España tendrá que renovar alrededor de un 20% de su parque de generación eléctrica de aquí al 2035. Según las previsiones que maneja el Ministerio de Transición Ecológica, nuestro país achatarrará en los próximos años los 7.100 MW de centrales nucleares, los 3.700 MW de carbón y tendrá que repotenciar 12.000 MW de eólica y 1.600 MW de minihidraúlica. En total, 24.400 MW, de los 114.670 MW que hay ahora en operación, según los datos de Red Eléctrica.
Para lograr llevar a cabo esta transición, que supondrá una transformación del mix energético, el Gobierno acometerá el próximo año una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el que tendrá que hacer frente a la ralentización del ritmo de instalación de nuevas renovables, muy por debajo de las previsiones que marcaba este documento, para evitar que pueda haber problemas de cobertura de demanda.
El departamento que dirige Teresa Ribera tiene en cartera el lanzamiento de la subasta de biomasa y de energía termosolar previstas para el pasado mes de abril que sigue sin fecha de celebración, así como la subasta de eólica marina o la subasta anual de eólica y fotovoltaica. De este modo, en lo que queda de año deberían salir a subasta 3.680 MW (1.500 MW de eólica, 1.800 MW de fotovoltaica, 200 MW de termosolar, 140 MW de biomasa y 20 MW de otras tecnologías) sin tener en cuenta la eólica marina ni la cogeneración que también tienen anunciadas subastas que no acaban de celebrarse.
Para tratar de hacer frente a esta situación de parálisis, el Ministerio de Transición Ecológica ha pisado el acelerador regulatorio una vez que ha logrado la aprobación del tope al gas por parte de la Comisión Europea. Ribera quiere reactivar la instalación de renovables que se ha ralentizado notablemente con el lanzamiento de dos importantes iniciativas.
Subastas de acceso
Por un lado, el Ministerio ha iniciado los trámites para llevar a cabo la primera gran subasta de permisos de acceso y conexión y tratará de reducir el importante atasco existente para conseguir la tramitación de proyectos. En estos momentos para conseguir una declaración de impacto ambiental se tarde media tres años, una situación sobre la que ya ha alertado la Comisión Europea y que ha pedido a los Gobierno que tomen medidas para resolverla cuanto antes.
El Gobieron está sometiendo en estos momentos a consulta pública, la subasta de 5.844 MW de los 10.000 MW que tenía el Gobierno paralizados desde el año pasado en 17 nudos, lo que supondría movilizar una inversión cercana a los 3.000 millones de euros.
Según el borrador de la propuesta, el Ejecutivo primará para la adjudicación de estos puntos de acceso criterios de tecnología (nivel de autoconsumo, almacenamiento, hibridación o repotenciación), criterios socio económicos (expropiación de terrenos, empleos directos, inversiones locales, reinversión de ingresos anuales en las zonas o huella de carbono) así como criterios ambientales y de activación económica.
El departamento de Teresa Ribera exigirá una garantía de 40 euros/kW para la concesión e impondrá una penalización del 25% del coste de la energía no producida estimada en caso de incumplimiento para tratar de evitar que se especule con estos permisos.
Plan de repotenciación
Por otro lado, el Ministerio prepara una primera convocatoria dentro del Perte de renovables e hidrógeno para la repotenciación de parques eólicas, minihidraúlicas y el reciclaje de palas de aerogeneradores.
Esta medida, que se incluía ya en el Perte de renovables, estará dotada en una primera convocatoria con 150 millones de euros. De esta cantidad, un total de 80 millones irán a la repotenciación de parques eólicos, 40 millones a centrales minihidraúlicas y 30 millones a una planta de reciclaje de palas, aunque esta cantidad provendrá de otra partida presupuestaria correspondiente al Perte de Economía Circular.
El Gobierno, en el borrador que ha sacado a consulta pública, asegura que realizará más convocatorias para repotenciación pero evita poner una cifra global de cuanto destinará a este asunto en los próximos años.
Por otro lado, el Gobierno ha vuelto a retomar el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico -conocido como el céntimo verde- que supondría aplicar un coste adicional a los carburantes para contribuir a financiar el despliegue de renovables. La medida se puede aprobar dentro de este periodo de sesiones, ya que el Ejecutivo la había contabilizado como un ingreso para el sector eléctrico para el segundo semestre de este mismo año.
