Zaragoza
Nuevos proyectos eólicos en Aragón bajo sospecha. Si recientemente, los parques de energía eólica de la Sierra de Albarracín acabaron en la fiscalía, ahora están en el punto de mira los que se quieren poner en marcha en Jiloca y Comunidad de Teruel. En ambos se han detectado posibles irregularidades en la tramitación y en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado alegaciones por estos dos motivos principalmente. Una acción que atañe al Parque Eólico Pertusa, de 13 aerogeneradores, y Parque Eólico Salamaña, de 14 aerogeneradores, que afectan a los municipios de Cosa –que ha anunciado que también presentará alegaciones-, Alpeñés, Argente, Rubielos de la Cérida y Lidón, situados en las comarcas aragonesas Comunidad de Teruel y Jiloca.
Las alegaciones están centradas en la presunta existencia de fragmentación administrativa y medioambiental de un macroparque en dos porque ambos pertenecen al mismo promotor, el sistema de evacuación es el mismo y las posiciones de los aerogeneradores son próximas entre sí.
Además, según el Movimiento ciudadano Teruel Existe, también habrían detectado una indebida asunción de competencias del Gobierno autonómico, ya que el Estudio de Impacto Ambiental debería ser competencia en este caso del Estado por la magnitud del proyecto.
Los motivos para alegar también comprenden otros aspectos medioambientales como su ubicación en el interior de un área de recuperación de aves esteparias y de un área de recuperación de la alondra ricotí, dentro de zonas de importancia para la conservación de las aves (IBA) denominadas Campo Visiedo y Parameras del río Jiloca.
Este hecho es especialmente importante para el Movimiento ciudadano Teruel Existe, puesto que entre los dos proyectos eólicos se pretende proyectar un total de 27 aerogeneradores de 200 metros de altura, justo en una zona en la que se localizan diversas especies de avifauna amenazadas y en peligro de extinción. Un motivo por el que recuerdan que se han emitido Declaraciones de Impacto Ambiental desfavorables a otros parques eólicos cercanos como es el caso de El Cubo I y Agualobos.
También se han detectado otras irregularidades como el hecho de que la empresa no haya hecho un estudio de avifauna de un año de duración, tal y como se exige en la normativa. Además, denuncian que el órgano sustantivo, el INAGA, ha permitido que los proyectos se expongan a exposición pública con esta deficiencia. Tampoco se ha acometido el estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000, publicándose un inventario en el que no se considera que los aerogeneradores se sitúan en un corredor entre espacios Red Natura 2000.
A estos hechos, se suman otras posibles irregularidades como la inexistencia en el proyecto del estudio arqueológico y paleontológico. Este documento es clave porque sin el inventario cultural, fruto de las prospecciones previas, no es posible saber si hay impacto sobre el patrimonio cultural, sobre todo cuando se conoce la existencia de patrimonio arqueológico en la zona que las comunidades científicas están tratando de poner en valor para impulsar el turismo y la riqueza en la zona.
