El Ministerio de Transición Ecológica quiere avanzar con rapidez en la tramitación de los pagos por capacidad, un mecanismo que permitirá mantener operativas las centrales de ciclo combinado de gas para paliar el grave riesgo de apagones que sufre España.
La intención del Ejecutivo es tratar de llevar a cabo la primera subasta antes de que acabe el año, pero, por el momento, según indicó el Ministerio de Transición Ecológica, siguen pendientes de recibir el visto bueno de la vicepresidenta y comisaria de Transición Justa, Teresa Ribera, a la que enviaron su consulta a principios de este año.
La propuesta regulatoria, que el Gobierno puso sobre la mesa por primera vez en 2021, prevé la celebración de tres tipos de subastas cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y de las necesidades de potencia firme identificadas mediante los análisis de cobertura europeos o nacionales a cinco años vista.
La subasta principal permitirá participar a instalaciones existentes y nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicios a partir de la fecha que fije la convocatoria hasta cinco años después de la adjudicación.
El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología. Con carácter general se celebrarán anualmente y la duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones y entre uno y diez años para nuevas demandas.
Se producirá una segunda subasta de ajuste anual donde sólo podrán participar instalaciones en servicio durante un año a contar desde la fecha definida en la convocatoria, dentro de los siguientes meses de la adjudicación.
Por último, habrá una subasta transitoria que garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar las instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.
La nueva orden además creará un mercado secundario para aportar liquidez con los derechos y obligaciones adjudicaciones en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.
Red Eléctrica y la CNMC se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad. Su financiación corresponderá a la comercialización de electricidad y a los consumidores directos en mercado, por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y periodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución. De este modo, lo sufragarán en mayor medida los consumos que se produzcan en las horas con más estrés del sistema.
El Gobierno tenía en su hoja de ruta aprobar la orden ministerial antes de las vacaciones de agosto con la vista puesta en poder tramitar las reglas de las subastas -que también tendrán que someterse a información pública- después del parón estival, lo que dejaría apenas un margen de dos meses para poder celebrar las subastas por parte del Gobierno.
Riesgo para la cobertura de la demanda
España encara un grave riesgo de apagones hasta 2030 pese al fuerte ritmo de instalación de renovables. Nuestro país afrontará un importante riesgo de cobertura de la demanda si se cierran los 9.000 MW de centrales de ciclo combinado que las eléctricas quieren desconectar por la falta de rentabilidad económica o si el ritmo de puesta en marcha de almacenamiento no logra cumplirse. REE reconoce que estará en situación precaria si se desmantelan estas plantas de gas.