La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, denuncia que las compañías eléctricas están haciendo una interpretación interesada de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis energética. "No están jugando limpio", asegura.
Ribera, en una entrevista concedida al diario La Razón, señala que en la factura de la luz "falta claridad con respecto a las explicaciones de cómo calculan según qué cosas". Un comportamiento que considera "ni muy honesto ni deontológicamente muy correcto", por lo que ya han sido puestos en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En cuanto a la propuesta de la Comisión Europea para abaratar el precio del gas, la ministra socialista sostiene que lo principal es evitar que éste "contamine" el coste de la electricidad. Sin embargo, también apunta que debe hacerse sin quebrar "la trayectoria de la Unión Europea para la construcción de un mercado interior", que es el riesgo que se corre si los estados miembros con más capacidad fiscal deciden "salir con sus propias referencias nacionales". En su opinión, el paquete que va a presentar Ursula Von der Leyen será "muy interesante" y permitirá "avanzar y anticipar lo que pueda ser un eventual riesgo de incremento de precios durante este invierno".
Preguntada por un posible desabastecimiento dentro de tres meses -como calcula Gazprom-, Ribera responde que las estimaciones de la compañía serían ciertas "si no volviera a entrar una molécula de gas en Europa desde el día de hoy en adelante", cosa que no va a ocurrir porque "lo normal" es que se repongan los almacenes conforme se va consumiendo. En cualquier caso, añade la ministra, España se queda "al margen de esta preocupación" al contar almacenes subterráneos y terminales de gas natural licuado que permiten incorporar el gas que llega en barco. De cara al invierno 2023-24, el cual la Agencia Internacional de la Energía advierte que será todavía peor, la vicepresidenta cuarta del Gobierno apunta que Europa ya trabaja en ello.
Sobre el paquete de medidas anunciado recientemente, la ministra explica que busca "encauzar el ahorro entre todos los actores españoles", así como "llamar a las familias y a los actores sociales a ser responsables en el consumo de su energía". No obstante, en ningún caso está pensado para que "pase a ser una obligación". "Sería muy complejo de articular", subraya.
