La Comisión Europea ha publicado las condiciones preliminares de la primera subasta del Innovation Fund dedicada íntegramente a descarbonizar el calor industrial. El proceso, dotado con 1.000 millones de euros, se configura como una prueba piloto en el marco del nuevo Banco de Descarbonización Industrial anunciado en febrero y se abrirá oficialmente este próximo otoño.
El programa, bautizado como IF25 Heat Auction, se dirige a proyectos capaces de sustituir calor industrial fósil por tecnologías eléctricas o calor renovable directo, como bombas de calor, calderas eléctricas, resistencias, calor solar térmico o geotermia.
Las ayudas se concederán mediante una subasta competitiva basada en el coste por tonelada de CO2? evitada, con una prima fija durante un periodo de hasta cinco años.El concurso se dividirá en dos categorías según la temperatura del calor que genere cada proyecto: Baja temperatura (100-400 ºC) y Alta temperatura (más de 400ºC): ambos con 500 millones cada uno.
El esquema penaliza el consumo eléctrico en horas punta, para evitar que la electrificación del calor traslade las emisiones a las centrales eléctricas más contaminantes. Por eso, los proyectos solo podrán recibir ayudas por un máximo del 80% de las horas anuales salvo que incluyan soluciones de flexibilidad, como almacenamiento eléctrico o térmico.
Asimismo, se espera que solo puedan participar proyectos nuevos con una capacidad térmica mínima de 5 MW en una única ubicación dentro del Espacio Económico Europeo. Quedan excluidos usos no industriales -como la calefacción de edificios- y tecnologías ya electrificadas como los hornos de arco. Además, los proyectos que hayan recibido previamente financiación del Innovation Fund no podrán volver a concurrir.
Cada propuesta deberá ir acompañada de un estudio de viabilidad, cronograma, permisos, garantías y una carta de compromiso bancario que avale su ejecución. Las empresas adjudicatarias tendrán un plazo de dos años para lograr el cierre financiero y cuatro para entrar en operación, bajo riesgo de perder la ayuda y ejecutar la garantía del 8%.
El reglamento impide combinar esta financiación con cualquier otro apoyo público -europeo o nacional- que cubra costes de inversión u operación del proyecto. Solo se permiten excepciones puntuales, como ayudas para fases anteriores (estudios o diseño), o para infraestructura energética general no dedicada exclusivamente al proyecto.
Los países podrán además canalizar recursos propios a través de este esquema europeo, lo que les permitirá beneficiarse del mismo sistema de evaluación y simplificar los trámites de ayuda pública. El plazo para remitir observaciones al borrador de bases está ya abierto hasta mediados de agosto. Las condiciones definitivas se publicarán en otoño.