La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha puesto sobre la mesa un amplio abanico de medidas para mejorar la atención de las compañías eléctricas y gasistas a sus clientes. Este paquete de recomendaciones pasan a convertirse en una parte de los deberes que tendrá que afrontar el Gobierno que surja de las urnas el próximo 23 de junio. Las propuestas van desde medidas regulatorias hasta propuestas de transparencia pero también han aparecido algunas recomendaciones que están provocando una auténtica polvareda en el sector por su carácter intervencionista.
Eliminar penalizaciones por cancelar los contratos
1 La CNMC recomienda eliminar las penalizaciones por la rescisión de los contratos de electricidad y gas para clientes domésticos y pequeñas empresas. Ahora, las compañías pueden cobrar un máximo del 5% del precio del contrato de energía. El regulador considera que se pueden mantener estos cobros para contratos a precio fijo de electricidad de un año pero la compañía deberá demostrar al regulador el daño que ha sufrido por la decisión del cliente.
Resolución extrajudicial de conflictos
2 El organismo propone también obligar as las comercializadoras a ofrecer mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Se debe modificar la Ley para establecer la obligatoriedad de adhesión a un mecanismo de arbitraje. Muchas compañías ya lo hacen pero el regulador cree que la información debería aparecer también en los contratos y en las webs como mecanismo de proteccion adicional para el consumidor de electricidad y de gas natural.
Contratación digital
3 Para evitar los problemas vividos a finales de 2022 con el cambio de clientes a la tarifa regulada de electricidad y gas se propone también que la regulación imponga la creación de un canal de contratación telemática donde se pueda llevar a cabo plenamente el proceso. La CNMC critica que, aunque se disponía de canales en muchos casos, costaba encontrarlos y pide que se presenten de manera destacada en su web las distintas formas posibles para contratar (telefónico, telemático y presencial).
Eliminar la permanencia de un año en la TUR de gas
4 Los clientes que vuelven a la tarifa regulada de gas natural deben permanecer, al menos, un año en la comercializadora regulada. La CNMC cree que esta medida va contra el principio de libre elección y es un obstáculo para la competencia, máxime cuando se ha limitado la existencia de penalizaciones por cancelación anticipada en el mercado libre.
Eliminar el preaviso de 15 días al consumidor
5 Los clientes tienen la obligación de un preaviso de 15 días para dejar el contrato. Si se eliminase, se podría rescindir cuando el consumidor realiza un contrato con otro comercializador, sin que medie aviso directo. Este preaviso supone un retraso en el proceso de activación del cambio de comercializador. Adicionalmente, recomienda aclarar que el límite de penalización aplica a todos los servicios contratados por el consumidor y facturado conjuntamente con el contrato de gas.
Incluir código QR en las facturas de gas
6 Las facturas de gas natural incluyen en este momento un código QR con acceso al comprador de ofertas de la CNMC pero sin que este contenga información sobre los datos del consumidor como ocurre en el caso de la electricidad, lo que facilita el uso. Se propone que se aplique el mismo sistema para estos contratos con la misión de que el cliente tenga más fácil la labor de comparación de ofertas.
Datos históricos de consumo
7 La CNMC reclama poder acceder a una información tan delicada como los datos de consumo eléctrico horario de los clientes para poder facilitar en sus herramientas de comparación las ofertas con precios dinámicos de electricidad.
Ofertas de gas para comunidades de propietarios
8 Asimismo, el comparador de ofertas de la CNMC no tiene ahora ninguna oferta para consumidores de gas de 50.000 kWh, que equivalen a comunidades de propietarios. Se pide que se incluya la obligación de comunicación para que estos clientes puedan acceder a mejores precios y poder comparar ofertas.
Nuevas sanciones
9 El organismo que preside Cani Fernández reclama crear una infracción leve para aquellas comercializadoras que incumplan el uso de los formatos estandarizados establecidos para comunicar el cambio de compañía, lo que perjudica el correcto funcionamiento del mercado minorista y supone en ocasiones retrasos en los procesos de cambio de compañía.
Llamadas telefónicas
10 Se sigue observando falta de transparencia en el canal de venta telefónico por parte de la CNMC antes y durante la contratación de la oferta. Por eso, se reclama al Gobierno que imponga la grabación de la llamada completa, la correcta identificación de la comercializadora especificando tanto su razón social como su marca y que se informe al consumidor de que su propuesta -en csao de ser aceptada- conlleva un cambio de comercializador.
Precios para usuarios vulnerables
11 Los consumidores financian el mecanismo del bono social. Por eso, se reclama una nueva metodología para que recaiga sobre los sujetos de la cadena de valor. La CNMC propone alternativas como aprovisionarles a través de la energía asignada en las subastas de energías renovables.
Traspaso de clientes en caso de inhabilitación
12 La inhabilitación de comercializadoras se ha incrementado desde comienzos de 2021 por la subida de los precios de la electricidad y del gas. La normativa actual no evita que las compañías incumplan sus compromisos de pago a la distribuidoras o de compra de energía para sus clientes. Por este motivo, el supervisor pide un mecanismo de traspaso de clientes a las comercializadoras de referencia que sea ágil para los supuestos de impago. Ahora cuando se produce el impago de una liquidación, la comercializadora puede seguir incluso incrementando su cartera de clientes y con ella la deuda que pasa a asumir posteriormente el sistema eléctrico.
Coberturas para la comercialización
13 La CNMC pide modificar el Procedimiento de Operación 10.5 para que las comercializadoras que no cuenten con garantías suficientes no puedan seguir captando nuevos clie ntes. Bruselas quiere obligar a tener una estrategia de coberturas que limite el riesgo de los cambios en el mercado mayorista en la viabilidad económica de sus contratos.
Cambio de condiciones en los contratos
14 La modificación de las condiciones contractuales o las revisiones de precios se han comunicado mediante notas en las facturas que pasan inadvertidas a los clientes con comparativas imprecisas, poco claras y no homogéneas en los precios aplicados antes y después de la revisión. Por ese motivo, se propone un modelo concreto de comunicación para los clientes para lo que el regulador ha hecho una propuesta.
Regularización de los ingresos por la excepción ibérica
15 El organismo supervisor espera que se produzca un desajuste en la energía exenta de financiar el mecanismo de ajuste de los costes de producción ( excepción ibérica). Esta inexactitud, afirma la CNMC, será más probable en el caso de los grupos verticalmente integrados (las grandes eléctricas) con coberturas bilateralizadas que declaran su energía exenta en base a los contratos suscritos por los clientes finales, que están sujetos a un gran número de modificaciones. Por ello, se recomienda crear algun tipo de regularización de estas declaraciones una vez finalizado el mecanismo -el 31 de diciembre de 2023- para que se produzca un ajuste. El importe de dicha regularización debería incorporarse a las liquidaciones de las actividades reguladas para reducir los cargos eléctricos.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha puesto sobre la mesa también una serie de recomendaciones para las comercializadoras así como para los consumidores.
A las empresas de comercialización, el organismo que preside Cani Fernández les afea que apliquen penalizaciones por la cancelación anticipada en los contratos de suministro de electricidad como la devolución de posibles descuentos aplicados durante la vigencia de la promoción. Asimismo recuerda que la penalización máxima del 5% es aplicable también para contratos con una duración superior a un año y asegura que si hay una prórroga del contrato no se necesita firmar otro posterior.
La CNMC ve falta de transparencia en las llamadas telefónicas y en el alquiler del contador
El organismo recomienda también que si existe un precio indexado al mercado se refleje de un modo claro en la factura y que se aplique correctamente el coste del alquiler del contador trasladando directamente el importe del distrubuidor y especificando si hay servicios adicionales.
El regulador alerta también de los problemas que puede generar el cambio de titularidad a empresas de servicios energéticos o asesores ya que no están habilitados para ello y puede provocar cortes de suministro (en caso de impagos) o modificaciones indeseadas de los contratos.
La CNMC recomienda a los clientes visitar periódicamente su comparador de precios para conocer las mejores ofertas del mercado.
La nueva normativa PVPC
El Consejo de Ministros puede aprobar definitivamente este próximo martes la nueva normativa para el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, según han indicado fuentes del sector. Transición Ecológica cumplirá así con las condiciones impuestas por la Comisión Europea para aprobar la llamada 'excepción ibérica' con casi ocho meses de retraso.
Ribera pactó con Bruselas que presentaría el pasado otoño una reforma de la tarifa regulada para que pudiera comenzar a aplicarse en 2023 pero el Gobierno evitó poner en funcionamiento la medida porque todavía los precios de los futuros de la energía se encontraban en niveles elevados y podían mantenerse altos durante este año.
Transición Ecológica recibió el visto bueno a su propuesta por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a mediados de diciembre pero prefirió seguir discutiendo con el sector la propuesta que, finalmente, envió al Consejo de Estado hace un mes para que tramitara su informe por la vía de urgencia.
La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica fue aprobada por este organismo el pasado 20 de abril y ha sido el propio Gobierno el que ha asegurado que tenía previsto aprobar esta medida en estas semanas de junio.
La propuesta que ha puesto sobre la mesa el Ministerio prevé un sistema de compra de energía a plazo durante el último trimestre del año pero la falta de concreción en esta medida impidió a finales del año pasado que las empresas pudieran activar este sistema con el tiempo necesario para llevar a cabo las adquisiciones de energía necesarias. Por el momento se desconoce si el Ministerio mantendrá esa misma fórmula o si llevará a cambio ajustes en la misma. La medida además puede mantener vivo la obligación de subastar energía inframarginal a las grandes eléctricas.
