Francia amplía su plan de ayudas a las grandes empresas consumidoras de electricidad para que puedan cubrir las garantías de sus contratos de energía. La Comisión Europea ha aprobado un paquete de ayudas de 2.000 millones para hacer frente a la tensión de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania, que se suma a otro paquete de 2.000 millones que Bruselas también autorizó para el desarrollo de la energía eólica marina.
Las empresas francesas, al igual que gran parte de las europeas, se enfrentan a un nivel creciente de exigencias de garantías por el aumento de los costes de la electricidad y el gas. En el marco de esta medida, el Gobierno francés podrá otorgar una serie de contragarantías públicas que serán administradas por la Caisse Centrale de Réassurance, la reaseguradora pública francesa de propiedad estatal.
Estas contragarantías tendrán por objeto cubrir las emitidas por los intermediarios financieros por cuenta de las empresas para hacer frente a las crecientes exigencias derivadas de sus contratos de suministro de energía.
La medida estará abierta a las empresas consumidoras de energía activas en Francia cuyo consumo de electricidad haya sido superior a 1 GWh en 2022, para las garantías concedidas en el marco de contratos de suministro de electricidad; o cuyo consumo de gas haya sido superior a 2 GWh en 2022, para las garantías concedidas en el marco de contratos de suministro de gas. Las entidades de crédito u otras entidades financieras quedan excluidas de los beneficiarios finales del régimen. Los avales públicos cubrirán hasta el 90% de las garantías elegibles, que serán iguales o inferiores al equivalente a tres meses de facturas.
La medida cubrirá las nuevas garantías concedidas para contratos de suministro de energía celebrados entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023; relacionados con el suministro de energía para la totalidad o parte de 2023; y que finalicen a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
La Comisión evaluó la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE reconociendo que la economía de la UE está experimentando una grave perturbación. Bruselas ha constatado que el régimen notificado por Francia es compatible con los principios establecidos en el Tratado UE y está orientado a poner remedio a una grave perturbación de la economía francesa. En particular, la medida eximirá a sus beneficiarios finales de la obligación de aportar por adelantado garantías en efectivo, lo que habría supuesto una presión adicional sobre sus posiciones de liquidez; los proveedores de energía y los intermediarios financieros no podrán solicitar ninguna otra forma de garantía al beneficiario final; y los intermediarios financieros cobrarán primas que reflejen el nivel de las cobradas por el Estado.
Además, el apoyo público estará sujeto a condiciones para limitar distorsiones indebidas de la competencia, incluidas salvaguardias para garantizar que las ventajas de la medida se transmitan en la mayor medida posible a los beneficiarios finales.
