El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha rechazado la petición de anulación del laudo en el que condenaba al Gobierno de España a pagar una indemnización de 23,5 millones a la japones JGC Holdings. La decisión, emitida el pasado 6 de febrero por un comité ad hoc rechaza la pretensión del Ejecutivo español.
La compañía nipona denunció a España el 22 de junio de 2015, dando pie a un largo proceso que se zanjó el 9 de noviembre de 2021, cuando se emitió la decisión de los árbitros. El laudo condena a España al pago de 23,5 millones de euros, cifra a la que hay que añadir 5,4 millones en concepto de intereses de demora y casi 1,8 millones por la condena en costas, lo que supone que la factura total se eleva hasta los 31 millones.
El laudo emitido por el tribunal del Banco Mundial concluye que las modificaciones de las primas renovables vulneraron principios fundamentales de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía. JGC Corporation había desarrollado dos plantas de energía fotovoltaica en Andalucía y, al sufrir los cambios retroactivos entre 2010 y 2014, procedió a denunciar.
Tras la publicación del laudo, España se negó a resarcir a la empresa japonesa y presentó una solicitud de anulación que ahora decae con la resolución definitiva del comité ad hoc, que certifica la plena validez de la sentencia y confirma la obligación de indemnizar a JGC Corporation según lo establecido en el laudo publicado hace algo más de dos años.
España ha sufrido un total de veintiséis condenas internacionales en relación con la retirada retroactiva de las primas renovables. En total, las indemnizaciones reconocidas a los acreedores suman alrededor de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros.
Ante los impagos reiterados de estas obligaciones, las empresas afectadas han denunciado a España ante los tribunales de distintos países, con ánimo de proceder al embargo de bienes y activos del Reino en el extranjero. De momento, ya se han autorizado distintas incautaciones de propiedades, cuentas bancarias y derechos financieros en Reino Unido, mientras que la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares. Además, está en marcha un proceso de default técnico que ya ha provocado un daño de más de 4.660 millones a través del encarecimiento de la financiación del Reino y la caída de la actividad derivada de esta circunstancia.
Para poner fin a esta problemática, las empresas afectadas reclaman a España que cumpla sus compromisos en materia de derecho internacional y ponga fin a la cadena de impagos que ha terminado por situar a nuestro país en una posición muy delicada, hasta el punto de que superamos a Rusia o Venezuela en el ranking que mide el número de laudos internacionales pendientes de pago.
