Panamá lleva cinco semanas sumida en una crisis por la minería. Las revueltas han paralizado el país desde de que el Gobierno extendió una concesión de explotación a la firma canadiense First Quantum Minerals, el 20 de octubre. La decisión provocó tal oposición que el caso ha terminado con la Corte Suprema declarando inconstitucional la ley que permitía continuar con las operaciones en el yacimiento. Pero no solo eso, ya que en estas semanas se ha aprobado otra norma que prohíbe prolongar más liciencias para cualquier actividad minera y el ministerio ya está tramitando decenas de cancelaciones de otras concesiones.
Una de las más afectadas es la mayor mina de cobre de Centroamérica, declarada inconstitucional este martes por la Corte Suprema de Panamá, que acaba de pronunciarse sobre el yacimiento que está en el centro de la crisis en el país. La empresa canadiense First Quantum Minerals se queda en un limbo y ya ha perdido la mitad de su valor en bolsa en solo un mes.
Panamá lleva más de cinco semanas sumida en el caos, ya que el Gobierno prorrogó la licencia de Minera Panamá, subsidiaria de la norteamericana, para operar en el país 20 años más. Esta decisión abrió una crisis en el país, con manifestaciones y revueltas constantes en contra de la concesión, ya que parte de la población considera que daña sus recursos naturales. Según datos de la empresa, la mina aporta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y supone el 2% de la fuerza laboral.
El caso ha acabado en la Corte Suprema del país, que acaba de declarar inconstitucional la ley que aprobó la prórroga que permitía a Minera Panamá continuar con la explotación del yacimiento, ha anunciado el organismo. La empresa entra ahora en un limbo y se abre un periodo de negociación con el Gobierno de 90 días, según ha explicado la canadiense a la prensa local, que todavía no ha publicado ningún comunicado oficial al respecto. Sin embargo, el ministerio de Comercio e Industrias panameño ha anunciado que la empresa le ha comunicado su intención de presentar demandas arbitrales.
La mina empezó a operar en 2019 y, entonces, su llegada supuso la mayor inversión privada del país. Solo su construcción costó 6.300 millones de dólares. El problema es que menos de cinco años después la firma se está encontrando con importantes obstáculos regulatorios, si no acaba cerrando por completo sus operaciones. Su destino parece complicado tras la declaración de inconstitucionalidad.
Tal ha sido el revuelo en el país que, en este tiempo, se ha aprobado una ley que prohíbe más licencias para cualquier actividad de minería metálica. El ministerio competente ya está tramitando las cancelaciones de decenas de concesiones, que no podrán ser prorrogadas, confirmaba el presidente del país, Laurentino Cortizo, en X. Sobre dicha norma, también decía: "La Ley 407, que prohíbe la minería metálica en todo el territorio nacional, responde a un clamor de los panameños".
Más tarde, el ministerio de de Comercio e Industrias comunicaba que ya ha denagado 12 solicitudes que buscaban extender sus licencias de minería metálica. Y además, está tramitando otras 18 peticiones de prórroga, que están siendo examinadas y pendientes de la firma ministerial. Estas serán rechazadas, como las anteriores, ya que es lo que contempla la normativa recién aprobada.
El desmantelamiento de la minería en Panamá ha dividido el valor de First Quantum Minerals en bolsa en solo un mes. Sus acciones se han desplomado un 55% en este tiempo. Además, la firma ha tenido que paralizar parte de sus operaciones, ya que varios grupos han estado bloqueando el puerto de Punta Rincón para impedir que llegaran los suministros necesarios para operar en la mina, informaba la canadiense. De hecho, la semana pasada advertía que durante esa misma semana se quedaría definitivamente sin los recursos necesarios para continuar con su actividad.
Más allá del daño provocado a la compañía, las revueltas en la calles han paralizado el país durante semanas, con cierres de comercios y cancelaciones de viajes. Decenas de miles de turistas han anulado sus estancias y las pérdidas son millonarias.
Ahora, parece que la revuelta social queda atrás con la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, First Quantum Minerals y, de momento, hasta una treintena de proyectos que hay en el país no podrán extender sus licencias. Aunque la empresa canadiense es la cara visible del caos panameño, su caso ha terminado provocando una reforma sectorial y el inicio del fin de la minería metálica.
