Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere ponerse seria con las comercializadoras para evitar quiebras de compañías que hagan tambalearse el sistema. El organismo que dirige Cani Fernández ha propuesto aumentar las barreras de entrada de las empresas dedicadas a esta actividad y ha pedido incrementar los requisitos para actuar en la red española. En este sentido, la CNMC ha puesto como ejemplo disponer de un capital social mínimo de 100.000 euros como en otros países europeos para poder operar, o establecer un "capital objetivo" para cubrir posibles riesgos financieros como en Reino Unido, habida cuenta de garantizar que las empresas cuenten con fondos suficientes antes de operar. Esto se sumará al aval mínimo de 300.000 euros para cubrir los costes de los peajes, un plan que también incluyó el Ministerio de Transición Ecológica en su propuesta para la modificación del Real Decreto de suministro y contratación.
Con esto, la CNMC pretende que las compañías que suministren electricidad mejoren su pedigrí, motivo por el cual pide demostrar experiencia o estar asistida técnicamente por una empresa acreditada para poder ejercer sus actividades en el mercado eléctrico.
Además, Competencia recomienda reinstaurar un régimen de autorizaciones previas para los comercializadores, similar al que existe en otros países europeos como Portugal, Francia o Reino Unido. Esto implicaría que las empresas deben obtener el sí antes de iniciar su actividad, garantizando que cumplen con todos los requisitos técnicos, económicos y legales establecidos.
Otra de las modificaciones que propone la CNMC es el de la obligación de las comercializadoras a gestionar por cuenta propia, con los correspondientes costes y posibles errores de desvíos, instrumentos de cobertura de electricidad a largo plazo. El organismo considera que existe un riesgo de que la carga sobre las empresas de estos riesgos podría desincentivar la oferta de estos servicios, por lo que propone eliminar este cargo y permitirles trasladar el coste a los usuarios, aunque el coste no pueda ser superior al de los clientes que no estén sujetos al largo plazo. De esta forma, la CNMC podría supervisar que las condiciones ofrecidas corresponden a un entorno competitivo e iniciar las actuaciones oportunas en caso contrario.
El regulador hace referencia a la gran cantidad de comercializadoras existentes en el mercado español. Según el organismo, España suma 243 empresas dedicadas a esta actividad; frente a 60 de Reino Unido, 58 de Países Bajos o 53 de Francia. Por otro lado, las medidas propuestas también ayudarían a recortar el número de operadores fantasma, firmas sin actividad ni cartera de clientes que cuentan con licencia para operar como suministradora, pero que no ejercen como tal.
Durante los últimos años, merced a la volatilidad de precios, muchas de las compañías del mercado se hundieron. La mala gestión en esos casos provocó que muchas se pusieran en riesgo financiero y causaran quiebra, "transfiriendo los costes de los impagos a otros sujetos del sistema, finalizando de manera anticipada sus contratos con sus clientes, y forzándoles a tener que contratar con otros comercializadores en el peor escenario de la crisis", destaca Competencia.
Prohibición de las llamadas telefónicas
Por otro lado, el regulador también secunda la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de prohibir las llamadas telefónicas no solicitadas —es decir, salvo petición expresa del cliente— para fomentar el cambio de compañía. Además, plantea que la prohibición sea extendida a la figura del agregador independiente.
"Se considera que la existencia de algunas llamadas engañosas no fomentan la competencia, sino que generan una desconfianza mayor por parte de los consumidores ante los mensajes engañosos que reciben", sentencia el regulador.
Esta propuesta ha contado con un voto particular negativo de Josep Maria Salas, consejero de la CNMC, quien ha considerado que la "protección del consumidor tiene su máxima expresión en promover la competencia efectiva en el mercado de la comercialización de la electricidad" capar la publicidad de las comercializadoras y considera que "discrimina positivamente a las empresas que no han incurrido en mala praxis e, incluso, aquellas que habiendo incurrido se comprometan a dar fin a la conducta".
Con esto, el consejero recoge las quejas de muchas de las pequeñas comercializadoras que consideran que este lastre a su actividad comercial supondrá una merma en su capacidad de captar nuevos clientes.