Esta semana ha trascendido que la justicia británica ha autorizado la incautación de cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes, la institución pública del Reino de España que promueve la enseñanza, el aprendizaje y el uso del castellano en el mundo. El saldo acumulado en dichas cuentas que ha sido intervenido por la justicia británica asciende a 805.808 euros (699.057,49 libras esterlinas).
Este desarrollo está vinculado al asunto Infrared, el cual resultó en la derrota de España en un proceso llevado a cabo en el CIADI, un tribunal de arbitraje asociado al Banco Mundial. Este litigio tuvo inicio en 2014 y concluyó en agosto de 2019, con la publicación de un laudo que fue confirmado en marzo de 2021.
La denuncia inicial buscaba una compensación de 75,7 millones de euros, pero esta cantidad se redujo a 28,2 millones de euros tras la emisión de la sentencia final presidida por el jurista canadiense Stephen L. Drymer. Debido a los intereses de demora y las costas legales, las obligaciones relacionadas con este caso están aumentando gradualmente. Los intereses han añadido 4,8 millones de euros a la deuda del Estado, mientras que las costas legales han incrementado las obligaciones en otros 4,5 millones de euros.
El proceso de embargo de bienes relacionado con el caso Infrared comenzó en abril pasado, con el embargo precautorio de dos propiedades: la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede de ACCIÓ, el organismo de promoción económica de Cataluña.
Simultáneamente, aquellos afectados por los impagos del gobierno de España activaron un procedimiento conocido como TPDO (Third Party Debt Order), mediante el cual solicitaron la intervención de cuatro cuentas bancarias vinculadas a las operaciones del Instituto Cervantes en Gran Bretaña.
Un equipo de abogados y consultores especializados en este tipo de procedimientos inició su labor en relación con el caso Infrared a principios de 2023. Las medidas tomadas entre abril y noviembre han resultado en la incautación que ahora se hace pública. La decisión ya ha sido debidamente comunicada al gobierno de España.
La resolución judicial fue emitida por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales y lleva la firma del magistrado Richard Harold Davison. El caso está identificado con el número CL-2023-000026. La sentencia se emitió el 9 de noviembre y se selló y notificó a las partes el 10 de noviembre. La documentación adjunta incluye la sentencia que autoriza los embargos.
La reputación de España se encuentra afectada debido a la decisión del gobierno de no cumplir con sus obligaciones internacionales, dejando pendientes las indemnizaciones ordenadas en los 25 casos que han concluido con victorias para las empresas e inversores afectados, generando así un daño difícil de remediar.
El gobierno de Estados Unidos ha destacado en su más reciente informe sobre el país el impacto negativo de estos incumplimientos, y la Cámara de Comercio de dicho país ha presentado una acción legal buscando medidas para poner fin a esta situación.
Se anticipa la autorización de embargos adicionales en Australia, donde la Corte Suprema también ha fallado en contra de España y ha ordenado el reconocimiento de las deudas que enfrentan las empresas e inversores a quienes se les otorgaron indemnizaciones.
Ante estos acontecimientos, no resulta sorprendente que las últimas cifras de inversión extranjera, correspondientes al segundo trimestre de 2023, muestren una disminución del 74%. Este descenso es especialmente pronunciado con una caída del 97% en el caso de Estados Unidos y del 68% en el de Reino Unido. En el acumulado del primer semestre, la reducción se sitúa en torno al 25%.
