Bruselas
La Comisión Europea ha autorizado este martes la extensión del mecanismo ibérico durante siete meses más, hasta finales de 2023, tras un casi un año de aplicación de esta medida para contener los precios de la electricidad en España y Portugal y evitar el contagio de la senda alcista de los precios del gas.
Tras su evaluación, Bruselas ha considerado que el mecanismo cumple con los requisitos de las ayudas para poner remedio a una situación de grave perturbación de la economía. Así ha convenido que el mecanismo de limitación de precios del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este ejercicio, frente al 31 de mayo de este ejercicio planteado inicialmente, en línea con el Marco Temporal de Crisis y Transición para compensar los altos precios de la energía.
En este marco, la trayectoria de límite de precios se verá modificada. De esta manera, el tope máximo del precio del gas será en diciembre de 2023 con 65 euros/MWh. Una cifra que dibujará un arco evolutivo que avanzará desde los 56,1 euros/MWh en abril, los 57,2 euros/MWh en mayo, 58,3 euros/MWh en junio, 59,5 euros/MWh en julio, 60,6 euros/MWh en agosto, 61,7 euros/MWh en septiembre, 62,8 euros/MWh en octubre y 63,9 euros /MWh en noviembre.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de Compentecia, Margrethe Vestager, ha considerado que la prórroga y la modificación de los precios máximos mensuales "permitirán una salida una salida más suave de la medida, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores vulnerables".
La medida, que entró en vigor en junio del pasado año, por un plazo inicial de 12 meses, fijaba un tope para el precio del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad de 40 euros/MWh durante los seis primeros meses con un aumento de 5 euros mensuales en los seis meses siguientes. Por lo que la extensión de siete meses del mecanismo también extiende el plazo para alcanzar ese tope máximo de precios hasta finales del presente año.
La Comisión Europea ha juzgado como "adecuada", "necesaria" y "proporcionada" la prórroga del mecanismo ibérico y considera que su temporalidad se limita al mínimo necesario para hacer frente a la crisis energética en España y Portugal.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha observado que "la dinámica del mercado ha evolucionado desde la entrada en vigor de la medida", en junio del pasado año, que la medida sirve como "mecanismo de protección" y la trayectoria de limitación de precios termina en unos niveles próximos "a los precios actuales previstos en el mercado mayorista de gas para finales de 2023".
Vestager, ha destacado que " con los cambios aprobados hoy, España y Portugal podrán seguir manteniendo unos precios de la electricidad asequibles para los consumidores en la Península Ibérica. "
Según la Comisión Europea, el presupuesto para financiar la medida modificada dependerá en última instancia de si el mecanismo se activa hasta el final de 2023, lo que al final tiene que ver con si los precios del gas superan este tope.
Ya a finales de marzo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un acuerdo con la Comisión Europea para prorrogar la excepción ibérica hasta finales de año. "Está notificado, trabajado y cerrado. Contamos con el acuerdo y respaldo de la Comisión Europea", dijo la titular de Transición Ecológica.
La determinación de prorrogar el mecanismo la anunció en el arranque del ejercicio. La intención era solicitar a la Comisión Europea prorrogar hasta finales de 2024 la aplicación de esta fórmula que limitó el precio del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad a una media anual de 48 euros/MWh -durante el último año- y que ayuda a contener los precios de la energía.
El Ejecutivo comunitario concedió, así, a España y Portugal su petición aunque sin atender a todos sus requerimientos y dejó el plazo de extensión de la excepción ibérica limitado a finales de diciembre de 2023.
Si bien supone un año menos de lo que pedían los gobiernos español y portugués, Vestager justificó la decisión argumentando que el periodo de vigencia tiene en cuenta el marco temporal de ayudas de Estado, que la Unión Europea puso en marcha para tratar de minimizar el impacto de la guerra.
