Foment del Treball teme una reducción de la Obra social de la Caixa por el impuestazo

  • Cifra en 15.000 millones el crédito que hay en riesgo en Cataluña
Josep Sánchez Llibre

Foment del Treball asegura que el impuestazo para las energéticas y la banca puede poner en riesgo la acción de la Obra Social de la Fundación La Caixa, que recientemente selló un acuerdo con el Govern de la Generalitat para destinar 225 millones en acciones sociales, culturales de educación e investigación durante este ejercicio en Cataluña, un 20% más.

La patronal catalana añade que mantener ese gravamen desincentiva el crédito, que lleva quince años sin crecer en España. Con este telón de fondo, el crédito será más escaso para las empresas y provocará la deslocalización de actividades más globales del sector financiero, que actualmente aportan valor añadido, ingresos, inversión y puestos de trabajo cualificado.

La aprobación de un impuesto permanente a la banca tiene en Cataluña, según Foment del Treball, un impacto directo inmediato de cerca de 15.000 millones de euros, vía restricciones de crédito para inversiones productivas y pérdida de valor de las entidades financieras impactadas.

La perpetuación del impuesto tendría así un impacto negativo real en la concesión de crédito. Esta cifra de 15.000 millones de euros viene de la estimación de que habría 9.500 millones de euros menos en crédito en Cataluña para financiar inversiones productivas. Esto significaría menos inversión, menos competitividad, menos crecimiento y menos creación de empleo, en un momento clave, como apunta el informe Draghi y también el informe Letta, que indican que la pérdida de unidad de mercado está cifrada en un 10% del PIB.

Por otra parte, como ha advertido el BCE, el establecimiento de un impuesto lastra a los bancos en Bolsa. El Instituto Español de Analistas calcula un efecto negativo en la valoración de los recursos propios entre el 13% y el 14%, pero podría llegar a un 22%. Esto implicaría una pérdida de valor para los accionistas de las entidades catalanas de 6.300-6.800 millones de euros, que podría alcanzar los 11.000 millones de euros en función de las características finales de los impuestos.

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