El plan de eficiencia energética del Gobierno levanta ampollas entre los sectores más afectados. Algunas de las principales patronales, que temen un impacto en sus actividades, han tachado la norma de "insuficiente", "compleja" y "acelerada", tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La patronal catalana, Foment del Treball, ha reclamado una regulación de la temperatura en los comercios que atienda a las diferentes realidades climáticas de España. Además, ha solicitado mecanismos de ayuda para hacer frente a la inversión que puede suponer el adaptar algunos locales que no tienen cierre mediante puertas para regular la climatización.
Los comercios, por su parte, han puesto el foco en respetar la libertad de empresa. El presidente de Confecomerç y de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, ha subrayado que el sector es el "primer interesado en el ahorro de energía". Del mismo modo el portavoz de la Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (ANGED), Jesús Cerveró, pese a considerar razonables muchas de las medidas, cree que la limitación del aire acondicionado "aparentemente contradice" las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo que fija la ley.
Las hoteleras también han cuestionado el plan del Gobierno. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) considera que el decreto es "acelerado e improvisado" y teme que "este tipo de limitaciones acabe suponiendo cancelaciones en las reservas y, por tanto, una reducción de visitante en el destino". En este sentido, el secretario general de la Federación andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Rafael Barba, ha señalado que "hay que tener toda la prudencia del mundo, tratándose de una norma que acaba de salir". Además, deben "analizarla, saber quiénes son los sujetos obligados a cumplir estas medidas y hacer un análisis mucho más profundo de la cuestión".
Transportistas y Aecoc
Los transportistas critican que la normativa publicada ayer "no es suficiente". Concretamente, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ha denunciado que el texto sobre de sostenibilidad económica en el ámbito de transporte no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado y la "complejidad" de su puesta en marcha. Además, asegura que no actúa sobre una tema relevante en el sector como es la limitación de la subcontratación.
Aunque la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha valorado la iniciativa del Gobierno, incluida la de mercancías por carretera, cree que la norma es "compleja" y que presenta "dificultades burocráticas" para su aplicación de forma "inmediata y eficaz".
