Ministerio para la Transición Ecológica

La sostenibilidad lleva mucho tiempo en la agenda de empresas, reguladores e inversores. Hasta ahora ha habido avances importantes, pero aún queda mucho trabajo que hacer, y es una responsabilidad de todos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico premiará a las comunidades autónomas que hayan agotado los fondos del plan Moves II en la línea relativa a la compra de vehículos eléctricos, con una dotación adicional de 20 millones de euros a repartir entre estos territorios.

El sesgo verde de la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus que exige la Comisión Europea, del que presume el Gobierno y que se ha anticipado en bolsa -Solaria sube un 220% desde el suelo del crash de marzo, Siemens Gamesa un 160%, Grenergy un 285% o Soltec un 135%- es poco más que propaganda según el estudio que ha realizado Finance Watch sobre el plan de España para la absorción de los 72.000 millones de euros que recibirá del fondo de reconstrucción de la Unión Europea (UE).

Joan Groizard, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado que el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo plan para la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de puntos de recarga dotado de "al menos" 400 millones de euros, "con la posibilidad de duplicar esa partida si hay el suficiente apetito" para aprovechar los fondos.

Rubén V. Hernando acaba de asumir la presidencia de la Asociación Española de Cogeneración. El máximo responsable de la patronal analiza en su primera entrevista la decisión del Gobierno de convocar una subasta para 1.200 MW de nuevas cogeneraciones.

Unas 3.500 industrias verán incrementados sus costes eléctricos entre un 4,6% y un 8,1%, como resultado de aplicar el Fondo que prepara el Gobierno para retirar del recibo de la luz los 7.000 millones de euros anuales que cuestan las renovables históricas. Aunque la electricidad pasará a cubrir sólo el 31% de esa cantidad, mientras que el gas correrá con el 25% y los productos petrolíferos con el 44%, a las fábricas les subirá la factura de la luz por el peculiar reparto de costes de las tarifas.

El próximo 12 de febrero se cierra el periodo de participación pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- para regular un mecanismo que acredite la consecución de una cantidad de ahorro energético a efectos del cumplimiento de las obligaciones del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética. El tema es de suma importancia, y el hecho de que el Ministerio, junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estén empujando y liderando esta iniciativa es muy buena noticia. Porque queda mucho por hacer.

Los recursos hídricos y la salud, seguidos por las infraestructuras, son los ámbitos que sufrirán más en España como resultado del cambio climático y el previsto aumento de la temperatura media del país entre 2 y 6,4 grados centígrados en el presente siglo; son tres elementos transversales para muchos de los 73 riesgos identificados por el Gobierno en sectores tan dispares como el turismo, los ecosistemas marinos o la energía.

La subasta para nuevas instalaciones de cogeneración estará lista "en las próximas semanas", según anunció este lunes la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera. El plan del Gobierno es sacar a concurso varias pujas para otorgar retribución regulada a un máximo de 1.200 MW, empezando por las plantas que consumen carbón y fuelóleo.

Una sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso presentado por el Gobierno contra una norma aprobada por él mismo, tras detectar un error en el cálculo de la retribución regulada de las redes de distribución, va a elevar los beneficios de las grandes eléctricas en más de 200 millones de euros, al regularizar pagos pendientes desde el año 2016. Endesa, Iberdrola y Naturgy son las más beneficiadas.

España acaba de sufrir un nuevo varapalo en los tribunales internacionales. El órgano de arbitraje del Banco Mundial ha condenado al pago de 22 millones de euros por daños y perjuicios en la inversión en energía verde de la compañía, tal y como recoge Ciarglobal.com.

La subasta de renovables celebrada ayer ha marcado un mínimo para la energía fotovoltaica en España, de 14,89 euros por MWh -una cuarta parte del precio de hoy en el mercado mayorista, de 59,77 euros por MWh-, obtenido por Ignis Desarrollo, para una planta de 30 MW. Endesa ha logrado el precio máximo, de 28,9 euros por MWh, para otra planta solar de 50 MW. El Gobierno ya prepara la próxima subasta, en la que habrá cupos específicos para la biomasa y la solar termoeléctrica.

Capital Energy se convierte en el gran ganador de la subasta de renovables que se ha celebrado hoy. La compañía de Jesús Martín Buezas ha conseguido llevarse 620 MW, lo que supone la principal parte de dicha subasta. Se han adjudicado 3.034 MW entre 32 participantes: 2.036 MW fotovoltaicos y 998 MW eólicos. Su instalación requerirá una inversión de 2.100 millones y rebajará en cinco euros al año la factura de un hogar.

Los servicios de basuras municipales se van a encarecer un 30%, hasta los 3.700 millones de euros anuales -unos 80 euros por ciudadano-, para cumplir con la nueva Ley de residuos, que traspone normativa comunitaria. A esa cantidad hay que añadir una inversión superior a los 2.600 millones para mejorar los sistemas de recogida, tratamiento, reciclado y reutilización; parte de esas inversiones correrán a cargo de los fondos europeos de Reconstrucción tras la pandemia: el Gobierno ya ha habilitado 421 millones este 2021, cuyo reparto negocia con las comunidades autónomas.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aprovechado la bajada de los precios de la electricidad en el mercado mayorista para dar explicaciones del pico alcanzado durante los primeros quince días de enero. En su intervención tras el Consejo de ministros -acompañada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón- Ribera no se refirió ni a la eliminación del impuesto del 7%, ni a una rebaja del IVA pero si recordó sus planes para lanzar el Fondo Nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico que permitirá trasladar el 13% del coste del recibo de la luz a los usuarios de gas y carburantes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) discrepa radicalmente de la estimación del Gobierno sobre el volumen del déficit de ingresos en que incurrió el sistema eléctrico el pasado 2020. El Ejecutivo calcula una horquilla de 1.000 a 2.000 millones de euros, mientras que el Regulador, mucho más preciso, cifra sólo 219 millones, una cantidad similar a la manejada internamente por Aeléc, la patronal de las grandes eléctricas, de 204 millones.

Aelec, el lobby eléctrico por excelencia, ha saltado por los aires tras la decisión de Naturgy de abandonar la asociacion. Según indicaron a elEconomista fuentes conocedoras, la unanimidad que las cinco grandes compañías del sector exhibían en la antigua Unesa -a excepción de la época de la OPA de Gas Natural sobre Endesa- se ha roto por culpa del Anteproyecto de Ley para crear un fondo con el que pagar el coste de las renovables.

Luis Aires, presidente de la Asociación española de Operadores Petrolíferos y de BP explica cómo puede afectar a las petroleras el fondo que propone el Gobierno para quitar del recibo eléctrico el coste de las renovables.

La industria eólica anda revolucionada en España, y con distinto signo: mientras que el mayor fabricante, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ha anunciado el cierre de tres fábricas desde el verano pasado y el despido de unos 500 trabajadores, sus rivales aumentan la actividad fabril: Acciona-Nordex ha ampliado sus instalaciones en Lumbier (Navarra), contratando a más de 450 personas, y LM Wind Power (GE) y Vestas operan las suyas a pleno rendimiento, tras haberlas potenciado. SGRE, no obstante, ha creado empleo en el país desde que viera la luz en el año 2017.

La Cartera de Teresa Ribera ha activado esta mañana, con las comunidades autónomas, el reparto de las primeras ayudas con cargo al Fondo de Recuperación de la economía tras la pandemia. Son 825 millones de euros para transición energética, de los que 400 millones recalarán en el vehículo eléctrico, otros 200 millones en autoconsumo a gran escala y 225 millones para actuaciones en municipios con menos de 5.000 habitantes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha pedido al Gobierno que introduzca más transparencia en los contratos de precios dinámicos, así como un mecanismo que permita comprobar que sus facturaciones son correctas y las ofertas -con sobrecostes de 50 a 350 euros anuales- veraces.

España está en alerta por la falta de gas natural. La borrasca Filomena que azota el centro peninsular está provocando un fuerte incremento tanto en la demanda como en los precios. El consumo de gas de hogares e industrias batió ayer su segundo máximo histórico consecutivo, lo que ha provocado la necesidad de tomar medidas con carácter urgente para preservar la seguridad del suministro.

El Gobierno ha pedido formalmente por escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue el comportamiento de los mercados eléctrico y gasista durante la presente ola de frío, en la que se están registrando precios récord que impactan en las facturas de los consumidores.

La moratoria para conceder permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas a nuevos proyectos de renovables que el Gobierno instauró en junio del año pasado se mantendrá al menos tres meses más, plazo otorgado a los gestores de las redes para habilitar unas plataformas web en las que publicarán la capacidad de las infraestructuras en tiempo real y donde los promotores podrán conocer el estado de sus solicitudes.

Retirar los 7.000 millones anuales de ayudas a las renovables históricas de la tarifa eléctrica y repartirlos entre todos los sectores energéticos tendrá efectos macroeconómicos positivos, como aumentar el PIB un 0,05% -más de 600 millones de euros- o reducir la tasa de paro un 0,51%, entre otras externalidades, tal que evitar 132 millones de costes sanitarios o reducir las emisiones de carbono un 3,1%.

Ramón Paramio acaba de ser nombrado consejero delegado de Ignis, la compañía que ha realizado una de las mayores operaciones de venta de proyectos de renovables en Europa tras su acuerdo con Total para traspasarles 3.300 MW. En la primera entrevista que concede a un medio, Paramio destaca sus planes para incrementar su capacidad de generación propia en 2.000 MW y alcanzar los 2.300 MW.

El Gobierno transferirá a las comunidades autónomas los 850 millones de euros anuales que espera recaudar con el nuevo Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración, que se incorporará al texto del Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, actualmente en tramitación.

El Gobierno prohibirá por ley los cortes de suministro de agua, electricidad y gas a personas vulnerables, incluso aunque estas no sean beneficiarias del bono social, previa evaluación por parte de los servicios sociales.

El Gobierno quiere repartir los 7.000 millones de euros anuales en ayudas para las renovables históricas entre todos los consumos energéticos, de modo que también se paguen al llenar el depósito del coche o en la calefacción, con una especie de céntimo verde. Para ello creará un fondo específico que alimentarán progresivamente los comercializadores de energía y que debería rebajar un 13% el recibo doméstico de la luz en un plazo de cinco años.

El Ministerio de Transición Ecológica acaba de realizar una de las mayores jugadas de ajedrez eléctrico que se recuerdan. La vicepresidenta Teresa Ribera ha puesto negro sobre blanco los principios del "céntimo verde" con su Ley para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y de paso se ahorra tener que subir la parte fija del recibo entre un 10 y un 15% para cuadrar los desajustes en las cuentas.