Energía

¿Quién paga la descarbonización? Hay que crear un plan de incentivos atractivo

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La descarbonización de la economía con el fin de conseguir un mundo sin emisiones en 2050 es un objetivo que la mayoría de las empresas han internalizado en sus procesos de producción. El cuidado del planeta ha pasado de ser un elemento de acción social a un fin en sí mismo. El problema está en que los países en desarrollo no pueden seguir el ritmo de los más avanzados. En la COP 15 celebrada en Copenhague en 2009 se acordó crear un fondo dotado con 100.000 millones de dólares. Trece años después, los gobiernos occidentales aún están cerca de alcanzar esa cifra. La primera cuestión está en reclasificar a los países en desarrollo, que incluyen a China y a la mayoría de Oriente Medio, los más ricos y contaminantes del planeta, de manera que se conviertan en contribuyentes netos del fondo. Un paso fundamente es que Estados Unidos, acepta por primera vez la creación del fondo.

El segundo inconveniente es cómo multiplicar esa cantidad de dinero por diez ó por veinte. Los fondos, los bancos y los organismos internacionales dan por buena la estimación del delegado especial de la ONU para la acción climática, Mark Carney, quien concluyó en la pasada cumbre de Glasgow, que por los menos serían necesarios cien billones de dólares durante las tres próximas décadas, es decir, más de tres billones anuales.

El tercer debate es quién debe pagar, si deben de ser los Estados ó las empresas. La declaración final de la COP27 ha dejado sin concretar esta cuestión. Es obvio que los gobiernos tienen la capacidad de poner impuestos a las empresas y a los ciudadanos, pero los expertos consideran que no se logrará este objetivo sin incentivos atractivos para que las sociedades voluntariamente incrementen su aportación. El actual sistema de créditos de CO2 sólo funciona en Europa. Pero, además, incentiva la reducción de las emisiones en el país de origen, por lo que sería necesario ampliarlos para favorecer inversiones en países en desarrollo. Ello exigirá progresos en la seguridad jurídica y en las garantías que los gobiernos de estos países ofrecen para atraer estas inversiones. En la COP27 de Egipto se acordó crear un fondo, pero sin plazos ni mecanismos. Es obvio que queda mucho por hacer.

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