Ministerio para la Transición Ecológica

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó que el Gobierno no ha tomado todavía ninguna decisión sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aunque sí ve “margen” para plantearla antes de que acabe 2021. Díaz señaló que hoy su Ministerio, junto con los expertos, harán público el informe sobre el SMI y darán a conocer la “senda que proponen los expertos para ir desplegando el incremento del SMI hasta el fin de la legislatura”.

El consejero delegado de Wind Europe, Giles Dickson, aseguró ayer en una entrevista con elEconomista que el Anteproyecto de Ley que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica para recortar los ingresos de las compañías por los llamados windfall profits es “completamente erróneo”.

“Quien contamina, paga”: Éste es uno de los principios rectores de la política comunitaria en temas medioambientales. Ésta es una de las ideas que parece simple pero que tiene muchas más consecuencias que las que se pueden prever a primera vista. Por ejemplo, si se quiere evitar la contaminación no se puede dar un permiso indiscriminado para contaminar simplemente por pagar. Por otra parte, si los que contaminan dejasen de hacerlo, entonces no se recaudaría…

Las actuales tarifas del agua no tienen en cuenta las características económicas del sector ni del recurso hídrico, y tampoco permiten recuperar los costes ni incentivan el ahorro de líquido elemento.

Las partidas destinadas a la transición ecológica serán el buque insignia del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU) tanto a nivel comunitario como español. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado hace apenas unos días las líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de transición ecológica, que contará con una inversión de más de 28.000 millones destinados al impulso de una economía verde.

El Ministerio de Transición Ecológica pondrá en marcha hoy una nueva tarifa eléctrica. El nuevo sistema pretende penalizar el consumo en las horas de mayor demanda a cambio de rebajar los costes fijos del sistema. Esta medida, según las estimaciones de la CNMC, permitirá abaratar de media un 6% la parte fija del recibo de la luz aunque deja fuera del cálculo la evolución que presenten los precios de la electricidad que en las últimas semanas han vuelto a subir con fuerza.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, propuso ayer la creación de una tasa de tramitación que sirva para filtrar y priorizar proyectos maduros, solventes y compatibles de renovables, evitando así el colapso de las administraciones ante el aluvión de expedientes.

Tras meses de especulación, el próximo 1 de junio entrará en vigor la nueva factura eléctrica para los usuarios acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Un gran cambio, promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica, que buscará bonificar el ahorro energético, el consumo eficiente, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico con la introducción de tres franjas horarias que podrían reducir la factura en hasta 150 euros anuales, según la Agencia Andaluza de la Energía.

La UE vuelve a destacar como el área económica global más comprometida con la transición ecológica. La aspiración que Bruselas expresó en la Cumbre del Clima de Madrid en 2019, basada en reducir un 55% sus emisiones en 2030 para anularlas por completo en 2050, es ahora un compromiso blindado por el Consejo y el Parlamento Europeos.

La moratoria para las renovables terminará el próximo 1 de julio a las ocho de la mañana tras más de un año en el que los promotores de energías limpias no han podido presentar nuevos proyectos para conseguir los preceptivos permisos de acceso y conexión a la red.

El Ministerio de Transición Ecológica prepara la creación de un mercado de capacidad para el sistema eléctrico español con el objetivo de reforzar la estrategia de almacenamiento y darle a Red Eléctrica las capacidades suficientes para contratar la potencia firme necesaria para atender el suministro eléctrico.

El precio de la electricidad vuelve a estar por las nubes y tiene preocupadas a las grandes industrias del país que afrontan la crisis del coronavirus y ahora este incremento de costes que se verá agravado el próximo mes de junio con la entrada en vigor de las nuevas tarifas que prepara el Gobierno.

El Ministerio de Transición Ecológica aprovechará el futuro decreto para los puntos de recarga eléctrico para introducir una medida que permitirá la puesta en operación de instalaciones de autoconsumo con vertido a red en pequeñas empresas e industrias que hasta ahora no podía hacerlo por la moratoria renovable.

El Ministerio de Transición Ecológica prepara un Real decreto en el que abre la puerta a la creación de operadores virtuales para gestionar el acceso a los puntos de recarga de coches eléctricos. Con esta medida, el Gobierno quiere impulsar la movilidad eléctrica facilitando el acceso a los cargadores para los usuarios finales y abriendo la posibilidad a la creación de nuevos negocios alrededor de estas infraestructuras de carga.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan de incentivos a la compra de vehículos electrificados Moves III, con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros, que podrán llegar, en caso de que la demanda lo requiera, hasta los 800 millones.

La actual crisis plantea una oportunidad sin precedente para impulsar la transición ecológica, un fenómeno en el que España presenta las condiciones idóneas a la hora de ejercer un rol crucial.

Este miércoles se firmó un pacto entre el Gobierno, los sindicatos y las eléctricas propietarias de las 12 centrales de carbón en proceso de cierre y desmantelamiento: EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy. El pacto, único en el mundo, facilitará la ejecución de proyectos para revitalizar las comarcas de las plantas y canalizar ayudas europeas. Las empresas, en todos los casos, se están volcando para instalar renovables en el entorno de las centrales.

Naturgy trabaja en una reducción del 18% en su plantilla en España, el equivalente a 1.000 empleos. No se tratará de un proceso de adelgazamiento conflictivo, ya que la firma busca que sean bajas voluntarias, ni tampoco precipitado.

El Gobierno ha aprobado el reparto de las primeras ayudas europeas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; son 581 millones de euros destinados al tratamiento de residuos -416 millones-, la depuración de aguas residuales -100 millones- y la adaptación de tendidos eléctricos -60 millones- para evitar la electrocución de aves.

El Ejecutivo central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos están inmersas en el diseño de los mecanismos de asignación de los fondos europeos para recuperar la economía tras la crisis provocada por la Covid-19 y las empresas del sector del agua urbana no sabe cómo recalarán finalmente las ayudas, en buena medida por la indefinición del reparto entre las distintas administraciones y la atomización del plano municipal, y porque, como lamenta, el agua no figura entre las prioridades políticas, a pesar de que tiene todos los elementos para ser un factor de impulso sostenible y ecológico para el conjunto de la economía.

El sector del agua urbana ha identificado 50 proyectos, ligados a una inversión de unos 7.300 millones de euros, susceptibles de recibir fondos europeos, porque cumplen los requisitos de Bruselas y porque pueden materializarse entre 2021 y 2023. Sin embargo, la Cartera de Teresa Ribera no ha lanzado una convocatoria específica para que los proyectos de agua opten a recibir fondos del Plan de Recuperación; es más, sólo piensa destinarle unos 650 millones al ciclo del agua en el trienio, la mayoría para solventar carencias en depuración. Las empresas no esconden su decepción, aún trabajan para obtener un Perte y confían en que los programas de otros ministerios, como Economía e Industria, o las autonomías, les permitan captar más fondos.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado una orden ministerial por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Cofrentes hasta el 30 de noviembre de 2030, fecha de cese definitivo de explotación de esta central, según el acuerdo alcanzado entre las eléctricas y el Ejecutivo.

La recuperación post COVID no va a producirse si no hay un espectacular desarrollo de las energías renovables. Es necesario disponer de nuevas maneras de consumir energía de una manera más eficiente, más limpia y respetuosa con el medio ambiente.

El Gobierno ha sacado a información pública una norma que permite a los vecinos que dispongan de un autoconsumo colectivo -estén conectados a una misma instalación- compartir toda la electricidad autogenerada, evitando los excedentes y maximizando el ahorro en la factura final, al no aplicar peajes.

Ardian, uno de los principales fondos de infraestructuras, acaba de lanzar su primera plataforma de renovables en España para consolidar su crecimiento en este segmento. La institución de inversión francesa ha constituido AGR-AM con la que pretende integrar la gestión de todas las inversiones que realice en los segmentos vinculados a la transición energética tanto en la Península Ibérica como en Latinoamérica.

La sostenibilidad lleva mucho tiempo en la agenda de empresas, reguladores e inversores. Hasta ahora ha habido avances importantes, pero aún queda mucho trabajo que hacer, y es una responsabilidad de todos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico premiará a las comunidades autónomas que hayan agotado los fondos del plan Moves II en la línea relativa a la compra de vehículos eléctricos, con una dotación adicional de 20 millones de euros a repartir entre estos territorios.

El sesgo verde de la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus que exige la Comisión Europea, del que presume el Gobierno y que se ha anticipado en bolsa -Solaria sube un 220% desde el suelo del crash de marzo, Siemens Gamesa un 160%, Grenergy un 285% o Soltec un 135%- es poco más que propaganda según el estudio que ha realizado Finance Watch sobre el plan de España para la absorción de los 72.000 millones de euros que recibirá del fondo de reconstrucción de la Unión Europea (UE).

Joan Groizard, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado que el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo plan para la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de puntos de recarga dotado de "al menos" 400 millones de euros, "con la posibilidad de duplicar esa partida si hay el suficiente apetito" para aprovechar los fondos.