Madrid
El impago de certificados de biocombustibles alcanzó los 251 millones de euros hasta el tercer trimestre de 2024, según se desprende de los resultados provisionales para el periodo que ha publicado el Ministerio de Transición Ecológica y ha confirmado el propio departamento.
De esta manera, el déficit de 581 millones de euros que se registró durante 2023 muestra síntomas de enfriamiento, al menos hasta septiembre del año pasado y a la espera de conocer los datos definitivos a cierre de ejercicio. La reducción muestra los frutos de las actuaciones del Ejecutivo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que han venido redoblando los esfuerzos para perseguir el déficit de certificados de bios, que se presenta como el gran agujero fiscal en el sector de los hidrocarburos junto al impago del IVA en la gasolina y el diésel.
La normativa establece un peso de estos carburantes verdes en las ventas y, de no obtenerse o no acreditarse, las operadoras deben realizar un pago compensatorio al Estado. Esos pagos -los certificados- son gestionados a través del Sistemas de Certificación de Biocarburantes (Sicbios), bajo la dirección del Ministerio de Transición Ecológica -Miteco-.
En el conjunto del año pasado, el departamento que dirige Sara Aagesen notificó que se impagaron títulos por valor de 581 millones, lo que hizo saltar las alarmas en el sector por encontrarse ante un presunto incumplimiento sistémico.
En cuestión de un año, este tipo de actuaciones irregulares se habían incrementado un 600% con respecto al ejercicio anterior -que anotó 95 millones de déficit-, lo que muestra que, pese a la reducción, las infracciones se mantienen en cifras elevadas.
Desde entonces, el Ejecutivo tomó cartas en el asunto y el pasado julio elaboró una nueva normativa en la que, entre otras medidas, incluyó la elaboración de certificados provisionales cada trimestre -el cual ha arrojado la cifra de los 251 millones de euros de déficit- y la posibilidad de ejecutar pagos de compensación anticipados.
Además, el Miteco elevó las multas a quienes incumplan sus obligaciones y daba opciones para inhabilitar al infractor, una práctica con el objetivo de evitar la proliferación de las compañías que presuntamente han incurrido en las faltas.
En concreto, aquellas firmas que no alcancen el 60% de sus obligaciones de incorporar biocarburante pagarán casi 2.029 euros por certificado deficitario; las que dejen esa ratio entre el 60% y el 75% desembolsarán 1.785,3 euros y aquellas por encima del 75% liquidarán ante el Estado 1.623 euros por certificado deficitario.
Inspeccionadas por Cores
Hasta el tercer trimestre, el porcentaje medio de cumplimiento de las 78 compañías incluidas en el informe del Miteco para este periodo alcanzó el 82% y arrojó un déficit provisional de 123.720 certificados.
El Miteco no ofrece los datos desglosados por cada una de esas compañías, entre cuyos contribuyentes se encuentran la mayor parte de las empresas del sector. Tanto las grandes firmas como Repsol, Cepsa -ahora Moeve- o BP; como también compañías que han sido inhabilitadas por la CNMC por supuestas actuaciones ilícitas como Villafuel -vinculada al conseguidor de la trama Koldo, Víctor Aldama-; MedOil o MarTankShip.
Estas últimas empresas, junto con otras 10 firmas, no mandaron datos oficiales de déficits de certificados al Miteco y han sido inspeccionados de oficio por Cores, la entidad central de almacenamiento de hidrocarburos, que ha complementado la información, destacan fuentes conocedoras.
Además del presunto incumplimiento, las petroleras independientes también consideran que el sistema Sicbios para remitir los certificados es "poco amigable" para las empresas que quieren ejecutarlo debido a la complejidad del mismo, lo que también genera que haya compañías que fallen a la hora de contabilizar sus obligaciones.
La CNMC intensifica el control
Desde finales de 2023, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2023, las autoridades han dado de baja a 20 operadores de hidrocarburos, de los que 17 han sido inhabilitados por incumplimiento de la normativa sectorial, según los datos publicados por la CNMC. En este sentido, el organismo que dirige Cani Fernández ha alcanzado el récord de documentos analizados de los últimos 25 años, con 1.539 escritos revisados, frente a los 1.171 del ejercicio anterior.
El motivo, destaca Competencia, está en que el organismo ha observado nuevos tipos de contratos y servicios que han hecho poner la lupa a la CNMC, especialmente en lo referido a las entradas de productos en el sistema español y operaciones de compraventa dentro de las terminales de almacenamiento.
Las operaciones más supervisadas fueron las cesiones de capacidad y la compraventa de tanques.
Los almacenistas y operadores logísticos son agentes clave para la CNMC. Gracias a su actividad y a la información que suministran, el regulador puede verificar la actividad de sus clientes, detectar actuaciones contrarias a la Ley de Hidrocarburos y advertir posibles fraudes de agentes que participan en la comercialización de carburantes.
Subida de precio en los pagos 'bios'
Para incrementar el uso de biocarburantes, el Miteco elevó el pasado julio desde los 1.623 euros a 2.029 euros el coste de los certificados que utilizan los operadores petrolíferos para cumplir con los objetivos de mezcla obligatorios. De esta manera, el departamento que por entonces dirigía Teresa Ribera buscaba acabar con los incentivos a la compra de certificados, que resultaban más baratos que utilizar biocarburantes al tener un menor precio.
Esto se debe a que estos productos generan, de media, un ahorro del 81,7% de los gases de efecto invernadero. La regulación europea establece que las energías renovables deben representar al menos un 29% de la demanda para transporte al final de la década.
