La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está en proceso de alumbramiento de 13 nuevas normas -circulares- sobre los sectores eléctrico y gasista. Si las relativas al primero avanzan sin grandes conflictos, las del segundo están provocando un auténtico terremoto -los títulos de las firmas cotizadas han perdido unos 3.000 millones de euros en bolsa desde que se conocieron los borradores-, puesto que plantean un cambio de modelo regulatorio que provocará, de acuerdo con los cálculos del propio Regulador, un recorte de la retribución del 17,8% para las redes de transporte y del 21,8% para las redes de distribución entre 2021 y 2026.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha anunciado en Oviedo que el Gobierno piensa destinar unos 600 millones de euros para ayudar a los territorios que resulten perjudicados por el proceso de transición energética y la descarbonización de la economía, como las comarcas afectadas por el cierre de las centrales de carbón. Se trata de un incremento del 50% sobre los fondos públicos originalmente previstos, que ascendían a 422 millones.
El miedo a agigantar la avalancha de peticiones de acceso y conexión a la red eléctrica de nuevas plantas renovables y la subsiguiente especulación con los derechos concedidos -se vende el primer papelito de la tramitación a 80.000 euros por MW- ha frenado en seco la posibilidad de ampliar y optimizar la capacidad de dicha red al suavizar límites técnicos establecidos hace tres décadas.
Quizá sea por honrar una tradición de incertidumbre y sobresalto, quizá por despiste, quizá por ninguneo... No importa. El caso es que las renovables con retribución regulada perciben unos 5.700 millones al año no saben cuánto van a cobrar a partir del próximo 1 de enero. Según la Ley 24/2013 del sector eléctrico, cada seis ejercicios pueden revisarse su retribución, ligada a parámetros objetivos, al objeto de que obtengan una rentabilidad razonable, en la actualidad fijada en el 7,4%.
La penetración de las renovables en España retrocede, porque la demanda de energía no baja y el consumo de petróleo ha subido: las fuentes verdes pasaron a cubrir el 17,3% del consumo final en 2018, frente al 17,5% de 2017. Se trata de la primera bajada que experimentan desde el inicio de la década, de acuerdo con los cálculos de las empresas, porque el Gobierno no ha divulgado un dato oficial.
Luz verde para las primeras normas de la reforma energética de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sobre la retribución de REE y Enagás, en tanto que operador y gestor de los sistemas eléctrico y gasista. El primero cobrará un 20% más -unos 70 millones de euros anuales- y el segundo un 8% más -unos 26,5 millones-, al aplicar dos circulares que entraron el viernes en el Consejo de Estado con una redacción aprobada por el Gobierno.
El Mar Menor ha conseguido, por fin, unir a las distintas administraciones para avanzar en su recuperación. En el mes de septiembre se constituyó el Foro de coordinación administrativa del Mar Menor, un órgano de control y coordinación para la recuperación de esta laguna salada, con el que se pretende dar continuidad a las reuniones que mantuvo el Gobierno de la Región de Murcia con los ayuntamientos que rodean esta masa de agua, y a la que también se ha sumado la Administración General del Estado, con representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Demarcación de Costas del Estado.
El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) discrepan holgadamente en sus previsiones de demanda de gas para los próximos años, algo básico para calcular los ingresos de las redes gasistas con los peajes -abonados por los consumidores- y la subsiguiente retribución de los operadores de dichas redes.
El Ministerio dirigido por Teresa Ribera prepara una norma sobre la eliminación de residuos en los vertederos que propiciará una subida de las tasas de basura para que el volumen de desechos que acaba en estas instalaciones se reduzca un 80% hasta 2035, conforme a la legislación de la UE. La futura norma, un real decreto en información pública, aumenta el control sobre los vertederos y sus residuos, al objeto de cerrar procedimientos de infracción comunitarios antes de que se traduzcan en sanciones. Su aplicación creará unos 78.000 puestos de trabajo.
Solo buenas palabras han salido de la reunión que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo también en funciones, han tenido con 22 representantes de empresas e industrias españolas, un encuentro en el que han insistido en que el gobierno se tiene que formar cuanto antes para continuar en la hoja de ruta que venían marcando de cara a la digitalización del sector privado, la transición ecológica y la internacionalización, y las correspondientes medidas de acompañamiento.
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