El Gobierno español ha activado por primera vez la declaración de una crisis eléctrica en la Unión Europea. Esta medida es, en realidad, un mecanismo jurídico excepcional que permite a los Estados miembros intervenir el mercado eléctrico para proteger la seguridad del suministro y garantizar el interés general.
Esta figura, que hasta el momento no había sido activada formalmente en la UE, fue puesta en juego el pasado lunes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente al colapso del sistema eléctrico del país.
La base legal se encuentra en el Reglamento (UE) 2019/941 sobre la preparación frente a riesgos en el sector de la electricidad, una de las piezas clave del paquete legislativo europeo de Energía Limpia.
El texto define la crisis eléctrica como una situación en la que existe "un riesgo significativo de interrupción generalizada del suministro eléctrico" o una interrupción efectiva con consecuencias graves para la economía, la sociedad, la salud o la seguridad pública.
La declaración de una crisis eléctrica autoriza a los gobiernos a aplicar medidas que, en condiciones normales, serían incompatibles con el funcionamiento del mercado interior de la electricidad. Esto incluye la posibilidad de fijar precios, intervenir en el despacho de generación, priorizar el suministro a ciertos sectores críticos o incluso racionar la demanda.
Sin embargo, esta intervención no es completamente libre. El Estado miembro debe notificar de inmediato a la Comisión Europea, justificar las medidas adoptadas y garantizar que son proporcionales y temporales. Además, la Comisión puede emitir recomendaciones, exigir correcciones o activar mecanismos de coordinación si la situación afecta a más de un país, como ha resultado el caso al provocar también un corte de suministro en Portugal.
Planes de prevención y solidaridad
El reglamento europeo exige a cada Estado miembro contar con un Plan de Preparación frente a Riesgos, revisado cada cuatro años y coordinado con sus vecinos. Estos planes incluyen análisis de escenarios extremos, protocolos de actuación y mecanismos de alerta temprana. La prevención y la transparencia son pilares fundamentales: los Estados deben intercambiar información con sus homólogos y con la Comisión, incluso en fases previas a una posible declaración de crisis.
En caso de emergencia, también se activa un principio de solidaridad entre Estados miembros, que incluye medidas coordinadas para mitigar impactos transfronterizos. Esta dimensión regional es especialmente relevante en un sistema eléctrico interconectado como el europeo.
El precedente de la crisis energética de 2022
Aunque nunca se había declarado oficialmente una crisis eléctrica bajo este reglamento, la situación vivida tras la invasión rusa de Ucrania puso a prueba sus cimientos. Países como España y Portugal aplicaron medidas extraordinarias como el llamado "mecanismo ibérico" al gas para generación eléctrica. Otros Estados subvencionaron la demanda o intervinieron precios finales. Todo ello, supervisado por la Comisión, que permitió cierta flexibilidad ante la magnitud del desafío energético.
En septiembre de 2024, la Comisión Europea inició una consulta pública para evaluar la eficacia de dos regulaciones clave: el Reglamento sobre la preparación frente a riesgos en el sector de la electricidad (Reglamento (UE) 2019/941) y el Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas. Esta evaluación, que concluyó en febrero de 2025, podría servir de base para propuestas legislativas destinadas a reforzar la capacidad de respuesta de la UE ante crisis energéticas y entre ellas para una medida que se prepara para el próximo 6 de mayo donde se espera trazar un plan para abandonar el gas ruso.
Plan de preparación español
España además cuenta con el Plan de Preparación frente a los Riesgos en el Sector Eléctrico en España (PPR), un documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/941. Su objetivo es identificar los posibles riesgos que amenacen la seguridad del suministro eléctrico y definir medidas preventivas, de preparación y respuesta frente a crisis en el sistema eléctrico.
El PPR abarca todo el territorio nacional, incluyendo los sistemas eléctricos peninsulares y no peninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla), con especial atención a sus particularidades como sistemas aislados. Incluye medidas como la mejora del mallado de red, el desarrollo de interconexiones insulares y la implementación de almacenamiento energético.
El documento define una crisis de electricidad como una situación de escasez significativa de suministro. Para identificarla se utilizan indicadores como el ENS (energía no servida) y el LOLE (expectativa de pérdida de carga), clasificando la gravedad de la crisis según umbrales preestablecidos. La Autoridad Competente puede declarar una crisis y debe notificar a la Comisión Europea y, si procede, a terceros países vecinos.
Se han analizado 31 escenarios de crisis agrupados en nueve categorías: ciberataques, ataques físicos, fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, escasez de combustibles, fallos técnicos, errores de mercado, factores humanos y otros eventos. De estos, España ha seleccionado 10 como relevantes, descartando el resto tras evaluar su probabilidad, impacto y posible afectación transfronteriza.
El PPR también detalla los marcos normativos aplicables, tanto a nivel nacional como comunitario, y las funciones de los actores implicados: la Autoridad Competente, Red Eléctrica de España como TSO, y otros organismos como INCIBE, ENAGAS o AEMET.
Asimismo, el plan incluye procedimientos de actuación, desde acciones preventivas (como ciberseguridad, reservas de combustible o simulacros), hasta medidas correctivas y de comunicación en caso de crisis. Por último, establece mecanismos de consulta con agentes del sector y contempla simulacros periódicos, tanto operativos como de ciberseguridad, para probar y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico español.