Madrid
Galicia ha pasado de tener la primera posición en desarrollo renovable a la cuarta, según explicó Paula Uría, directora general de Energías Renovables y Cambio Climático de la Xunta de Galicia durante el foro empresarial "Desarrollo renovable en Galicia: La seguridad jurídica de las inversiones", organizado por elEconomista.es. A esta foto general, las empresas del sector tienen una explicación particular: la judicialización de los desarrollos ha paralizado más de 2.600 MW de proyectos ya tramitados. Con estos mimbres y una modificación del canon eólico que cobrará a los parques por potencia y no por tamaño, las compañías reunidas en el foro han denunciado sentirse "agredidas" por parte de las instituciones para llevar a cabo sus proyectos en la comunidad autónoma.
"La actividad de promoción y desarrollo [en Galicia] tiene mucho riesgo. Más del normal", sintetizó Carlos Melón, socio de Ramón y Cajal Abogados. Los trámites y documentos necesarios para activar un parque renovable son, por lo general, extensos y deben recoger información rigurosa y detallada sobre los proyectos. "El riesgo normal que se asume ahora está exacerbado por la posición jurisdiccional. El inversor lo percibe como hostil. Y no es una crítica, es una descripción objetiva", detalló Melón.
Ralentizar desarrollos industriales no sería problema de no ser por las ingentes cantidades de recursos que requieren y la serie de hitos que se deben cumplir con las diferentes administraciones para llevarse a cabo. Estos, en paralelo, acarrean sus propios tempos que también se deben cumplir. Ante esta falta de visibilidad, muchas empresas deciden detener sus inversiones. "Hablamos de una desconfianza de mercado brutal", explicó Beatriz Mato, CSO & Corporate Development de Greenalia.
Esta inseguridad se transmite a la financiación de los proyectos. "Al presentarse ante una entidad financiera lo primero que te preguntan es dónde quieres desarrollar. Si es en Galicia les genera desconfianza. En Greenalia tenemos proyectos en muchas geografías, pero evidentemente nos cuesta mucho defender nuestra fiabilidad [en Galicia] a los bancos y tecnólogos", sentenció.
Aunque la situación de incertidumbre se remonta a los juzgados, donde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial relativa a las autorizaciones para construir parques eólicos; desde la Xunta de Galicia han elaborado una serie de normas que también preocupan a los promotores.
"Hay nueva legislación donde la mejor noticia es la unión del área medioambiental con la energía. Pero también oímos cosas como la obligación a repotenciar, el cambio de impuestos que gravará la altura de los molinos [lo que pasará de afectar a los molinos antiguos a implicar un pago por parte de una proporción mayor de parques]. Desde el sector nos sentimos agredidos", anotó Joaquín García-Boto, director de Promoción de EDP Renovables España. "[En Galicia] tenemos mucho viento. Se pueden hacer muchas cosas, pero cada vez se nos complica más la vida", continuó.
Muchos de los proyectos energéticos son llevados a cabo por grandes grupos multinacionales, debido a la envergadura en capital que requiere un parque energético. Estas compañías tienen un amplio abanico de posibles destinos en los que invertir y, en caso de complicarse, ese desembolso puede emigrar a otros destinos. "Si cada vez es más difícil, igual hay que invertir en otro sitio. A mí me da mucha rabia porque llevamos más de 20 años aquí, pero es que ahora mismo no podemos hacer nada", indicó García-Boto. Y advirtió: "[Detener el desarrollo renovable] puede ser matar a la gallina de los huevos de oro. Es la mejor oportunidad que ha tenido Galicia de convertirse en la Arabia de Europa".
En esta misma línea se expresó Carlos Saá, project manager de la empresa del acero Russula, quien para buscar inversión asume plazos desligados por completo de los que afrontan a día de hoy los parques energéticos: "Hay que asumir compromisos a 5 o 6 años vista, pero un parque eólico tarda de 8 a 10 años". Estos planes, que en muchas ocasiones requieren de grandes socios internacionales, cuesta ser explicado. "Aquí [en España] nos hacemos eco de estos asuntos, pero explicárselo a un inversor extranjero es ciencia ficción", apuntó.
Esto pone en tela de juicio la competitividad de Galicia. Saá lo explicó con el ejemplo de un desarrollo en Galicia y otro en Portugal: "Aquí un proyecto inició su desarrollo en mayo de 2019 y se esperaba que la tramitación terminase en 2027, con suerte. En junio de 2019 en Portugal otro proyecto comenzó a promoverse y se puso en vigencia en diciembre de 2023. Y Portugal está al lado y tenemos el mismo precio de la energía"
Uría, la directora general de Renovables de la Xunta, expuso que la administración gallega facilitará un proceso de retramitación de los proyectos eólicos parados y, además, han reactivado el Plan Eólico de Galicia. No obstante, estas iniciativas tardarán un tiempo que ni las empresas ni los ambiciosos objetivos de descarbonización pueden permitirse. "El mejor plan eólico gallego son los [más de] 2 GW judicializado. Pongamos el foco en resolver eso", señaló Daniel Fernández, director de Regulación, RRII y Comunicación de Engie. "No es solo un debate de Galicia. Desde un foco nacional, cabe pedir que premie el interés general. Si desarrollar una industria más competitiva es una prioridad en el país, resolvamos ese bloqueo", aseguró.
"Hoy es un problema gallego, pero puede trasladarse a otras comunidades"
El panorama fiscal para las compañías de renovables gallegas se complica con la implementación de nuevos cánones. Además, la patronal eólica, AEE, también criticó duramente la "expropiación" que supone la propuesta de la Xunta de que los promotores estén obligados a firmar acuerdos a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con empresas gallegas.
Fernández argumentó que, desde esta perspectiva, "es complicado mantener un discurso optimista. Esto amenaza la consecución de los objetivos nacionales de descarbonización. Hoy esto es un problema gallego que puede trasladarse a Aragón o a la Comunidad Valenciana".
El directivo de Engie aseguró que los promotores buscan desarrollar las infraestructuras energéticas para las regiones, las industrias y los municipios. "Y hace falta puntos de encuentros o soluciones concretas sobre la mesa", reclamó. Esto se resume en que la falta de eólica en Galicia revierte en el futuro de la región: "Cero eólica en Galicia es cero futuro, cero descarbonización y cero energía barata. Y eso nos debería de preocupar a todos los actores públicos y privados", sentenció.
Por otro lado, Fernández hizo referencia a la proliferación de acuerdos de compraventa de energía (PPA) en España. "Es un mecanismo que hace que la demanda y la oferta se encuentren sin necesidad de regulación y estamos a la vanguardia de Europa. Pero el gran reto es, ¿de qué vale firmar un PPA si no sabemos si esos activos se pueden construir o si al buscar financiación no hay certeza de que esa energía competitiva esté encima de la mesa? De faltar esto, tampoco genera certezas sobre la competitividad de los productos que se ofrecen a los clientes".
"Explicarle a un inversor la situación de Galicia es ciencia ficción. Hay tensión para la financiación"
Explicar la situación de Galicia a inversores extranjeros es cuestión de "ciencia ficción", afirmó Saá. "Hay que recordar que el desarrollo [de proyectos energéticos] cuesta muchísimo dinero, tanto al promotor como al consumidor. Parece una obviedad, pero necesitamos recursos y no sabemos ni cuándo, ni con quién vamos a obtenerlos. Y el banco nos dirá que cuando lo tengamos claro que volvamos", ironizó el project manager de Russula.
La competitividad se plantea como el foco principal en este contexto de dificultad. "Hay que recordar que Marruecos está al lado. Algún inversor con una ventana de oportunidad de 3 años, en lugar de esperar 6 o 7 años para un desarrollo energético, puede irse".
"Ya hay un auto judicial que hace prevalecer el interés público de las plantas renovables"
Melón comentó que se da una situación paradógica, que es que plantas de mayor capacidad, cuya tramitación corresponde a la administración central, tienen una interpretación judicial diferente a las que se circunscriben al ámbito de aplicación de Galicia. "Se interpreta exactamente al revés", resumió. En opinión del jurista, debería prevalecer el interés público superior en las resoluciones. A este respecto, Melón aseguró que ya existe un auto del 6 de noviembre por el cual se hace referencia a ese interés prevalente: "Ahí los que somos optimistas vemos un resquicio para que esa oposición se convierta en tendencia mayoritaria y se aprecie lo que se hace en otros casos".
"El fallo del TJUE puede afectar con carácter retroactivo a los procedimientos ambientales"
"Galicia tiene anunciados más de 32 proyectos industriales potentes, que la colocarían como una referente, aunque no se si tienen intención de continuar. Porque todos esos proyectos de 6.000 millones de inversión y 14.000 trabajos van a necesitar nueva energía, nuevos proyectos eólicos", explicó Mato. En este contexto, la directiva de Greenalia se preguntó hasta cuándo puede mantenerse la situación, incluso con la Xunta de lado de los desarrolladores, con el bloqueo de los proyectos en los juzgados gallegos. "Ahora la picota está en el TJUE y esperemos que el sentido común impere. Su deliberación puede afectar, y quizás con efecto retroactivo, a todos los procedimientos ambientales que se han ido elaborando", alertó la CSO & Corporate Development de Greenalia.
"Retramitar planes es la única alternativa y supone ceder, porque ya nos habían dado el visto bueno"
La retramitación de proyectos autorizados que estén bloqueados se presenta como una de las grandes esperanzas que tienen los desarrolladores para poder evitar perder gran parte del arduo trabajo que ya han realizado en dar salida a los planes ambientales de los desarrollos renovables. "Probablemente sea la única opción", detalla García-Boto. "Entiendo que no se trata de empezar desde cero (...), pero parece que [aceptar esa opción] significa ceder. Si hemos hecho todo y nos han dicho ya que [la tramitación] está bien, ¿por qué tenemos que volver a remitirla?", se preguntó el directivo de EDP Renovables.
No obstante, desatascar los desarrollos parados es solo una de las incógnitas que afrontan las renovables gallegas. "¿Vamos a tener un marco fiscal estable?, ¿me obligarán a cerrar?, ¿voy a poder vender la electricidad en el mercado?", se cuestionó. El desarrollo de estos negocios asumen gran cantidad de riesgos que, además, están fuera del control de los desarrolladores. Es el caso de los hitos renovables, ventanas de tiempo en las que las compañías deben poner a operar las plantas o, de lo contrario, pierden los permisos de evacuación de electricidad a la red y deben iniciar el proceso para instalar capacidad renovable "desde la casilla de salida". "El panorama se complica mientras la Unión Europea nos pide hacerlo ágil", añadió.
En este sentido, y con respecto a la potencial obligación de suministrar energía a las compañías dentro del territorio gallego, desde EDPR pidieron que las intervenciones del mercado corrijan los desequilibrios y no incluyan nuevas trabas. "Hay que dejar que la oferta y la demanda funcione y [hasta ahora] lo estaba haciendo razonablemente bien".