La decisión del Gobierno de Francia de nacionalizar totalmente el gigante eléctrico EDF no será imitada en el resto de Europa. Pese a que algunos apuntan a movimientos similares en otros Estados miembro, el caso francés es aislado por el control público ya existente y por no ser un activo estratégico en otros mercados.
EDF está, además, en estado crítico por varios factores: los problemas que tienen sus centrales nucleares por la corrosión debido a la tensión que afecta a una parte de su parque, el incremento de costes en la construcción de la central británica de Hinkley Point C y por las intervenciones regulatorias del Gobierno francés. De hecho, en una comparecencia pública ante el Senado, la autoridad gala de seguridad nuclear explicó que, para solucionar estos problemas, EDF requeriría un plan a gran escala que podría llevar varios años y cuyo coste es difícil de prever.
En este contexto desfavorable para la firma, el Gobierno ya contaba con el control de la compañía al poseer el 84% de su capital. Con este movimiento, pretende hacerse con el 16% que está en manos de accionistas minoritarios y cargar con los costes que supondrán la revitalización de la empresa.
Otros países de Europa -como Italia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Grecia o Polonia- tienen empresas participadas por el Estado. Sin embargo, en la gran mayoría, la representación pública es considerablemente menor. Es el caso de Italia, que se desmarca del modelo francés al mantenerse como accionista minoritario en las empresas de energía del país. Enel -matriz de la empresa española Endesa con presencia en un total de 30 países del mundo- dispone de una participación del Gobierno del 23,59%. Hoy, el país no tendría la capacidad de comprar el 76% restante.
Lo mismo ocurre con la francesa Engie, con un 23,64% estatal; también la austriaca Verbund, con un 51%; la finlandesa Fortum, con un 50,67%; o la polaca PGE, con un 47,83%. En Europa también existen firmas totalmente públicas, como la sueca Vattenfall o la noruega Statkraft.
El caso español
La última empresa eléctrica pública que tuvo actividad en España hasta principios de los 2000 fue Endesa. Fue en el año 1988, durante el Gobierno socialista de Felipe González, cuando se comenzó a privatizar con la cotización de parte de su capital en bolsa. En los años siguientes, continuó la privatización de la compañía de forma paulatina.
Actualmente, en España las grandes empresas energéticas son totalmente privadas. Solo los gestores de los sistemas eléctrico y gasista tienen una participación minoritaria pública. Se trata de Redeia (antes llamada Red Eléctrica) y Enagás.