El Ministerio de Transición Ecológica ha abierto una nueva batalla con las compañías eléctricas. El Departamento de Teresa Ribera presentó ayer el Proyecto de Real Decreto que regula la tasa que pagan las centrales nucleares, en manos de Endesa, Iberdrola y Naturgy, para financiar los servicios de la Empresa Nacional De Residuos Radiactivos (Enresa) y ha confirmado los peores presagios de las compañías: un fuerte incremento de los costes por los cambios llevados a cabo en el VII Plan de residuos nucleares aprobado a finales del mes pasado.
La propuesta del Gobierno supondrá que esta tarifa fija unitaria, destinada a financiar los costes de gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos generados en las centrales nucleares en explotación, así como su desmantelamiento y clausura, sufrirá una subida del 40%.
El cálculo de los ingresos se realiza a través de un coste unitario medio obtenido como cociente entre la recaudación pendiente y la energía eléctrica a producir por las centrales nucleares desde el 1 de julio de 2024 actualizada a dicha fecha. Asi, el ministerio considera que con una recaudación pendiente a 1 de julio de 2024 de 4.371.834 y un valor presente de la producción de 392.273 GWh, se obtiene una tarifa fija unitaria de 11,14 euros/MWh, lo que supone un incremento con respecto a la tarifa de 7,98 euros/MWh aplicada hasta ahora de este 40%.
El cálculo de los costes se realiza considerando, en el medio plazo, los correspondientes al presupuesto actualizado de Enresa para el periodo 2023-2027 y, en el largo plazo, empleando, bien extrapolaciones de datos actuales (gestión de residuos radiactivos de media y baja actividad y muy baja actividad, gastos en I+D, coste de estructura), bien estimaciones propias basadas en estudios específicos realizados por Enresa (relativas a los almacenes temporales, al AGP -el cememnterio nuclear- y al desmantelamiento de centrales nucleares).
La entrada en vigor de este real decreto se efectuará con fecha 1 de julio de 2024.
El Gobierno asegura en el proyecto de real decreto que la norma pretende asegurar la disponibilidad de fondos para la financiación de los servicios de gestión de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares que estaban en explotación el 1 de enero de 2010, y el desmantelamiento y clausura de dichas instalaciones. Por ello se considera que tendrá un impacto positivo en materia social.
Para Foro Nuclear, los extracostes de este Plan suponen un cambio sustancial frente a las condiciones en las que se alcanzó el Protocolo para el cierre de las centrales en 2019 entre Enresa y las centrales nucleares para su funcionamiento y por el que se acordó incrementar la tasa de Enresa en un máximo del 20 por ciento. Cabe recordar que, tras dicho aumento, el conjunto del parque nuclear español aporta cada año al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros.
