Janis Rey preside la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío con el ánimo de impulsar un mayor desarrollo de estas tecnologías en nuestro país. La directiva, que además es la responsable de este negocio en Engie, pide un plan claro a las administraciones para aprovechar todo el potencial existente en España.
El Gobierno ha presentado la consulta pública para un nuevo decreto de redes de calor y frío. ¿Qué importancia tiene este paso?
Es un paso muy importante. Lo estábamos esperando desde hace tiempo y ahora por fin se ha publicado la consulta pública. Para nosotros es clave porque una de las grandes necesidades para que las redes de calor y frío se desarrollen en España es contar con un marco regulatorio específico. Esto incluye una ley propia, pero también la obligatoriedad de considerar las redes en la planificación territorial, algo que hoy no ocurre.
A diferencia de las redes eléctricas, de agua o de saneamiento, que sí se integran en los planes urbanísticos, las redes térmicas no se contemplan, y eso supone una carencia importante. Debería ser obligatorio considerar estas redes en los nuevos desarrollos urbanos o en grandes rehabilitaciones.
Por ejemplo, Madrid tiene ahora mismo ocho grandes desarrollos urbanísticos y debería ser obligatorio que las redes de calor y frío se integraran en su planificación.
Además del marco regulatorio, ¿qué otros elementos serían necesarios para su impulso?
Hay que acompañarlo de incentivos, como subvenciones o ventajas fiscales. No hace falta inventar nada, en Europa hay muy buenas prácticas. En Francia, por ejemplo, existe un fondo nacional que puede subvencionar hasta el 60% de la inversión de una red de calor. También se aplican reducciones de IVA e IRPF para los promotores o usuarios finales conectados a estas redes.
En Países Bajos es obligatorio elaborar mapas de calor y frío en los municipios para determinar su viabilidad. Y hay amortizaciones fiscales aceleradas, como las que ya se aplican a las energías renovables, pero que aquí no se extienden a estas redes.
¿Qué papel juega la declaración de interés público para el desarrollo de estas infraestructuras?
Es fundamental. Las redes de calor y frío no han sido tratadas como se merecen. En España, el 50% del consumo final de energía es térmico -calefacción, agua caliente, refrigeración...- y el 80% de esa energía sigue dependiendo del gas. Solo el 2% está vinculado a redes de calor y frío. Hay un margen de mejora enorme.
Si hablamos de descarbonización, estas redes deben jugar un papel central, no solo porque ayudan a reducir emisiones, sino porque no todo se puede electrificar. El reconocimiento como infraestructuras de interés público permitiría, por ejemplo, realizar expropiaciones cuando sea necesario. Es una figura que ayudaría, especialmente en grandes rehabilitaciones o desarrollos nuevos. Pero también entiendo que es una medida que requiere un análisis profundo.
¿Y qué tecnologías están utilizando actualmente estas redes?
Hoy en día, el 80% de las redes existentes en España se basan en energías renovables, fundamentalmente biomasa. También se utiliza recuperación de calor residual -de industrias, centros de datos, plantas de tratamiento de aguas-, y en algunos casos energía solar térmica o geotermia.
En cuanto al frío, se usan fuentes como el agua de mar, como en el caso de Barcelona, que la emplea para climatización, o excedentes industriales como los de plantas de regasificación. Hay mucho potencial, aunque ahora el recurso principal sigue siendo la biomasa.
¿Cómo se puede incentivar la inversión en estas redes?
Con incentivos fiscales. Los proyectos son complejos, pueden tardar cuatro o cinco años en desarrollarse, y los plazos de comercialización y conexión de usuarios también son largos. La inseguridad regulatoria es un freno. Por eso sería útil contar con reducciones del IVA en el consumo, incentivos sobre el IBI, o amortizaciones fiscales aceleradas.
Francia y Alemania lo han hecho así, y con muy buenos resultados. París, tras la crisis de calor de 2003, apostó decididamente por la climatización urbana y es hoy un referente. Francia tiene unas 7.000 MW en redes, Alemania unos 26.000 MW. En España apenas superamos las 500 instalaciones con 1.600 MW.
¿A quién se dirigen estas redes principalmente, al usuario doméstico o al industrial?
A ambos. Pero para el usuario doméstico lo importante es el precio. Una red bien gestionada ofrece previsibilidad, algo que no tienen ni el gas ni la electricidad. Puedes saber cuánto vas a pagar en los próximos diez años. Además, puedes llegar a ahorrar hasta un 30% en calefacción. Es un mensaje muy potente. Pero también falta comunicación y pedagogía. Mucha gente -incluso en los ayuntamientos- no sabe qué son, ni qué ventajas tienen.
¿Se están incorporando en los nuevos desarrollos urbanos?
En algunos sí. Por ejemplo, en Madrid Nuevo Norte hay prevista una red de calor y frío. Pero no todos los desarrollos la están considerando.
¿Falta conocimiento entre los promotores inmobiliarios?
Desde ADHAC trabajamos para dar a conocer las ventajas de estas redes y fomentar la colaboración público-privada. Hay que incluirlas en los desarrollos desde la planificación inicial.
¿Qué papel tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos?
Un papel clave. Son propietarios del suelo en muchos casos, y tienen competencias urbanísticas y de planificación. Debería ser obligatorio que elaboraran mapas de calor y frío, y que integraran estas redes en los desarrollos urbanísticos. También gestionan permisos y licencias, con lo cual son imprescindibles.
¿Se han hecho ya estos mapas?
Sí, pero son antiguos y muy generales. Habría que actualizarlos. Con todos los desarrollos que hay, especialmente alrededor de Madrid, sería lógico que se incluyeran estas redes desde el principio.
¿Qué ocurre con las redes que aún funcionan con gasóleo o gas?
Es un caso distinto. Para edificios antiguos o barrios consolidados es más difícil introducir una red, aunque se pueden considerar soluciones individuales como bombas de calor. Las redes actuales de gas o gasóleo deberían actualizarse incorporando biometano o usando biomasa, para reducir emisiones.
¿Se están desarrollando nuevos proyectos?
Sí, hay varios en marcha. Algunos están siendo desarrollados por empresas privadas, otros por colaboraciones público-privadas.
¿Qué esperáis del marco regulatorio?
Que marque objetivos claros, que fije una hoja de ruta, que establezca obligatoriedad de conexión, que haya subvenciones e incentivos fiscales. No hay que inventar nada. Basta con aplicar las buenas prácticas. Tenemos todos los ingredientes para funcione.
¿Y qué esperan del PNIEC y de la transposición de las directivas europeas?
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya recoge las redes, aunque de forma muy poco ambiciosa. Lo importante ahora es desarrollar una hoja de ruta clara. Las directivas europeas de eficiencia energética y renovables exigen explícitamente que se fomenten las redes de frío y calor eficientes. La transposición de estas normas es una oportunidad.
¿Hay objetivos de despliegue hoy en día?
No, no hay objetivos vinculantes. No hay metas claras, ni exigencias de obligatoriedad, ni integración en la planificación territorial. Es imprescindible fijar objetivos cuantificables y medidas concretas para avanzar.
¿Qué modelo de desarrollo sería el más razonable para los municipios?
La mayoría de las redes se están desarrollando mediante colaboración público-privada, pero también hay redes promovidas directamente por ayuntamientos o por inversores privados. Todo depende del contexto. Pero lo importante es crear un entorno regulatorio que facilite el desarrollo de estos proyectos.