No hay negociación posible sobre la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. El Gobierno da por cerrada la planta después del órdago lanzado por Endesa e Iberdrola de no solicitar la ampliación de vida útil si no se modificaban los términos de la reforma energética.
Así lo manifestó ayer el ministro del ramo, José Manuel Soria, en el Pleno del Senado, donde explicó también que el Gobierno "no tiene ningún interés en ir más allá" de lo previsto por Nuclenor -la sociedad formada entre las dos eléctricas- sobre los plazos de cierre de la central, y achacó a estas compañías el haber llegado a esta situación.
Los operadores de la planta aseguran que con las tasas impuestas más las nuevas inversiones a realizar para cumplir con los test de estrés, la continuidad de la planta se hace inviable. Además, Iberdrola es la principal distribuidora de Castilla y León y tiene más margen de maniobra para intentar negociar un cambio en los recortes.
El problema es que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado no recoge ninguna partida de reactivación de la comarca tras el cierre de Garoña ni ningún plan alternativo de empleo. En este sentido, Soria aseguró que estas partidas dependerán de la disponibilidad de recursos.
Por otro lado, el ministro garantizó que antes de final de año estará lista una "herramienta" que dé una solución al problema de la tarifa para los grandes consumidores, entre ellos Alcoa, porque los contratos bilaterales con las eléctricas terminan el 31 de diciembre.
Previamente, el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, intervino en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, donde explicó que la moratoria para las renovables tendrá una excepción: los sistemas insulares y extrapeninsulares. El Gobierno está inmerso en preparar planes específicos de impulso de las tecnologías verdes para cada una de las islas, con el fin de abaratar el alto coste que actualmente supone generar en estos territorios por su aislamiento del sistema.
Según Marti, el coste de generación insular asciende a 200 euros por megavatio, frente a los 50 euros del sistema peninsular. Por ello, ahora su departamento impulsará en estos archipiélagos la energía eólica y fotovoltaica de cara a sustituir la generación tradicional.
Los portavoces en esta Comisión de todos los grupos políticos arremetieron contra la política energética del Gobierno, así como el imparable déficit de tarifa. Sobre este aspecto, Marti respondió que existen una presiones "tremendas" para acabar con este desfase en un periodo de dos años.
El secretario de Estado no tuvo problemas en reconocer que la situación actual se caracteriza por un exceso de renovables, como la fotovoltaica o la termosolar, mientras que la eólica se encuentra en la senda correcta. Unas declaraciones que no han sentado muy bien a los promotores eólicos porque siempre han defendido ser ajenos a la sobredimensión del sistema y, sin embargo, se les han aplicado los mismos recortes. Por último, Marti apuntó que los objetivos de 2020 de la Unión Europea están salvados y reconoció que "el volumen de primas aumentará porque la termosolar irá entrando hasta 2014".
Las grandes industriales quieren comprar Garoña
