Energía

España pedirá a Bruselas extender la excepción ibérica hasta finales de 2024

  • Ribera detalla que pedirá un tope similar al actual, entre 40 y 50 euros/MWh
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera
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España quiere ampliar el plazo de aplicación de la excepción ibérica para mantener los precios de la electricidad bajo control. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este lunes que pedirá a la Comisión Europea ampliar hasta finales de 2024 el plazo de aplicación del mecanismo ibérico, que limita el precio del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad a una media anual de 48 euros/MWh. Una medida con la que los Ejecutivos español y portugués han buscado contener los altos niveles de precios en la factura de la luz que se han registrado tras la invasión militar rusa de Ucrania.

La titular de Transición Ecológica ha detallado que pedirá un tope similar al actual, entre 40 y 50 euros/MWh. Además, ha hecho hincapié en que España quiere seguir beneficiándose del mecanismo ibérico mientras la reforma del mercado eléctrico no sea una realidad, algo que considera llevará "mucho tiempo", según dijo en una entrevista con Antena 3.

Cabe recordar que con esta medida, vigente desde el pasado 15 de junio, se estableció un límite de 40 euros/MWh al gas durante los primeros seis meses de aplicación, una cifra que incrementaría en 5 euros cada mes hasta mayo de 2023. Además, incluye un mecanismo de compensación para que los productores de electricidad no se vean perjudicados por tal mecanismo.

Ribera resaltó la intención de prolongar la excepción ibérica mientras dure la crisis energética y no se actualice la regulación del mercado eléctrico europeo, de cara a mantener unos niveles de precios del gas lo más bajos posible.

Ha sido en un contexto de altos precios de la energía impulsados por la guerra de Ucrania que España y Portugal consiguieron el visto bueno del bloque comunitario para implementar el mecanismo ibérico. Se presentó como una solución temporal y como argumento se recurrió a la baja interconexión del mercado eléctrico ibérico con el de otros Estados miembro. Esto supondría que no alteraría otros mercados como el francés dada la baja capacidad de exportación. La condición era también que su aplicación fuera temporal, de un año de duración, y que finalizara el próximo mayo 2023.

Lo cierto es que para sacar adelante esta ampliación del plazo de aplicación del mecanismo ibérico España necesita del visto bueno de la Comisión Europea, tal y como establece el marco normativo de ayudas de Estado.

Fuentes diplomáticas han descartado que se haya realizado, por el momento, contacto alguno por parte de España o Portugal en este sentido. Sin embargo, fuentes comunitarias han matizado que el la Comisión Europea está en contacto con los Estados miembro de forma regular y han indicado que corresponde a cada país determinar si una medida constituye una ayuda de Estado. De ser así, debe ser notificada a la Comisión Europea por adelantado para su evaluación, antes de su concesión a cualquier beneficiario. 

Queda por ver si España y Portugal pedirán una prolongación de un mecanismo similar al que ya ha sido aprobado o si introducirán alguna variable novedosa en la excepción ibérica. En todo caso, la Comisión Europea tendrá que analizar si se dan las condiciones del mercado necesarias, similares a las que permitieron su aprobación en un primer momento, que justifiquen la extensión de la medida.

Por regla general, es más fácil obtener luz verde de Bruselas a la prolongación de una medida que ya está en marcha que su aprobación por vez primera. Aunque puede haber modificaciones como un alza del presupuesto o nuevos beneficiarios de la medida.

El 8 de junio del pasado ejercicio, Bruselas aprobó una medida para reducir los precios del mercado mayorista de electricidad ibérico (Mibel). Dotada de 8.400 millones de euros su finalidad era disminuir los costes de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. Una medida aplicable hasta el 31 de mayo de 2023 y que reconocía la "grave perturbación" que estaban experimentando la economía española y portuguesa. 

En este momento, el Ejecutivo comunitario concluyó que la medida estaba justificada por las condiciones particulares del mercado ibérico, tanto por la baja interconexión con el resto del mercado comunitario como por la elevada influencia del gas en la formación de precios de la electricidad en la Península Ibérica. 

El visto bueno a la excepción ibérica el pasado año fue objeto de un arduo proceso. Y si en octubre el Ejecutivo comunitario llegaba a abrir la puerta a su aplicación al espacio comunitario fue una batalla ardua la que España y Portugal tuvieron que librar en la mesa de negociaciones en sus inicios.

Aquel simbólico golpe sobre la mesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre de líderes de la UE de marzo deja constancia de tales tensiones. Y es que el presidente del Gobierno abandonó las negociaciones por las filtraciones a la prensa en el marco de un diálogo en la que tanto Alemania y Países Bajos rechazaban poner un límite al precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad y compensar a las eléctricas por el diferencial de precios. Un mecanismo ibérico que finalmente salió adelante y que consideraban podría distorsionar el mercado europeo.

Los 4 proyectos del hidrógeno al Consejo de Ministros

Por otro lado, el Consejo de ministros de este martes tiene previsto aprobar el real decreto que regula la participación de los cuatro primeros proyectos de hidrógeno renovable en España, aprobados por Bruselas, dotados con 74 millones de euros de fondos europeos.

Estas cuatro iniciativas españolas forman parte del proyeto europeo de cadena de valor de hidrógeno, bautizado como PIICE hy2Tech, la iniciativa de proyectos de interés común europeo dotada de 5.400 millones de euros de financiación pública, que se espera movilice 8.000 millones de euros de inversión privada.

Así Bruselas anunció el pasado julio que seleccionó cuatro proyectos españoles presentados por las empresas Sener, Nordex y H2B2 e Iveco, que forman parte de la hoja de ruta trazada por la UE para avanzar en la descarbonización de la economía y romper con la dependencia de combustibles fósiles de Moscú. La iniciativa se centra, por tanto, en toda la cadena de valor del hidrógeno, tanto su almacenamiento, transporte o distribución como su uso como combustible.

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