El Ministerio de Transición Ecológica quiere poner coto a la especulación con las peticiones de puntos de acceso para la demanda eléctrica que ascienden ya a más de 30.000 MW, cerca de un tercio correspondientes a proyectos de centros de datos. Para ello, al igual que para la instalación de energías renovables, el Gobierno se está planteando imponer un sistema de concursos que permitan acceder a los mismos a aquellos proyectos industriales que cuenten con una mayor viabilidad o dilucidar que petición de acceso puede tener una mayor viabilidad ante una concurrencia de varias solicitudes en las mismas zonas.
De este modo, el departamento que todavía dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, pretende evitar un escenario que ya se produjo con las renovables y que provocó que la reventa de dichos puntos de acceso encareciera el coste de las energías verdes, así como los constantes recursos que se están presentando en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para reivindicar o defender sus accesos.
Ahora, Transición Ecológica quiere evaluar la solvencia de las compañías y dilucidar las aportaciones a la economía del país de los proyectos para otorgar los correspondientes permisos de acceso.
Con este medida, el Ejecutivo quiere controlar el desarrollo de las redes para evitar que una inversión masiva acaba incrementando notablemente el coste de la energía. S&P indicaba esta pasada semana que Europa necesita invertir del orden de 100.000 millones anuales para poder evitar la congestión que puede provocar una rápida instalación de renovables.
España cuenta en estos momentos con proyectos de inversión industriales por más de 25.000 millones de euros. Asimismo, la cantidad de centros de datos y proyectos de hidrógeno que aspiran a instalarse en España obligan a un mayor esfuerzo en la planificación energética para acompasar el crecimiento de la generación y el de la demanda.
El Gobierno puso en marcha el pasado mes de diciembre una revisión de la actual Planificación energética y ya ha mantenido varias reuniones con las Comunidades Autónomas para evaluar las peticiones correspondientes.
