Lejos de solventarse, el conflicto en torno a las plantas de cogeneración para el tratamiento de purines se acrecentó este jueves, hasta tal punto que el enfado de los independentistas y populares se trasladó a otra votación que parecía asegurada e impidió que saliese adelante la propuesta de creación de una Agenda Estatal de Salud Pública.
"Desde Junts estaremos hasta el final al lado de los agricultores y ganaderos catalanes y el Gobierno español debería empezar a entenderlo. Ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos catalanes", declaró la diputada Miriam Nogueras.
Según ha podido saber este diario a través de fuentes involucradas, el enfado es tal que algunos partidos se estarían planteando llevar la cuestión del veto a la enmienda hasta el Tribunal Constitucional.
Veto a las enmiendas
El pasado miércoles, tanto Junts como ERC vieron cómo la Mesa del Congreso vetó la tramitación de una enmienda que proponía prorrogar la vida útil de las plantas de cogeneración para el tratamiento de purines con el objetivo de que pudieran seguir cobrando la prestación de ayudas económicas. El motivo alegado consistió en entender que existía un veto presupuestario del Gobierno previo a su inclusión.
La enmienda a la Ley de desperdicio alimentario fue previamente pactada en el Senado por ambos partidos y salió adelante con el respaldo del PP en la Cámara Alta. Ante tales hechos, representantes de ambas formaciones presentaron sendos escritos ante la Mesa del Congreso, en los que se solicitaba la reconsideración del veto que impedía votar la enmienda. En consecuencia, los tres partidos –PP, Junts y ERC– solicitaron el aplazamiento de la votación de la ley hasta que el órgano que preside Francina Armengol resolviese los recursos presentados por independentistas y populares. Y este jueves a primera hora, el PSOE rechazó todas las demandas, dando así carpetazo a esta y otras enmiendas acordadas.
La negativa no sentó nada bien en el hemiciclo, donde se registró una notable subida de decibelios, así como golpes con la mano sobre los escaños.
Aprobada la Ley de desperdicio alimentario sin las citadas enmiendas, se vislumbra un hipotético recorrido judicial. Fuentes del Congreso consultadas por Servimedia señalan que las enmiendas ya fueron vetadas por el Gobierno en el Congreso, alargándose la disconformidad durante todo el trámite parlamentario; por tanto, el Senado habría incumplido la Constitución. Por su parte, el PP considera que ese argumento es "falso y jurídicamente absurdo", ya que "va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional".
Sea como fuere, lo cierto es que el futuro de cientos de familias ganaderas podría estar en peligro al no haberse incluido la enmienda dentro del texto aprobado.
