La Comisión Europea quiere seguir estrechando los lazos económicos y energéticos con Estados Unidos. La comisaria de Energía, Kadri Simson, mantuvo una reunión el pasado 2 de junio con representantes de la mayor compañía estadounidense de energías renovables, NextEra, en la que aprovechó para invitar a la compañía a volver a invertir en Europa.
La energética mantuvo un primer intento de desembarco en Europa desde España con la instalación de una planta termosolar que sufrió posteriormente el recorte de retribución del Gobierno y acabó provocando la salida de la compañía y un arbitraje para la protección de su inversión que acabó ganando.
La Comisión Europea defendió que el arbitraje contra España de la compañía estadounidense no se ejecutara pero la justicia ha ido, poco a poco, abriendo camino a que la compañía estadounidense pueda acabar recibiendo la indemnización que le corresponde de acuerdo al laudo dictado por el Banco Mundial. De hecho, la Corte del Distrito de Ámsterdam adoptó el pasado mes de marzo una decisión que puede suponer un cambio radical para los arbitrajes contra España de los fondos internacionales de energías renovables.
La decisión del juzgado, que permite que se pueda llegar a ejecutar fuera de Europa el cobro de los laudos que ha perdido España, puede obligar a nuestro país a desembolsar más de 1.100 millones de euros por los más de 50 casos que se han abierto desde el año 2011.
El pasado 15 de marzo, el tribunal holandés consideró que no tenía jurisdicción para impedir que un juzgado estadounidense pueda forzar la ejecución de un laudo dictados por el Banco Mundial al amparo de la Carta de la Energía y de hecho ya hay reclamaciones iniciadas en el país sobre deuda soberana española.
La decisión del juzgado se suma también, tal y como adelantó elEconomista.es, a la medida que adoptó el Juzgado del Distrito de Columbia, en el propio caso de NextEra y 9REN por el que consideró que contaba con jurisdicción suficiente para pronunciarse sobre dicha ejecución y además instó a la justicia europea a no bloquear estos procesos con denuncias como las que está imponiendo España en todos los casos resueltos -alrededor de 21- buscando la anulación de los mismos en los tribunales europeos.
Según fuentes jurídicas, ambas decisiones están recurridas por parte del Gobierno español que sigue así tratando de dilatar la ejecución de los mismos y auguran que pueden darse decisiones contradictorias entre jurisdicciones que generan un incremento de la inseguridad jurídica para los inversores internacionales en un momento en el que Europa quiere afrontar un amplio despliegue de renovables.
Los fondos iniciaron su batalla legal contra España tanto en Estados Unidos, como en Reino Unido y Australia para tratar de eludir la sentencia sobre el caso Achmea -dictada en 2018- que ponía en jaque el cobro de las indemnizaciones para los inversores intracomunitarios, es decir, prácticamente la mayor parte de los arbitrajes. De hecho, varios fondos han llegado a pedir que se expropie a España varios activos en el exterior.
