Las grandes empresas energéticas españolas preparan una oleada de inversión para impulsar la transición energética en los próximos tres años. Las compañías tienen sobre la mesa planes para destinar 46.800 millones a desarrollar desde energías renovables a hidrógeno o combustibles sostenibles.
La apuesta de estas empresas por España resultará clave para el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuya revisión tiene que llevar a cabo antes de marzo el Gobierno, para trazar metas más ambiciosas en junio.
Según el plan en vigor, las inversiones necesarias para el periodo 2021-2030 ascendían a 241.000 millones, lo que sitúa a España en buena línea para el cumplimiento de los objetivos trazados.
La Comisión Europea revisará los avances llevados a cabo en los planes energéticos nacionales y animará a incrementar la ambición para reducir la dependencia energética de Rusia.
En este escenario, las compañías eléctricas han alertado de los riesgos regulatorios existentes por la creciente presión impositiva o la reforma del mercado mayorista de la electricidad, donde temen que una agresiva reforma junto con las intervenciones en la formación de precios pueda acabar afectando a este ritmo inversor.
El PNIEC prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 161 GW de los que 50 GW serán energía eólica; 39 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 9,5 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, así como capacidades menores de otras tecnologías. Estos objetivos se traducen en una inversión que se focalizará en renovables: 38%, ahorro y eficiencia: 35%, redes y electrificación: 24% y resto de medidas: 3%.
Según las previsiones del Gobierno, una parte muy sustancial de la inversión total la realizará el sector privado (80%) y el resto el sector público (20%).
El sector en el que se realizan mayores inversiones durante todo el periodo 2021-2030 es en el sector eléctrico con 126.671 millones de euros. Por otro lado, se invertirán un total de 35.605 millones en el sector residencial, 54.297 millones en el sector del transporte, 9.586 millones en el sector servicios, 7.750 millones en el sector industrial, 4.038 millones en agricultura y 3.465 millones en otros sectores (difusos no energéticos). A cambio, el PNIEC generará un aumento del PIB entre 16.500 y 25.700 millones al año (un 1,8% del PIB en 2030).
Estas necesidades de inversión se producen en un momento en el que Unidas Podemos está reclamando una mayor intervención en los beneficios empresariales, pero la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, en la que se agrupan ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia), reclaman una acción decidida de las autoridades europeas para establecer mecanismos de apoyo a la inversión similares en la Unión Europea.
Revisión frente a EEUU
Para lograrlo, la gran industria exige la revisión de la situación industrial de Europa respecto a EEUU y su Inflation Reduction Act (IRA) que pasaría por abordar reformas que garanticen precios energéticos competitivos -los consumidores europeos no se están beneficiando de los menores costes de generación de las renovables-; revisar el funcionamiento del mercado de derechos de emisión para limitar la especulación; impulsar la captura, almacenamiento y utilización del CO2; apoyar el desarrollo del autoconsumo industrial; garantizar un marco de evolución estable y a largo plazo de tecnologías renovables sustitutivas de los combustibles fósiles (hidrógeno, biometano, gases renovables, ecocombustibles neutros en emisiones); potenciar la explotación de materias primas y minerales críticos y estratégicos para ciertos sectores; promover el liderazgo tecnológico e industrial europeo mediante programas de apoyo a la I+D+i en tecnologías clave para la transición energética y digital y agilizar los procedimientos administrativos para la puesta en marcha de plantas industriales.
Ante estas peticiones, lo que están encontrando las empresas es que el próximo 20 de febrero terminará el plazo para el pago anticipado del impuesto a las eléctricas y la banca y las compañías afrontarán una nueva batalla legal para hacer frente a una medida que ha sido única en Europa.
