Madrid
Mejora de las redes, fortalecimiento de la industria y seguridad jurídica. Son las tres patas que han destacado los directivos de las principales firmas energéticas en España como claves para desbloquear la ola inversora necesaria para descarbonizar la economía. Estas son unas de las conclusiones de los ejecutivos más relevantes del sector energético en la primera mesa del IX Foro de Energía de elEconomista.es, que tuvo lugar ayer en el Hotel Four Seasons de Madrid.
El sector gasolinero sufre especialmente de las prácticas fraudulentas para cumplir con sus objetivos. Las prácticas ilegales con los carburantes, por el cual hay establecimientos que no pagan el IVA en los hidrocarburos que ofrecen -a un precio menor que el de la competencia que sí paga el gravamen-; ha sido denunciado por las principales petroleras españolas y ha sido calificado de "crimen organizado" por el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar.
Olvido Moraleda, presidenta de BP en España, aseguró que esta práctica ya supone más del 25% de las ventas del sector de combustibles en España y ha estimado que lo practica un 10% de las estaciones de servicio de las 12.000 que hay en el país, es decir unas 1.200, que pueden ofrecer así los combustibles más baratos. Esto "limita y merma nuestra competitividad", aseguró la presidenta.
Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dicho que el fraude en los carburantes no es sólo un tema económico, sino de "seguridad nacional". Se calcula que el fraude tiene un coste anual para las arcas públicas de en torno a 1.000 millones de euros e Imaz ha señalado que con el coste anual del fraude "masivo y organizado" en el IVA en los carburantes se harían diez hospitales al año. Por otro lado, los dirigentes del sector gasolinero han puesto de relevancia el impago de los certificados de biocombustibles.
Mediante esta práctica, no se realiza el pago compensatorio por incumplir la obligación de mezclar los carburantes fósiles con los biocombustibles, con menor impacto medioambiental. Estos impagos se cuantifican en 581 millones de euros.
En este sentido, el máximo ejecutivo de Repsol indicó que las emisiones que se han vertido a la atmósfera debido al fraude tira por tierra el esfuerzo público realizado en el despliegue del vehículo eléctrico, cuyo parque se estima en torno a los 450.000 vehículos, así como su ahorro en emisiones.
"El fraude de los biocombustibles supone que ampliemos las emisiones de CO2 que se produce por todo el parque español", aseguró Imaz, que también afirmó que el ahorro de emisiones del parque automovilístico eléctrico está "compensada" por las empresas que incumplen la normativa de los biocarburantes.
Redes, industria y seguridad jurídica
La energía necesita una infraestructura que sostenga la nueva demanda. Sobre todo en el caso de la electricidad, que deberá surtir la sed energética de grandes industrias descarbonizadas. Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola, abrió el turno de intervenciones asegurando que España se había centrado mucho en el aumento de la capacidad de energías renovables y poco en la mejora de las redes de distribución y transporte. "Tenemos excedentes, la solución no es sacar de la red los proyectos fotovoltaicos, sino fortalecer la red para poder implantar esa energía", indicó.
Ruíz-Tagle explicó que la planificación de la red debe cambiar para amoldarse al nuevo contexto de más demanda y la necesidad de mayor rapidez. "El problema en la planificación es que si un industrial quiere entrar en la red, yo le tengo que decir que lo incluyo en un planeamiento que vendrá en los próximos años. En cinco años esa industria estará en otro mercado", aseguró. Esto unido a la falta de agilidad en los procesos burocráticos dificulta la llegada de la nueva demanda.
José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha indicado que aunque la administración se hace cargo de las reclamaciones de las empresas, la firma ha tenido que rechazar una gran cantidad de proyectos de centros de datos y nueva industria por falta de capacidad en la red. "En Endesa hemos rechazado 4.000 megavatios (MW) de renovables", además de miles de MW más de nueva industria y centros de datos porque la red no es lo suficientemente ágil para incluirlos.
En este sentido y, con respecto a la salida en los próximos años de la generación nuclear del sistema eléctrico por el cierre promovido por el Ejecutivo, Bogas ha indicado que la transición energética debe de ser "pragmática". "Yo estoy alineado [con los objetivos del Gobierno], pero intelectualmente discutimos", explicó.
No obstante, además de atraer nueva industria, España ya cuenta con unos bastos polos que necesita ser reforzada. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, afirmó que el momento es "interesante", ya que las empresas quieren invertir. Sin embargo, para desarrollar dichos desembolsos, los actores deben de jugar con las mismas reglas que en el terreno internacional. En este sentido, ha hecho referencia a la necesidad de extinguir el gravamen extraordinario a las energéticas: "Cuanto antes desaparezca y tengamos una situación normalizada, más aceleramos la inversión en el país".
También existen opciones importantes para fomentar la inversión, como el Pacto Verde Europeo. Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, considera que estas iniciativas son "una gran oportunidad" para la industria, ya que cree que la economía "no solo puede basarse en el sector servicios". "Necesitamos una industria sana en el mundo. Pero sí que creemos que esa industria debe ser verde, o no será", concluyó Wetselaar.
En esta misma línea, Olvido Moraleda, presidenta de BP España, aseguró que la transición energética no solo debe basarse en inversiones en nuevas tecnologías, sino también en reforzar las actuales. Además, ha solicitado a la comunidad europea que pase de la regulación a los hechos tras una legislatura de muchos cambios normativos: "Hay que crear entornos para que las empresas que queramos invertir lo podamos hacer de manera acelerada".
Estas inversiones acarrean riesgos. Por ejemplo, en el sector eléctrico, el despliegue de renovables ha hecho caer los precios mayoristas. Pedro Vasconcelos, CEO de EDP España, cree que mejorar la retribución y la capacidad de aumentar las redes en la península ibérica debe ser una prioridad para la nueva Comisión Europea, cuyo reto "no es hacer más regulación, la cual ya tenemos, sino pasar a la acción" e implementar incentivos.
En cualquier caso, el nuevo esquema de precios amenaza con quedarse en niveles bajos en los próximos años. Esta volatilidad hace imperativa la necesidad de "evolucionar la manera de retribuir la generación", sostiene Loreto Ordóñez, CEO de Engie España. "Necesitamos mercados de energía y capacidad que aporten la flexibilidad a esta volatilidad de precios".
Ordóñez ha resaltado la relevancia de los sistemas de almacenamiento energético, una tecnología clave para dar estabilidad a los precios del mercado eléctrico. Para ello, la directiva de Engie en España ha indicado que el sector requiere de un mercado de capacidad, que pague por los MW instalados. "La rentabilidad de las baterías no sale. Necesitamos algo más y ese algo más son los mercados de capacidad", sentenció.
Pero el acompañamiento normativo no es solo una cuestión fundamental para el sector eléctrico. Moraleda anunció que BP ya cuenta con el FID (Decisión Final de Inversión, por sus siglas en inglés) para el mayor proyecto de hidrógeno renovable de la Comunidad Valenciana en Castellón. El proyecto, desarrollado junto a Iberdrola, un hub de la molécula verde y de los biocombustibles que absorberá una inversión de 2.000 millones de euros y que se encontraba a la espera de luz verde.
Con estos mimbres, Moraleda incidió en que la compañía trae inversión a España, pero apuntó que las empresas que se plantean estos desembolsos necesitan "que las leyes se traspongan con más agilidad. [Ya que] creamos la posibilidad de descarbonizar industrias donde la reducción de emisiones es difícil, como la cerámica", aseguró.