El Ministerio de Transición Ecológica ha dado el primer paso para lanzar los llamados mercados de capacidad, una suerte de 'seguro antiapagones' que el Ejecutivo comenzó a tramitar en 2021 y que ahora pretende tener listo definitivamente antes de finales de este año.
El Ejecutivo, tras la habilitación incluida en el Real decreto ley 7/ 2025, ha dado luz verde a una resolución que fija dos parámetros clave necesarios para implantar estos mecanismos de capacidad en el sistema eléctrico peninsular: el valor de carga perdida (VoLL) y el estándar de fiabilidad.
La normativa europea exige demostrar la existencia de un problema de garantía de suministro eléctrico mediante simulaciones basadas en metodologías armonizadas que comparen los resultados con un estándar de fiabilidad. Este estándar, a su vez, se basa en dos parámetros económicos: el VoLL, que representa cuánto estaría dispuesto a pagar un consumidor por evitar un corte eléctrico, y el CoNE, que estima el coste de entrada de nueva capacidad productiva.
Tras un proceso de audiencia pública y con informe favorable de la CNMC, la Dirección General de Energía ha decidido fijar el Valor de carga perdida (VoLL) en 22.879 euros/MWh y el estándar de fiabilidad en 1,5 horas de pérdida de carga prevista (LOLE).
De este modo, el estándar de fiabilidad nacional implica que se puede aplicar un mercado de capacidad en caso de que en el análisis de cobertura que realicen los operadores del sistema eléctrico resulten valores de energía no suministrada (LOLE) para España por encima de dicho estándar.
Esta resolución sienta las bases para implementar un mercado de capacidad en España, que incentive tanto inversiones en tecnologías firmes como el almacenamiento o la respuesta de la demanda, como para que puedan seguir operando las centrales de ciclo combinado de gas que han visto como su retribución y horas de funcionamiento se han reducido notablemente por el fuerte desarrollo de las renovables.
Los mecanismos de capacidad dejan de ser considerados instrumentos de último recurso, tal como establece la reforma del reglamento comunitario (Reglamento UE 2024/1747), y se afianzan como elementos estructurales del sistema.
Por el momento, el Gobierno está a la espera de la aprobación por parte del departamento que dirige Teresa Ribera en la Comisión Europea de la propuesta presentada por España.
Fuentes consultadas indican que posteriormente, tal y como ya indicó este diario el pasado viernes, se tendrán que someter a información pública las normas de las futuras subastas. Con este escenario, el Ejecutivo espera que se puedan celebrar las primeras subastas de este seguro 'anti apagones' antes de que acabe el año.
El mecanismo se espera que permita otorgar una mayor garantía de suministro al sistema tras las advertencias que ya lanzaron los organismos supervisores europeos de riesgos para la garantía de suministro si, finalmente, cerraban los 9.000 MW de centrales de gas que tenían el cierre solicitado.