La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha iniciado una investigación -aunque todavía no ha incoado expediente- para determinar si las grandes distribuidoras de electricidad están poniendo trabas para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, la institución que preside Cani Fernández está analizando la actuación de las compañías para otorgar los puntos de acceso a la red tras recibir varias denuncias anónimas dentro de un proceso de información que abrió el pasado mes de febrero.
La descarbonización del transporte es uno de los ejes de acción en la lucha contra el calentamiento global, y en concreto el impulso del vehículo eléctrico se ha convertido en una prioridad para la sociedad. Sin embargo, para que se generalice la adopción del vehículo eléctrico, es necesario que se desarrolle una red de puntos de recarga mallada y adecuada a las necesidades de los usuarios.
En un análisis preliminar, la CNMC detectó algunos elementos que podrían obstaculizar el desarrollo eficiente y competitivo del sector. El estudio que se ha iniciado pretende analizar con detalle estos elementos y contribuir, a través de propuestas de intervención pública, a facilitar dicho desarrollo.
Por el camino, tal y como indican fuentes consultadas por este diario, el organismo supervisor ha recibido varias denuncias sobre casos concretos donde las distribuidoras podrían estar presuntamente dificultando el acceso a los operadores independientes de puntos de recarga eléctrica el acceso a la red.
Tal y como relatan fuentes del sector, la petición de puntos de acceso a las distribuidoras está suponiendo un auténtico problema, ya que en muchos casos se tardan meses en responder sobre la capacidad de los nudos y además se pide el pago de la construcción de una cantidad de redes adicionales que después deben entregarse de forma gratuita a las distribuidoras.
Cerca de un 40% de los puntos públicos instalados o en fase de instalación siguen a la espera
Por contra, indican, las grandes eléctricas no tienen que hacer estos desembolsos, ya que al tratarse de compañías verticalmente integradas tienen el acceso a la información de las capacidades disponibles y la inversión en redes se retribuye por parte del sistema a las distribuidoras. Estos problemas son los que analiza ahora la CNMC e incluso en algunos casos han comenzado ya a llegar a los tribunales. En estos momentos, el proceso administrativo para lograr los permisos necesarios pueden registrar plazos de 20 meses frente a los seis meses en los que se tramitan en gran parte del resto de Europa.
Esta situación está provocando un fuerte retraso en el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país que se encuentra así muy alejado de los objetivos que se impondrán cuando la directiva de combustibles alternativos del paquete Fit for 55 se apruebe, previsiblemente, a finales de este año.
Cerca de un 40% de los puntos públicos instalados o en fase de instalación siguen a la espera de la obtención de las licencias o permisos necesarios. En la tramitación de estos permisos suelen intervenir las tres administraciones (local, autonómica y central), lo que genera en muchos casos atascos en el procedimiento. También debemos tener en cuenta que disponer de un punto de recarga de entre 350 y 400 kilovatios supone una inversión de unos 250.000 euros y, muchas veces, el coste de conectarse a la red representa un porcentaje muy elevado.
Se puedan colar actividades que nada tienen que ver con la movilidad eléctrica
Por este motivo, esta misma semana el sector ha mantenido una reunión con el Gobierno en la que ha insistido en la necesidad de acometer una reforma para impulsar una serie de mejoras en la instalación de puntos de recarga.
Las empresas han reclamado al Gobierno y a los partidos de la oposición que aprueben la eliminación de la autorización administrativa previa, ya que en la mayor parte de los puntos de recarga no se requiere la declaración de utilidad pública porque no serán necesarias expropiaciones. Asimismo, se pide incorporar una declaración responsable para poder poner en marcha los puntos. Además, con el objetivo de evitar que en dichas declaraciones se puedan colar actividades que nada tienen que ver con la movilidad eléctrica, se propone que se exija un mínimo de instalación de 1 MW (lo que corresponde a 8 puntos de 150 kW) y que representa una inversión mínima de un millón de euros. Las compañías de recarga piden que, al igual que en otras partes de Europa, se instalen carteles con las distancias hasta nuevos puntos de recarga eléctrica.
