Barcelona
La lucha contra la especulación en las renovables se llevará al menos medio centenar de proyectos en Cataluña por delante. La lentitud de la administración es desde hace años una de las principales denuncias que hace el sector energético a la hora de asentarse en el territorio. Y una institución no especialmente ágil unida a unos plazos impuestos por el Ministerio de Transición Ecológica quizás demasiado ambiciosos y la falta de concreción de algunas empresas han dejado en papel mojado decenas de iniciativas. La Generalitat debe dar luz verde ambiental a los proyectos inferiores a 50 MW y en el cajón han quedado hasta 51 proyectos fotovoltaicos y eólicos que hubiesen supuesto una inversión superior a los 1.000 millones de euros.
Así los ha recogido la consultora dialEC, que ha identificado 43 parques solares y ocho parques eólicos que no verán la luz debido a que no contaron con una declaración favorable de impacto ambiental (DIA) en el periodo de 31 meses estipulado por el Real Decreto 23/2020. Este plazo se introdujo en la norma para evitar a promotores especulativos, pues les obligaba a tramitar los permisos y perdían sus derechos si no contaban con este hito. Sin embargo: introdujo unas marcas temporales con las que ahora están chocando muchas iniciativas.
Según los datos de la firma, los 43 parques fotovoltaicos que perdieron los derechos preconcedidos habrían generado una potencia de 1.298,35 MW en una superficie de 2.186 hectáreas. Además, hubieran supuesto una inversión de 813,6 millones de euros a repartir entre las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida.
Mientras, las ocho instalaciones eólicas afectadas por la falta de la DIA favorable hubiesen generado una potencia de 278,1 MW y una inversión de 297,3 millones de euros entre las provincias de Barcelona y Lleida.
Los motivos por la pérdida de los derechos son varios, pero se concentran el embudo existente dentro de la administración a la hora de dar luz verde con las autorizaciones necesarias para su desarrollo. Ya sea por la falta de documentación y concreción de las empresas, por las limitaciones de personal, por los plazos fijados por la normativa estatal o por la oleada de alegaciones recibidas.
Un ejemplo fue el caso de Forestalia, que recibió el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a varias solicitudes de acceso a la red de Red Eléctrica y Endesa al no contar con la declaración de impacto ambiental favorable en tiempo y forma. En lo que va de año, la CNMC emitió hasta nueve resoluciones negativas contra los planes de la organización, que durante años arrasó en las subastas de renovables.
Contactado por este medio, un portavoz de la empresa pidió "prudencia hasta analizar en detalle las circunstancias de cada expediente". Además, señaló que la compañía "siempre ha sido y es rigurosa con los plazos legalmente previstos en cualquier trámite y cualquier administración"
La empresa no obstante tendrá una importante presencia en Cataluña. En los últimos meses, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -los proyectos superiores a 50 MW deben ser aprobados por la administración central- sí emitió una DIA favorable a 4 GW en Aragón que cuentan con autorización de conexión en la comunidad tras haber realizado diferentes modificaciones, como la eliminación o reubicación de algunas instalaciones o la inclusión de medidas complementarias para la protección de aves esteparias.
El sector lamenta la lentitud a la hora de tramitar los proyectos: de 500 a 600 días
De los 43 proyectos fotovoltaicos detenidos, hasta 32 habían solicitado la autorización administrativa previa a la Generalitat. Sin embargo, el Govern solamente había publicado los anuncios de información pública en once casos antes de que caducasen. El resto no llegaron ni siquiera a este punto. Entre los parques eólicos, siete de los ochos habían realizado el trámite, pero la institución catalana solo publicó el anuncio de información pública de tres de ellos.
Y es que el embudo existente en la institución ha provocado en repetidas ocasiones las críticas de la industria renovable. La última vez hace apenas dos meses por parte de Unefcat, la firma catalana de la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que agrupa a las principales empresas del sector. En su presentación del informe relativo al año 2022, los delegados de la institución lamentaron que "la lenta tramitación por parte de la administración es un lastre para el logro de los objetivos de energía renovable marcados por la propia Generalitat para 2030". Hoy, Cataluña cuenta solo con el 17% de la potencia que necesita según los objetivos fijados para 2030.
"La Generalitat tarda entre 500 y 600 días en tramitar los proyectos de renovables", lamenta Helena Badger, delegada de Unefcat. Y si existían proyectos que todavía no contaban con un terreno ya acordado, las gestiones se tornaban mucho más lentas. "Lo que sucede en estos casos, cuando pasa el periodo, es que hay que volver a empezar", explica.
La dirigente sí valora el cambio de chip en la administración catalana pese al retraso histórico acumulado. Más en un momento de cambios al frente del departamento. Teresa Jordà, consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural abandonó el puesto en junio para ser diputada en el Congreso y su lugar se nombró a David Mascort. Se ha dotado de más personal, celebra, aunque advierte de que hay procesos que deberían ser más ágiles. "En ocasiones el promotor no sabe exactamente lo que debe presentar. Pedimos que con la primera entrega de documentos ya se pueda obtener una validación casi automática", añade.
Los avances de la Generalitat en materia energética
Para tratar de aliviarlo, la Generalitat ha lanzado recientemente una serie de pautas para no tener que emitir tantos requerimientos informativos durante el proceso. Además, en los últimos Presupuestos incluyó una dotación de hasta 90 plazas en el Departament d'Acció Climàtica y contar así con más personal para aprobar los proyectos. "Una cincuentena está directamente relacionada con la tramitación de proyectos", señalan fuentes de la institución.
Sin embargo, desde el Govern sufren con la nueva normativa estatal, que colisiona con los plazos habituales de los procedimientos públicos y que ha añadido presión a los timings las administraciones. Si aprobar una DIA ya suele demorar hasta 10 meses –incluso más en el caso de los parques eólicos-, la falta de documentación o las alegaciones hacen que los tiempos sean todavía más lentos.
"Esta normativa, que establece unas condiciones de tramitación que cada proyecto debe cumplir, ha de cumplirse con el procedimiento administrativo vigente para la tramitación de este tipo de proyectos, que está muy pautado. Y este acompasamiento ha terminado filtrando los proyectos maduros de los que no lo estaban", añaden desde el Departament.
Y es que, aunque la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con las renovables, es bien conocido el fenómeno de not in my backyard cuando los parques se instalan en su entorno. Esto provoca el rechazo de algunas instituciones o colectivos. Y sin un consenso con la región, los recursos se amontonan en la mesa. Darle respuesta todos y cada uno de estos requerimientos requiere de un tiempo que también cuenta para la obtención del permiso ambiental. De la litigiosidad tampoco escapa la administración, que tarda todavía más de lo normal en este tipo de temas para evitar apelaciones una vez aprueba definitivamente los parques.
