Coincidiendo con el fin de un verano marcado por los efectos del cambio climático, miles de personas han tomado de nuevo las calles de las principales ciudades de todo el mundo para exigir la transición hacia un modelo económico sostenible. Al igual que este movimiento, científicos, activistas, empresarios y gobiernos han señalado 2030 como una fecha clave en su calendario. Antes de que acabe la década, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán haberse reducido, como mínimo, un 45% con respecto a las registradas en 2010. Para alcanzar este objetivo, muchas están recurriendo a los créditos de carbono. El problema es que esto podría dejar de ser una opción en un futuro cercano.
En concreto, los créditos de carbono permiten a las organizaciones públicas y privadas reducir el impacto medioambiental de sus operaciones. El funcionamiento es sencillo: basta con financiar iniciativas destinadas a absorber y capturar CO2, como la preservación de los bosques o proyectos de energías renovables. Por cada tonelada de dióxido de carbono reducida o eliminada, se emite un título. Cabe destacar que solo cubren una fracción de los gases de efecto invernadero emitidos, el resto se mantendrán durante décadas o disminuirán gracias a la transición energética.
En los últimos años, los créditos de carbono se han vuelto muy populares. Solo en 2021, gobierno, empresas y particulares de todo el mundo compraron un total de 156 millones de estos títulos, según datos de The Wall Street Journal.
Por el momento, el aumento de la demanda de los créditos de carbono no se ha traducido en un incremento de sus precios porque la oferta sigue siendo mayor, pero no va a ser siempre así. Según datos de la consultora McKinsey & Co, la demanda anual de estos títulos podría superar los 2.000 millones en la próxima década. Sin embargo, el excedente actual es de 705 millones de bonos, por lo que la abundancia se convertiría en escasez en menos de tres años. A su vez, este desequilibrio podría disparar sus costes y dificultaría que las empresas alcancen sus objetivos de sostenibilidad. Además, se corre el riesgo de que los promotores opten por producir créditos que contribuyan menos a reducir las emisiones.
Otro de los problemas que puede tensionar este mercado es que los proyectos tienen un crecimiento limitado y suelen ser caros. Por ejemplo, las iniciativas de conservación o plantación de nuevos árboles -que representan casi el 50% de la oferta disponible-, necesitan una media de 30 a 70 años para absorber suficiente dióxido de carbono y generar un suministro constante de créditos. Según un estudio de The Nature Conservancy, las zonas naturales -que abarcan desde bosques y humedales hasta la agricultura- podrían mitigar hasta 24.000 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030, pero solo en el mejor de los casos.
Una de las compañías que han optado por los créditos de carbono para reducir su impacto medioambiental es Shell, el segundo mayor comprador de compensaciones identificado por el medio estadounidense. El pasado mes de julio, el gigante petrolero invirtió 40 millones de dólares en un promotor brasileño centrado en proyectos forestales. De cara al futuro, planea destinar unos 456 millones de dólares a proyectos de conservación y restauración de zonas naturales en los próximos años. A cambio, pretende compensar 120 millones de toneladas de carbono anuales para 2030. Solo en el último año, la compañía ha emitido 675,6 millones de dióxido de carbono a la atmósfera.
