El Gobierno aprobó el martes una subida de los costes de las basuras de unos 800 millones de euros anuales mediante una norma que obliga a cubrir todos los costes de los vertederos, incluyendo los de mantener las instalaciones durante un mínimo de 30 años después de haberlas clausurado y, por primera vez, los de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
El Gobierno propone reducir la parte fija del recibo de la electricidad de los consumidores en su propuesta para repartir los cerca de 7.000 millones de euros que se abonan a las energías renovables, la devolución de la deuda eléctrica, la generación en las islas y otras partidas. En el caso de un hogar, la parte fija bajará desde el 59% hasta el 51%. Con ello se fomenta el autoconsumo y la penetración del vehículo eléctrico.
El Ministerio de Transición Ecológica ha reivindicado como propia la propuesta de ampliar los plazos para el bono social que ha sido adoptada en el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta, Teresa Ribera. La medida ha formado parte de una ampliación del llamado 'escudo social' del Gobierno que ha sido presentado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que asume así un paquete de medidas que tocan a varios departamentos. Pese a eso, la comunicación de la medida no ha recaído en el departamento de Asuntos sociales sino que ha sido el área de Ribera quién ha emitido la correspondiente nota de prensa explicando la medida antes incluso de que se diera a conocer la referencia del Consejo de Ministros.
El recibo del gas natural bajará de media un 5,1%. El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido revisar los precios de este hidrocarburo para el próximo trimestre tras la fuerte caída registrada en los precios de las materias primas.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha anunciado esta mañana el lanzamiento "muy próximamente" de dos líneas de ayuda de 300 millones de euros cada una, provenientes de los europeos fondos Feder, destinadas a la rehabilitación energética de los edificios y al fomento de renovables térmicas y eléctricas, como medidas de impulso a corto plazo para la recuperación verde de la economía.
Las próximas subastas de renovables incluirán penalizaciones variables para los adjudicatarios que no suministren la energía verde a la que se han comprometido y serán muy flexibles: para cada una se decidirán sus elementos y criterios, como la potencia, la energía y las horas de entrega, las tecnologías participantes, la ubicación de los proyectos... Se cobrará el precio ofertado, al que se podrán añadir incentivos por producir en horas caras, y habrá precios mínimos para evitar bajas temerarias.
El déficit del sistema eléctrico se elevó el año pasado hasta el entorno de los 700 millones de euros, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El dato implica que Gobierno no tiene fondos para cubrirlo, pues le quedaban menos de 600 millones de remanente de los superávit acumulados desde el año 2014. Este año el déficit será muy superior y el Gobierno ya prepara "medidas estructurales" para no subir la luz a los consumidores.
El Gobierno lanzará subastas de renovables durante el segundo semestre del año y sacará a información pública la normativa que las regula de forma inmediata, tras aprobar hoy un Real Decreto-ley que también le permite usar el superávit del sistema eléctrico de ejercicios pasados para cubrir los déficit de 2019 y 2020, establecer una moratoria al acceso a la red para atajar la especulación, agilizar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, mantener el nivel de inversión en las redes, aumentar la retribución de la cogeneración
España afronta con optimismo la batalla en las cortes de arbitraje internacional contra los inversores extranjeros, que hasta el momento le reclaman 7.731 millones de euros por los recortes retroactivos a las renovables de la reforma eléctrica del anterior Gobierno. La Abogacía del Estado no sólo acaba de conseguir la anulación de la primera condena -del Banco Mundial, por 128 millones-, sino que desde el pasado mes de noviembre los jueces están atendiendo sus argumentos y conceden unas indemnizaciones muy pequeñas, con un caso de victoria total.
Iberdrola ha anunciado hoy la inversión de más de 300 millones de euros para revitalizar el entorno de la central térmica de Velilla, que debe clausurar a final de mes para cumplir la normativa europea de emisiones. Iniciará a corto plazo el desmantelamiento, que durará cuatro años, y ya tramita una gran central fotovoltaica de 400 MW y una planta de tratamiento de residuos, entre otras iniciativas.
Los particulares no tendrán que esperar a que las comunidades autónomas lancen las convocatorias de ayudas para los coches eléctricos del Plan Moves II, aprobado hoy por el Consejo de Ministros; podrán adquirir un automóvil el próximo jueves, y remitir la documentación posteriormente a la Comunidad Autónoma para recibir la subvención, que en el caso de los vehículos ligeros llega a los 5.500 euros.
El Banco Mundial ha anulado el primer laudo contrario a España por los recortes a las renovables, que condenaba al país a indemnizar con 128 millones de euros al fondo Eiser, porque ha encontrado un conflicto de intereses en el árbitro propuesto por el demandante.
Las empresas eléctricas le han planteado al Gobierno adelantar a los próximos años una parte sustancial de su inversión en las redes durante la década, superior a los 30.000 millones de euros, al objeto de reactivar la economía. Según los cálculos de Deloitte, contratada para estudiar los impactos macroeconómicos del acelerón, se generarían más de 40.000 empleos netos. Pero para ello hay que eliminar unos límites anuales a la inversión proporcionales al PIB.
La Estrategia Ebro Resilience, una acción pionera en España, ha sumado nuevos avances y se han visitado ya 60 explotaciones agrícolas y ganaderas del tramo medio del Ebro para analizar su adaptación frente al riesgo de inundación.
Tras la aprobación de la nueva Ley fiscal catalana, las eléctricas le han propuesto al Gobierno que transfiera a las comunidades autónomas la recaudación de los tributos estatales ambientales sobre las centrales nucleares -unos 300 millones al año-, a cambio de que los gobiernos locales supriman sus propios tributos ambientales sobre las plantas.
El Gobierno está dispuesto a ajustar la retribución de la cogeneración para paliar las consecuencias del hundimiento del mercado eléctrico. Así se lo ha transmitido al sector la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y así se lo ha trasladado a sus socios el secretario general de la patronal Acogen, Javier Rodriguez, por correo electrónico.
El Gobierno aumenta la transparencia del tratamiento de residuos, un sector con unos 100.000 empleos y unos 3.500 millones de facturación anual tan opaco que las últimas estadísticas oficiales son de 2017 y tienen importantes carencias, lo que impide abordar su gestión correctamente. Así, va a crear un Registro central para coordinarse con las comunidades autónomas y a imponer más transparencia a los gestores, que tendrán que someterse a auditorías externas y remitir información anualmente a las autoridades.
Luis Aires, presidente de BP España y de la Asociación de Operadores Petrolíferos, es el máximo representante del sector petrolero en nuestro país en pleno debate sobre la Ley de cambio climático y del plan de recuperación por la Covid-19.
EsPlásticos, la plataforma que representa al sector del plástico en España, calcula que la aplicación de la Ley de residuos y suelos contaminados puede provocar la destrucción de 35.000 empleos, el 40% de los 90.000 puestos directos del sector.
La futura Ley de residuos obliga a aumentar la recogida y el reciclado de las basuras municipales un 86% desde el nivel actual hasta el año 2035, lo que exige invertir cerca de 2.500 millones de euros en logística y nuevas infraestructuras, como los servicios de recogida y las plantas de tratamiento, la gran mayoría de competencia municipal.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros una serie de medidas que ayudarán a mejorar el consumo responsable de España así como a proteger el medio ambiente. La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) y el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados han sido presentados por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como "adaptar la legislación para luchar contra el desperdicio de residuos". Un factor que provoca anualmente que todos los residuos sumen como 2.900 veces el Estadio Santiago Bernabéu "a rebosar".
El Gobierno prepara una ampliación de los certificados energéticos que afectará a 1,5 millones de inmuebles anualmente, con un coste de 60 a 150 millones de euros. Los propietarios deberán obtener el certificado siempre que vendan o alquilen -aunque ya tuvieran uno en vigor-, cuando acometan una reforma relevante, o si los inmuebles tienen más de 500 metros cuadrados y determinados usos, tal que comercios, oficinas o restaurantes. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 300 y los 6.000 euros.
El Gobierno aprobará previsiblemente el próximo martes la segunda edición del Plan Moves, de impulso a la movilidad eléctrica y alternativa, que se estima contará con una dotación presupuestaria de 65 millones de euros y dará ayudas de hasta 5.500 euros a la compra de coches eléctricos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que la desaparición del peaje 6.1B de alta tensión, que beneficia a casi 1.900 empresas -unas 800 son vascas-, provocará un incremento del coste de los 44,7 millones para el conjunto de los consumidores durante el presente 2020.
El Gobierno ha sacado a audiencia pública dos proyectos de órdenes ministeriales con los mecanismos para conceder ayudas por 300 millones de euros a nuevas instalaciones renovables de carácter innovador. Las normas se tramitan de acuerdo con una excepción del estado de alarma, evitando la suspensión de plazos administrativos para no perder los fondos, de origen europeo.
750.000 millones de euros! Para regar la economía europea, 140.000 para España. Esa es la propuesta de la Comisión Europea que tiene que pasar por el Parlamento de Estrasburgo y el Consejo Europeo. Los diputados dicen que lo aprobarán si de verdad es para cambiar la economía. Los lideres del norte no quieren despilfarros, ni chanchullos. De hecho, aunque hay parte no reembolsable y otra en préstamos a bajo interés, se entregarán exigiendo a cada país un "plan de reformas nacional con propuestas para inversión y mejoras de la economía".
Iberdrola, Enel -matriz de Endesa-, EDP y otras cinco empresas se han unido a las patronales europeas de las energías eólica y solar para reclamar a la UE un mayor apoyo al hidrógeno verde -producido a partir de fuentes renovables- en los próximos planes de estímulo para salir de la crisis del Covid-19.
Ha llegado a las Cortes el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, un quinquenio después de que la anunciara Mariano Rajoy, cuyo Gobierno ya trabajó en un primer borrador que muy poco se parece al actual. Uno de las polémicas de última hora -más allá de la bronca con petroleras y fabricantes de automóviles por la prohibición de vender vehículos que emitan CO2- ha estado en las subastas para desarrollar plantas de renovables.
Enresa ha presentado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación para hacerse con la titularidad de la central nuclear de Garoña e iniciar la primera fase de desmantelamiento.
La CNMC ha publicado el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que analiza los cambios normativos propuestos por Transición Ecológica. En dicho documento, el organismo realiza una serie de planteamientos que en gran parte de los casos han sido admitidos por el Gobierno.
