El Ministerio de Transición Ecológica se prepara para poner fin esta próxima semana al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) tal y como lo conocemos en este momento. En 2014, el Gobierno del Partido Popular reformó la tarifa eléctrica por los problemas de las llamadas subastas Cesur para configurar una de las ofertas de suministro de energía eléctrica que han acabado convirtiéndose en una de las fórmulas más competitivas del mercado ligando los precios al mercado diario de la electricidad. El resultado -mientras los precios en el pool se mantuvieron bajos- resultaba casi imbatible para las eléctricas.
Ahora, después de que la crisis energética y la guerra de Ucrania, hubiera disparado los precios de este mercado hasta máximos históricos, el Gobierno se prepara para fijar una tarifa que será más estable para los consumidores pero a la vez algo más cara, ya que se incluye una suerte de 'seguro' que supone darle un mayor peso a los precios a largo plazo para reducir la volatilidad, lo que al mismo tiempo permite a las pequeñas comercializadoras lograr una mayor liquidez y acceso a la energía a largo plazo.
La nueva metodología de precios prevé la puesta en funcionamiento de un sistema para la fijación del PVPC que tendrá en cuenta, además del precio medio horario (obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario), un término de ajuste calculado a partir del precio medio resultante de los valores de una cesta de futuros con carga base con liquidación financiera (anual 54%, trimestral 36% y mensual 10%) que irá incrementando su peso hasta suponer el 55% del total a lo largo de los próximos tres años. El Ministerio prevé la implantación de este nuevo sistema de forma progresiva a partir de 2024.
La medida además incorpora un riesgo de volumen para las grandes eléctricas, lo que supone un incremento del coste del suministro en caso de ser reconocido como una prima de riesgo en el PVPC que implicaría un incremento de precio frente a la metodología actual.
La fórmula además no mantiene el mismo perfil horario de los precios de mercado y podría conllevar también comportamientos ineficientes en días de elevada penetración de renovables, es decir, que en momentos de costes de generación muy bajos -como los que se están viviendo estos días por la elevada producción fotovoltaica- la señal de precios sería distinta para los consumidores desplazándose así el uso de esa electricidad y perdiendo eficiencia. De hecho, la CNMC en su informe sobre la propuesta del Gobierno recomienda ampliar el plazo de contratación para evitar una presión de precios y la concentración de las operaciones de compra.
A partir del 1 de enero de 2025, el PVPC solo será aplicable a personas físicas y microempresas. Todas las empresas que quieran continuar con esta tarifa deberán presentar una declaración responsable para acreditar su condición de microempresas. Este cambio puede provocar problemas para acometer la labor de certificación, ya que se considera que hay un total de 881.360 empresas que deberían presentar esta declaración responsable para garantizar su acceso a este tarifa, un extremo que la CNMC considera que no podría acometer por la falta de medios y recomienda un proceso de validación por parte de la administración mediante la herramienta Bosco que actualmente acredita si una persona jurídica puede o no acogerse al PVPC. Las comercializadoras reguladas tendrán que informar a los clientes de este cambio de la fórmula de cálculo de la tarifa.
