
La Asociación para la Transición Energética, organización independiente y sin ánimo de lucro, creada en 2019 por profesionales de diferentes ámbitos de la sociedad civil interesados en la creación de espacios de diálogo sobre la intersección de los mundos de la energía, el medio ambiente y la economía, ha remitido un documento de propuestas para la discusión en las instituciones europeas de la reforma del mercado eléctrico. El documento ha sido dirigido a los ponentes del informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reforma, así como a los miembros encargados de los asuntos de Energía de la Representación Permanente de España ante la UE, la Dirección General de Transporte, Telecomunicaciones y Energía del Consejo Europeo y la Comisaría de Energía de la Comisión Europea.
En colaboración con el Instituto de Ingeniería de España y después de haber reunido a más de una veintena de expertos y representantes de organizaciones sectoriales a principios del mes de junio, la Asociación considera que el marco de reforma que se está planteando es positivo, especialmente la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea. Sin embargo, existen varios aspectos donde los próximos meses son cruciales. En primer lugar, es necesario alejarse de las tensiones coyunturales que el mercado ha vivido en los últimos dos años para hacer una reforma que sea profunda a largo plazo.
En segundo lugar, manejando una visión de medio-largo plazo, ATE considera adecuado el planteamiento actual de la Comisión Europea en el que se une un mantenimiento del mercado marginalista para el corto plazo (diario e intra-diario), contratos a largo plazo entre consumidores y productores (PPA) y contratos por diferencia (CfD) voluntarios y para los supuestos en los el mercado no sea suficiente para alcanzar los objetivos de descarbonización.
También es muy importante la urgente puesta en marcha de mercados de capacidad (para generación de respaldo: almacenamientos y ciclos combinados) para asegurar el suministro y favorecer la introducción de renovables.
En tercer lugar, el documento remitido a las instituciones europeas incide en que es necesario realizar un mejor y más completo análisis del papel de la demanda para poder acompasar medidas que aseguren el suministro a los consumidores industriales que desean descarbonizar.
En cuarto lugar, favorecer la seguridad jurídica ante cambios regulatorios y vigilar los efectos de medidas, como el cap a las renovables, que puedan tener efectos negativos en las inversiones en energías renovables y para alcanzar los objetivos del Pacto Verde europeo. Es uno de los ejemplos que ponen de manifiesto la arbitrariedad de los países a la hora de tomar medidas para amortiguar el incremento de costes energéticos. De ahí que sea extraordinariamente importante tener una única definición a nivel europeo de crisis energética y una aplicación homogénea.
En este sentido, debe también eliminarse definitivamente las subastas de energía inframarginal obligatorias para la generación porque son contradictorias al objetivo de fortalecer los contratos a largo plazo. Puesto que obligarían a retirar una parte de energía que ya estaba vendida a plazo a consumidores finales.
Por último, una cuestión de gran relevancia es la definición de consumidor vulnerable y los mecanismos de apoyo a los mismos. Al mismo tiempo, también contemplar en la regulación europea la cuestión del autoconsumo, de las comunidades energéticas industriales y fórmulas de agregación de la demanda.
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