Madrid
Transición Ecológica niega que la tramitación administrativa limite el despliegue fotovoltaico. El sector renovable debe cumplir unos estrictos plazos en la consecución de permisos para conectar sus proyectos a la red y la proximidad de la fecha límite para tener las instalaciones en funcionamiento (25 de junio de 2025) amenaza la viabilidad de muchos de ellos.
"Probablemente hay quien necesite más tiempo para desarrollar sus plantas", admitió esta mañana Teresa Ribera en la inauguración del X Foro Solar, organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Sin embargo, "el factor limitante de la fotovoltaica no es la tramitación", negó la ministra de Transición Ecológica, quien apuntó a la integración social y ambiental como uno de los auténticos desafíos de esta década.
Ribera reveló que hay "más de 91 gigavatios (GW)" de potencia fotovoltaica entre los proyectos que cuentan con "declaración de impacto ambiental, autorización de construcción, acceso a la red o que están todavía tramitándose". "Es bueno contar con aquellos proyectos que dispongan de un margen de madurez suficiente", dijo.
Estas palabras chocaron con las declaraciones del presidente de la patronal fotovoltaica, Rafael Benjumea, quien abogó en su discurso por una prórroga de dos años para los hitos actuales. El Gobierno aprobó in extremis, en junio, una ampliación de seis meses para que los promotores pudiesen acreditar la autorización de construcción en el plazo marcado, que vencía el 25 de julio. Sin embargo, no modificó el tope para que sus instalaciones estén plenamente operativas, hito sobre el que el sector augura el importante cuello de botella.
Desde S&P Global advierten que hasta 29 GW fotovoltaicos, de los 55 GW con acceso a la red eléctrica, corren el riesgo de no construirse antes de la fecha límite de mediados de 2025, debido al incumplimiento de los plazos o por ser considerados económicamente inviables. Tal y como adelantó elEconomista.es, el departamento que encabeza Ribera está manteniendo contactos discretos con las asociaciones renovables, a las que ha trasladado su intención de llevar a cabo el próximo enero una profunda revisión de la situación de los proyectos.
