La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido como la de un elefante en una cacharrería. En su primer día de mandato, el nuevo presidente de Estados Unidos ha firmado un centenar de órdenes ejecutivas para impulsar la competitividad de la economía estadounidense, que revierten muchas de las decisiones de su antecesor Joe Biden en sus cuatro años de mandato y que afectan a diferentes sectores.
En materia energética destacan la salida de EEUU (por segunda vez) del Acuerdo de París; la suspensión de la emisión de permisos y préstamos para proyectos eólicos (tanto onshore como offshore); la paralización de créditos especiales y ayudas para la compra de vehículos eléctricos y cargadores eléctricos, así como el permiso concedido a California para prohibir la venta de coches de gasolina en 2035; el compromiso de recuperar la posición del país como productor líder de tierras raras y otros minerales estratégicos; así como la declaración de la Emergencia Energética Nacional, poniendo el foco en el fracking, con la intención de convertir a EEUU en el mayor productor de petróleo y gas del mundo. Aunque desde Julius Baer afirman que "la desregulación no provocará un auge de las perforaciones", sí abre las puertas a que las empresas extraigan petróleo de zonas que hasta ahora estaban vetadas, como es el caso de Alaska.
Otro de los asuntos en los que Trump ha decidido intervenir es en acabar con la suspensión temporal para otorgar nuevas licencias a la exportación de gas natural licuado (GNL) a países con los que Estados Unidos no tiene un Acuerdo de Libre Comercio y que Biden dispuso en enero de 2024 con el objetivo de analizar su impacto en la economía del país, los hogares y consumidores estadounidenses, las comunidades que viven cerca de lugares donde se produce o exporta gas natural, la seguridad energética nacional e internacional, y el medio ambiente y el clima.
El estudio, que finalmente vio la luz el pasado mes de diciembre, es muy claro al respecto y refuerza el hecho de que las autorizaciones para la exportación de GNL no son sostenibles ni aconsejables. El documento refleja que las cantidades aprobadas para la exportación, y que equivalen aproximadamente a la mitad de la producción total actual de gas natural de EEUU, son más que suficientes para satisfacer la demanda mundial de GNL estadounidense en las próximas décadas.
Una cuestión con la que Trump deja claro que no está de acuerdo tras tomar la decisión de levantar la moratoria a las exportaciones de GNL y que podría allanar el camino para casi 100 millones de toneladas métricas anuales (MTPA) adicionales de GNL para 2031. Varias empresas que desarrollan proyectos en Texas y Luisiana, como Cheniere Energy, Commonwealth LNG y Energy Transfer, han celebrado esta decisión, afirmando que ayudará a acelerar la construcción de sus proyectos.
Aunque las exportaciones de GNL generan riqueza para los propietarios de las instalaciones de exportación y crean empleo en toda la cadena de suministro de gas natural, el documento recoge que levantar completamente las restricciones provocaría que los precios de la energía en el país se disparasen un 30%.
Facturas más caras y mayor contaminación
Este aumento de los precios, según el texto, afectaría tanto a las familias como al sector industrial. Concretamente, las exportaciones sin restricciones de GNL incrementarían los costes energéticos de cada hogar estadounidense en más de 120 dólares al año de media para 2050, una circunstancia que complicaría aún más la situación de los hogares con ingresos medios y bajos que ya enfrentan facturas de energía demasiado altas por el efecto dominó que supuso el aumento de los precios de la energía a nivel nacional y mundial desde la pandemia.
En el caso de las empresas, el Estudio señala que los costes energéticos generales para el sector industrial aumentarían en 125.000 millones de dólares entre 2020 y 2050, lo que daría lugar a posibles aumentos adicionales de los precios de una amplia gama de bienes de consumo.
Respecto a los efectos que el incremento del volumen de exportaciones de GNL podría tener en la salud de los habitantes de las comunidades donde se concentran las instalaciones de gas licuado, el estudio refleja que afectaría negativamente a la calidad del aire, ya que los contaminantes como el metano, compuestos orgánicos volátiles, partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno, entre otros, conducen a tasas de mortalidad más altas en las comunidades donde se extrae y procesa petróleo y gas, un problema que, en ausencia de una intervención regulatoria, solo empeoraría.
En relación al impacto climático de las exportaciones de GNL, el estudio muestra que si la potencia exportadora de EEUU se libera sin control, unos precios más bajos a nivel mundial desplazarán más energías renovables que carbón a nivel global, llevando a un aumento de las emisiones globales y provocando un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. Concretamente, las emisiones directas anuales asociadas con las exportaciones en 2050, sin considerar los efectos de mercado del gas exportado, serían de 1,5 Gt de CO2 equivalentes o un poco más del 25% de las emisiones anuales actuales de gases de efecto invernadero de EEUU.
El estudio recomienda que los proyectos de GNL de gran envergadura sean objeto de un escrutinio especial, ya que un proyecto que exporte 4.000 millones de pies cúbicos al día, generaría por sí solo más emisiones anuales de gases de efecto invernadero que las que generaron 141 países del mundo en 2023. El texto también recoge la importancia de tener en cuenta hacia dónde se dirigen las exportaciones de GNL y si se pueden usar barreras de protección específicas para proteger el interés público.
Tras la publicación del estudio, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) abrió un periodo para la presentación de comentarios, que finalizaba el próximo 18 de febrero pero que ha ampliado hasta el 20 de marzo. Según Reuters, han sido los propios asesores de Trump los que han recomendado una prórroga en el periodo de comentarios para dar tiempo a los intereses en favor del GNL a impugnar el Estudio y ayudar a frustrar cualquier demanda potencial cuando aprueben los permisos de exportación pendientes.
