrarán a finales de este mes y tendrá que haber una segunda ronda de testificaciones.
En opinión del procurador de Guatemala, cualquier giro en el arbitraje de Iberdrola podría afectar el caso de Teco.
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