El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, este próximo martes la reforma de la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)- que supondrá una importante reducción de la volatilidad de los recibos de la luz.
Transición Ecológica cumplirá así con las condiciones impuestas por la Comisión Europea para aprobar la llamada 'excepción ibérica' con casi siete meses de retraso.
Ribera pactó con Bruselas que presentaría el pasado otoño una reforma de la tarifa regulada para que pudiera comenzar a aplicarse en 2023 pero el Gobierno evitó poner en funcionamiento la medida porque todavía los precios de los futuros de la energía se encontraban en niveles elevados y podían mantenerse altos durante este año.
Transición Ecológica recibió el visto bueno a su propuesta por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a mediados de diciembre pero prefirió seguir discutiendo con el sector la propuesta que, finalmente, envió al Consejo de Estado hace apenas 15 días para que tramitara su informe por la vía de urgencia.
Según fuentes consultadas por elEconomista.es, la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica fue aprobada por este organismo el pasado 20 de abril y aunque no presupone que se tenga que llevar de manera inmediata al Consejo de Ministros, ha sido el propio Gobierno el que ha asegurado que tenía previsto aprobar esta medida en estas semanas.
La propuesta que ha puesto sobre la mesa el Ministerio prevé un sistema de compra de energía a plazo durante el último trimestre del año pero la falta de concreción en esta medida impidió a finales del año pasado que las empresas pudieran activar este sistema con el tiempo necesario para llevar a cabo las adquisiciones de energía necesarias. Por el momento se desconoce si el Ministerio mantendrá esa misma fórmula o si llevará a cambio ajustes en la misma.
El Consejo de Estado emitió su dictamen urgente sobre el decreto el pasado 20 de abril
La medida además debe convertirse en una solución a largo plazo para los consumidores españoles que sufren una mayor volatilidad en los precios.
El departamento de Competencia de la Comisión Europea explicó en junio en su resolución sobre la autorización del mecanismo ibérico que autorizaba la medida excepcional hasta el 31 de mayo de 2023. "España ha explicado que el objetivo de la medida es aliviar temporalmente a los consumidores de electricidad de la Península Ibérica y también dar tiempo a las autoridades para reformar la tarifa PVPC con el fin de reducir la exposición de los hogares vulnerables y las pyme al mercado al contado".
El propio Gobierno fue incluso más allá y se comprometió a llevar a cabo esta reforma en el texto del Real Decreto Ley 10/2022 que regula la excepción ibérica y que obligaba a reformar el Real Decreto 216/2014 por el que se establece la metodología de cálculo de la tarifa PVPC antes del 1 de octubre.
"Una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario"
Según el propio Gobierno "una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Así, el mecanismo de ajuste se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y esta entra en vigor de forma efectiva, pero ya alertaba en junio de que este cambio "no es inmediato".
La subida de precios del mercado diario e intradiario y su alta volatilidad han perjudicado especialmente a los pequeños consumidores domésticos con potencia contratada menor o igual a 10 kW, que se encuentra acogidos al PVPC, entre los que se encuentran los consumidores vulnerables con derecho a la aplicación del bono social. Esta traslación directa de la volatilidad y del elevado precio del mercado diario e intradiario al PVPC se debe a que la metodología para establecer el coste de la energía emplea exclusivamente el precio del mercado diario e intradiario en cada hora.
