El Tribunal del distrito de La Haya se ha declarado competente para analizar un reclamación de 1.200 millones por daños ambientales contra la filial holandesa de Repsol por el desastre ecológico ocurrido hace más de tres años en Perú, abriendo la vía a una demanda colectiva.
La decisión, emitida el miércoles 21 de mayo, enfrenta a la multinacional española con un grupo de víctimas afectadas. La causa ha sido impulsada por el grupo ecologista Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR), con sede en Ámsterdam, que representa a 34.000 personas y entidades perjudicadas por el vertido.
El incidente tuvo lugar el 15 de enero de 2022, cuando se produjo un derrame de hasta 12.000 barriles de crudo durante la descarga de un buque en la refinería La Pampilla. La catástrofe afectó a 106 kilómetros de litoral y contaminó 21 playas.
La petrolera, representada por el despacho Freshfields, alegó que la corte neerlandesa carecía de jurisdicción, amparándose en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (CLC) de 1992, que establece que las reclamaciones deben presentarse en el país donde ocurrió el daño, es decir, Perú. También esgrimió que la normativa de la UE y el Código Procesal neerlandés no permitían procesar de forma conjunta a entidades con conexiones jurídicas insuficientes.
La acusación, liderada por el bufete Lemstra Van der Korst con el respaldo del despacho británico Pogust Goodhead, argumentó que el CLC no era aplicable, dado que el petróleo ya había sido transferido desde el buque y estaba en instalaciones terrestres, lo que excluye a los operadores de refinerías del ámbito del tratado. Además, apeló a directivas comunitarias que permiten imputar responsabilidades a la matriz por fallos de sus filiales, subrayando que Repsol Perú posee el 99,2% de La Pampilla y ejerce control operativo sobre sus actividades.
El tribunal consideró que, incluso si el CLC fuera aplicable, no excluye que la justicia neerlandesa pueda conocer del caso en lo relativo a Repsol Perú BV. Sin embargo, desestimó la posibilidad de incluir en el proceso a la refinería La Pampilla y a Repsol, al no hallar pruebas suficientes de implicación directa de la matriz en la gestión operativa que provocó el vertido.
La corte también rechazó la acusación de que SEFR estuviera eludiendo las normas holandesas sobre demandas colectivas (WAMCA), al considerar legítimo que la fundación actúe en representación de víctimas individuales que le han cedido sus derechos.
El proceso judicial continuará el próximo 18 de junio, cuando las partes deberán establecer el calendario de escritos y audiencias para la fase sustantiva del juicio.
Hasta la fecha, Repsol ha destinado más de 1.000 millones de soles (250 millones de euros) para las tareas de limpieza, remediación y compensaciones. La petrolera recuerda que con todas las mediciones de laboratorios acreditados y los resultados publicados en los reportes de las autoridades ambientales del Perú, el agua en el mar y las playas afectadas cumplen con los más altos estándares de calidad ambiental, tanto nacionales como internacionales, y son aptas para las actividades turísticas y pesqueras en la zona.
La empresa mantiene plena confianza en el desarrollo del proceso judicial y en que las demandas contra Repsol Perú B.V. también serán finalmente desestimadas, dado que carecen de fundamento legal, tanto en la forma como en el fondo.
Desde el inicio, Repsol ha asumido la responsabilidad de atender las consecuencias del derrame de petróleo ocurrido en Perú en 2022, remediando las zonas afectadas e implementando un proceso de compensación para todas las personas identificadas por el Gobierno del Perú en el Registro Único de Personas Afectadas.
A la fecha, el 99 % del total de personas identificadas ha suscrito acuerdos de compensación total. En los casos en que no se logró alcanzar un acuerdo, las personas afectadas siempre han tenido la posibilidad de recurrir al sistema judicial peruano, el cual Repsol considera el fuero con jurisdicción competente para resolver esta materia.
En 2018, el abogado Tom Goodhead asesoró en la demanda por fraude de las emisiones diésel de Volkswagen. Posteriormente, se unió a otro abogado que estaba representando a las víctimas del colapso de la presa de Mariana en 2015 en Brasil contra la corporación minera anglo-australiana BHP y ahora impulsan esta denuncia contra Repsol.
