La Comisión Europea ha adoptado el Reglamento Delegado que establece por primera vez una metodología armonizada para calcular los ahorros de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles bajos en carbono, incluidos el hidrógeno y sus derivados.
Para que un combustible sea considerado bajo en carbono, deberá producir al menos un 70% de ahorro de emisiones respecto al uso de combustibles fósiles sin abatir. Este umbral se aplicará independientemente de la vía tecnológica empleada, ya sea hidrógeno generado a partir de gas natural con captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) o mediante electricidad procedente de fuentes bajas en emisiones.
La Comisión destaca que la metodología permite reflejar la heterogeneidad de los mix energéticos de los Estados miembros, ofreciendo un enfoque "flexible y pragmático". No obstante, aclara que este acto delegado no determina qué parte de la electricidad empleada en la producción de hidrógeno puede computarse como renovable, una cuestión que sigue rigiéndose por lo establecido en la Directiva de Energías Renovables, bajo un enfoque de media anual.
La Comisión anuncia que abordará esta cuestión en la próxima revisión de la REDIII, y que paralelamente está reforzando los mecanismos de implementación de la nueva Regulación del Metano, con soluciones para mitigar las fugas en toda la cadena de suministro energético.
De cara a 2026, la Comisión se ha comprometido a lanzar una consulta pública sobre un borrador de metodología para reconocer contratos de compraventa de electricidad (PPAs) ligados a energía nuclear, con el objetivo de clarificar el papel que puede jugar esta fuente en la producción de hidrógeno bajo en carbono.